València permite el cierre de dos piscinas municipales medio año sin multar a la empresa

VALÈNCIA. El pasado mes de marzo, la empresa Supera decidió cerrar múltiples piscinas a lo largo y ancho de toda España por los costes energéticos. Entre ellas, las zonas de agua de los centros municipales de Ayora y Abastos, donde opera como concesionaria del Ayuntamiento de València. En varios municipios, el consistorio amenazó con sancionar a la firma y negoció la reapertura a las pocas semanas. En el caso de València, se abrirán pasado medio año -verano mediante-, pero la administración municipal no multará a la firma.

Así lo explicó este martes el concejal de Deprotes y presidente de la Fundación Deportiva Municipal de València, Javier Mateo, al anunciar que los dos centros clausurados hace seis meses volverán a ponerse en funcionamiento en septiembre tras algunas obras de reacondicionamiento por la inactividad. Mateo explicó que la empresa retomará el servicio con las mismas condiciones pero que el Ayuntamiento no impondrá ninguna sanción por la decisión unilateral de la empresa de dejar de prestarlo en marzo, como sí amenazaron otras ciudades.

Por tanto, es un caso muy diferente a otros como León, Burgos, Oviedo o Estepona, cuyos centros gestionados por la misma compañía también fueron víctimas del cierre repentino, pero que reabrieron apenas mes y medio después. Concretamente, ocho de las doce instalaciones afectadas volvieron a ponerse en funcionamiento a principios de mayo; sólo hubo cuatro que no se reabrieron: una en Pontevedra -cuyo cierre está judicializado-, una en Almería y las dos de València.

En el caso de León, por ejemplo, poco después del anuncio de la clausura, el Ayuntamiento abrió un expediente de responsabilidad a la empresa por el cierre sin preaviso y por incumplimiento de contrato. Fuentes consistoriales explicaron a Valencia Plaza que el expediente no se ha ejecutado finalmente tras la reapertura temprana de la infraestructura.

En Burgos, el consistorio fue un paso más allá y no sólo anunció la apertura de un expediente sino que cuantificó la sanción en 3.000 euros por día de cierre, y que en total sumarían unos 120.000 euros aproximadamente. La propia portavoz del gobierno local explicó que esta "penalidad" se imponía como "herramienta que te facilita la ley para poder apremiar a la empresa a que abra las instalaciones". Por lo que finalmente, con la reapertura en mayo, la sangre tampoco llegó al río.

Así, diferentes municipios vieron cómo la compañía reabría los centros apenas seis semanas después de cerrarlos. Y en esos casos la empresa sostenía la reapertura explicando que los precios energéticos habían "experimentado una considerable relajación". "A pesar de que los costes energéticos se mantienen muy por encima de lo habitual, valorando el esfuerzo de nuestros clientes y toda su comprensión, hemos decidido absorber esos sobrecostes, ahora algo más asumibles", aseguraba la empresa en mayo para los ocho centros.

Una "relajación" en los costes que, sin embargo, en mayo no fueron asumidos en los centros de Ayora y Abastos en València, donde las instalaciones de agua se han mantenido cerradas hasta el momento, con el consiguiente perjuicio a los usuarios. Reabrirán el mes de septiembre, ya superada la época estival, tras negociar con la concejalía de Deportes, que entonces dirigía Pilar Bernabé, que ahora gestiona su sucesor, Javier Mateo, y que no va a imponer ninguna sanción a la concesionaria. Según dijo el propio Mateo, la prioridad era mantener el trabajo de los 50 empleados de los centros