VALÈNCIA. El juez encargado del conocido como caso Alquería procesó este miércoles al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos del PSPV y Compromís por las posibles contrataciones ilegales en Divalterra. Una causa que provocó ceses y dimisiones de varios de los implicados. Sin embargo, dos años y medio después, cinco de ellos siguen ejerciendo funciones en diferentes administraciones u ostentan cargos de representación.
Es el caso, por ejemplo, de Jorge Rodríguez, que dimitió como presidente de la Diputación tras ser detenido por la mencionada investigación y más tarde se dio de baja de militancia del PSPV. Poco después, Rodríguez fundó el partido La Vall Ens Uneix para presentarse a las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 y con él arrasó en su municipio, lo que le permitió volver a tomar la vara de mando en Ontinyent. Junto a él, su ex jefe de gabinete en la Diputación, Ricard Gallego, es ahora su jefe de gabinete en el Ayuntamiento de la capital de la comarca de la Vall d'Albaida.
Asimismo, Salvador Femenía es alcalde de l'Alquería de Comtessa, donde ostenta la vara de mando desde hace más de 20 años. De hecho, fue propuesto por el PSPV de la Safor para ocupar el cargo de diputado provincial en esta legislatura, la dirección provincial del partido no avaló su continuidad en aplicación del código ético. La Diputación de València, además, le recuperó como asesor del Área de Economía, Hacienda e Innovación el pasado mes de agosto.
El cuarto procesado que seguiría desempeñando funciones de carácter público sería Jorge Cuerda, ya que es funcionario. Actualmente es secretario en el Ayuntamiento de Finestrat. Agustina Brines es la quinta y última procesada que a día de hoy todavía tiene relación con las administraciones públicas. En concreto, Brines preside procesos de selección de personal en el Centro de Empleo Estudios y Formación (Cemef), empresa pública del Ayuntamiento de Burjassot.
Por lo que respecta al resto, se encuentran o bien en empresas privadas, en paro o jubilados. En definitiva, apartados de la política. Algunos, eso sí, desde hace escasos meses y a la fuerza, como Miguel Ángel Ferri, que hasta noviembre del año pasado se mantuvo como director gerente de Egevasa. Llevaba en el cargo desde 2017 hasta que la Junta General de la entidad aprobó su cese.
También José Ramón Tíller, según el organigrama de la empresa de la Diputación de Valencia, estuvo hasta hace pocos meses al frente del área de Expansión y Comunicación. En concreto, en abril del año pasado todavía se encontraba desempeñando estas funciones, pero actualmente está jubilado.
Por su parte, Víctor Jiménez, ex alcalde de Rocafort, ha dado el salto a la empresa privada y actualmente es el responsable en la Comunitat Valenciana de una empresa relacionada con el medioambiente. De la misma manera, Manuel Reguart trabaja también en el sector privado.
El resto de implicados que dimitieron del cargo que ocupaban tras estallar el caso y tampoco ostentan actualmente ningún cargo público: Pau Pérez es profesor asociado en la UPV de Gandia en materias de turismo; Xavier Simó ejerce de corredor de seguros; Soledad Torija es profesora en un instituto; José Luis Melero fue número dos de la lista de Compromís en Silla en los pasados comicios municipales pero no obtuvo representación; Raúl Ibáñez, como Melero, fue en las listas de Compromís en Sueca en los pasados comicios municipales sin obtener representación; y Manuel Carot, que actualmente se encuentra en paro.