VALÈNCIA. Los elevados precios encuentran una de sus causas en la falta de oferta de viviendas en alquiler, lo que dificulta presionar a la baja el mercado. Ante esta situación, una de las medidas que quiere implementar el Ayuntamiento de València mediante la concejalía de Vivienda que dirige la edil Isa Lozano es un programa que facilite alquileres asequibles de viviendas privadas a cambio de seguridad jurídica y una ayuda para reformar el inmueble. El programa, que ya fue anunciado el año pasado por la propia concejala, no se ha puesto todavía en marcha, pues se está trabajando en la redacción de la fórmula más conveniente.
Y aquí, la pretensión de la concejalía a largo plazo es también atraer al sector de los pisos turísticos, con el propósito de aumentar la oferta de un alquiler asequible. "Quizá esta crisis hace que propietarios que están practicando el alquiler vacacional de sus viviendas quieran sumarse a un alquiler residencial", explica la concejala, quien señala que no siempre es más rentable un piso turístico que una vivienda de alquiler residencial.
"Dentro de este programa de reforma y alquiler, queremos ver cómo podrían entrar los apartamentos turísticos", relata Lozano. La idea es encontrar la fórmula legal para que éstos también puedan acogerse al plan de la concejalía. Y es que, en un principio, sólo pueden entrar viviendas que hayan estado vacías durante al menos un año. Esta medida, introducida para evitar que propietarios echen a sus inquilinos poco antes de recibir la ayuda para la reforma, dificulta el acceso a viviendas de uso turístico, que acostumbran a tener reservas habitualmente y casi nunca sólo de año en año.
"Se podría hacer la excepción con los apartamentos turísticos que quisieran entrar", recalca la concejala, para que no tengan que cumplir con ese requisito acreditando que son una vivienda turística, con el propósito de poder hacer "esa reconversión de una parte del sector hacia el alquiler residencial".
Concretamente, en este programa, el Ayuntamiento hace de "intermediario" entre la propiedad de la vivienda y los arrendatarios, con el fin de que los propietarios "pierdan esa desconfianza que existe a veces", explica Lozano. Según el último barómetro municipal, que versaba sobre cuestiones de vivienda, uno de los principales motivos que ahuyenta a los propietarios de inmuebles de sacarlos al alquiler residencial es "la inseguridad" sobre cuestiones como la posibilidad de impagos, la incertidumbre sobre la relación con el inquilino y otro tipo de cortapisas similares.
Así, el consistorio elige a las familias y da garantías a los propietarios, por ejemplo, con el pago de un seguro y otro tipo de incentivos. Y además, para atraerlos al programa, ofrece a cambio una ayuda de hasta 20.000 euros para la reforma previa de la vivienda. Esto también pretende luchar contra la dificultad de muchos propietarios de alquilar un piso por carecer de dinero para rehabilitarlo antes. Y por su parte, el Ayuntamiento, además, fijaría un precio asequible al alquiler, permitiendo un acceso más sencillo a familias con menos recursos.
Y aquí es quizá donde Lozano ve más difícil poder atraer a los pisos turísticos, dadas las tarifas tan elevadas que suelen fijar para el mercado turístico. Si se produjera este trasvase, para Lozano sería "una buena noticia porque habrá más oferta" y con un alquiler a precios asequibles.