VALÈNCIA (EFE/Mercedes Salas). El Gobierno español aprobará en marzo el primer proyecto de una amplia reforma de la Ley de Pesca, que pone en alerta al sector, por las oportunidades que abre y por los recelos ante el impacto de los cambios en la planificación empresarial.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ultima el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible, que verá la luz los próximos días, y con que el que inicia una revisión de una normativa aprobada hace 20 años, que protagonizará la legislatura y que afectará al acceso a los caladeros, sanciones o protección del mar.
El sector español de la pesca está compuesto por 8.884 barcos, genera 1.802 millones de euros y cerca de 32.000 empleos, según datos del MAPA correspondientes a 2019.
La ley ya fue revisada en 2014 por el Gobierno del Partido Popular; aunque aquella modificación fue "menor" en comparación con la que se avecina, según el sector supuso un importante avance para blindar las penalizaciones a la pesca ilegal, prestigiar a España en ese terreno y promover actuaciones contra operadores ilícitos.
Para la patronal de armadores Cepesca, la reforma en ciernes genera incógnitas sobre el acceso a las cuotas o la seguridad jurídica empresarial, mientras que las cofradías ven oportunidades para impulsar una regulación flexible y más adaptada al pescador, pero también piden prudencia.
Por su parte, la organización ambientalista WWF opina que la ley debe dar solución a la actual “crisis de biodiversidad” de los mares.
El MAPA desveló los propósitos de la revisión legal en la consulta pública sobre el anteproyecto de ley, en un documento muy general con conceptos vinculados a los objetivos de la ONU y la sostenibilidad.
Entre ellos destacan una racionalización normativa, el refuerzo de la seguridad jurídica y de la planificación empresarial o una nueva ordenación de los caladeros, “dando relevancia a las nuevas tecnologías”.
También incluye la regulación de la pesca de recreo y el impulso a la cooperación científica.
El Gobierno también prevé ajustar el sistema de sanciones, aunque esa parte de la reforma saldrá a la luz más adelante, ya que la presentación de los proyectos se va a hacer al menos en tres tramos.
El Ejecutivo actualizará los criterios de reparto y traspaso de cuotas y, en este punto, el secretario general de Cepesca, Javier Garat, reconoce a Efe, que los armadores están inquietos, porque “necesitan seguridad jurídica y a día de hoy, las cuotas en los distintos caladeros son el principal activo de las empresas”.
“Una empresa pesquera vale más por sus cuotas que por sus barcos; un buque sin cupos no sirve para nada y cualquier cambio debe hacerse con especial cuidado”, recalca.
“Esperemos que no introduzcan nuevos requisitos que dañen la planificación empresarial”, según Garat, quien también ha pedido que la reforma sirva para eliminar “toda burocracia innecesaria” para los pescadores.
Por otro lado, los armadores han echado en falta, en los textos difundidos hasta ahora, aspectos sociales para “facilitar el relevo generacional”, responder a la necesidad de trabajadores titulados en el sector y a la homologación de títulos con los de otros países.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero, resalta a Efe que la flota está muy expectante y que es necesaria una normativa “menos rígida”; apunta que si hay algún cambio en la gestión de cuotas “debe mirarse con lupa”.
El responsable de pesquerías de WWF en España, Raúl García, defiende en declaraciones a Efe, una mayor importancia a la flota artesanal y a las medidas de conservación, para las que “pescadores, científicos y ONG deben trabajar juntos” y contar con medios más modernos.
Opina que es importante incrementar la inversión científica y en el propio sector, pero aún más “emplear bien los recursos financieros”.
La ONG defiende una vuelta a los planes plurianuales, muy populares hace unos años en la gestión de la pesca, pero ahora más aparcados.
WWF también aboga por avanzar en la “cogestión”, es decir un modelo en el que ONG, flota y científicos influyen más en las decisiones pesqueras, como ocurre en varios caladeros de Cataluña.
