València reduce a un tercio los barrios afectados por el veto a bloques turísticos

VALÈNCIA. La concejalía de Vivienda que dirige Isa Lozano anunció hace unas semanas que estaba estudiando "suavizar" el veto de dos años para la instalación de bloques exclusivos de pisos turísticos en la ciudad de València. Y, finalmente, así ha sido: de los 37 barrios en los inicialmente que se barajaba implantar la restricción, la cifra se ha reducido en su última propuesta hasta los 11. Todo ello con el objetivo, tal y como explicó en su momento la edil, de evitar que la iniciativa acabase en los tribunales. 

La idea de Vivienda pasaba en un principio por aprobar una moratoria de dos años en la que no se concederían nuevas licencias para cambiar edificios enteros de uso residencial a uso turístico. Una prohibición que según las previsiones iniciales afectaría a 37 barrios de la ciudad. Así, lo que se pretendía con este veto era dar al consistorio un margen temporal lo suficientemente amplio como para consolidar definitivamente la restricción a través de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un procedimiento mucho más largo para el que bajo su consideración no se podía esperar. De ahí el acto cautelar. 

Pero, aunque la medida se ha mantenido intacta en fondo, sí que ha tenido que cambiar en el alcance. Y es que, el departamento de Lozano se encontró con algunos obstáculos jurídicos y legales para poner en marcha la moratoria de la manera en la que la había planteado, tal y como publicó Valencia Plaza. Concretamente, la concejalía de Urbanismo que dirige Sandra Gómez y los servicios jurídicos del Ayuntamiento advirtieron de que no se podía implantar una restricción de este calado de una forma tan generalizada, teniendo en cuenta que abarcaba casi toda la ciudad. 

Así, instaron a 'hilar más fino', de manera que quedase perfectamente justificado el porqué de la moratoria a este tipo de negocios en algunas zonas de València. De este modo, Vivienda puso en marcha un informe para saber dónde era realmente necesario poner coto a la implantación de los bloques exclusivos a apartamentos de estancias cortas. 

Y, finalmente, el documento ha determinado que las zonas que requieren mayor atención son aquellas a las que están emigrando los pisos turísticos a raíz de los planes de especial protección que se han implantado o que se están fraguando en algunos de los barrios más concurridos a nivel turístico de la ciudad: Ciutat Vella y, próximamente, el Cabanyal, como publicó Levante-EMV.

Así pues, tras el análisis detallado, el departamento de Lozano ha reducido los 37 barrios afectados inicialmente a tan solo 11 barrios distribuidos en cuatro distritos. Por un lado, este veto afectaría a dos distritos enteros: l'Eixample, que contempla los barrios de Ruzafa, el Pla del Remei y la Gran Vía. Y, por el otro, Extramurs, que está compuesto por El Botànic, La Roqueta, La Petxina y Arrancapins. 

Por lo que respecta a distritos que se verán afectados parcialmente, se hallan otros dos: la Saïdia, con los barrios de Morvedre, y parte del de Marxalenes, Tormos y Sant Antoni; y Poblats Marítims, zona en la que la medida tan solo comprendería la zona del Grau y afectaría también a una pequeña porción del distrito colindante Camins al Grau. Una reducción bastante notable si se compara con la propuesta inicial que presentó la concejalía de Vivienda hace meses, la cual expandía los espacios protegidos por la moratoria a otros muchos barrios como por ejemplo algunas zonas de Mestalla, Albors o Ayora, y que incluso llegaba a tocar Rascanya, Benimaclet o Benicalap, así como Patraix o l'Olivereta, entre otros. 

Entran los hoteles y pensiones

Concretamente, lo que contempla el veto es la prohibición de conceder licencias de obras y actividad a todos aquellos que tengan la intención de convertir un edificio entero de viviendas a uso terciario. Y aquí entra, precisamente, otra de las principales novedades con respecto al planteamiento inicial de la medida: esta no solo afectará a los bloques exclusivos de pisos turísticos, sino a todos los negocios de explotación hotelera. Esto incluye hoteles, hostales, pensiones e incluso residencias de estudiantes. Además de, por supuesto, apartamentos. 

Ahora bien, la medida tan solo abarca a aquellos edificios que ya estaban construidos y que en otro momento se habían dedicado a viviendas particulares. Por el contrario, los bloques de nueva planta, es decir, de nueva construcción, se quedan fuera del alcance del veto. 

Asimismo, la moratoria temporal de dos años en determinados barrios de la ciudad se unirá a la normativa que ya ha aprobado el Ayuntamiento de València, especialmente en todo lo que tiene que ver con pisos turísticos, el punto más candente del debate. Y es que, cabe recordar que, por el momento, su uso en la ciudad está restringido a edificios completos o, en el caso de edificaciones de uso mixto, a las plantas bajas o primer piso. 

De este modo, el objetivo del veto es frenar uno de los principales nichos de negocio que encuentran este tipo de estancias temporales, la de los edificios completos, con especial atención a aquellos barrios en los que la oferta amenaza con "expulsar" a los vecinos de la zona o encarecer los precios de los alquileres permanentes. 

Por el momento, la propuesta de Vivienda, que sale del estudio pormenorizado de la concejalía, cristaliza en una moción que deberá trabajarse nuevamente con la concejalía de Urbanismo. De este modo, será el área de Sandra Gómez quien tendrá que dar el visto bueno para proceder a la paralización de la concesión de licencias durante dos años. O, por el contrario, presentar nuevas modificaciones a la iniciativa, que previsiblemente deberá pasar por el pleno municipal para su aprobación. 

En trámite desde marzo

La intención de paralizar las licencias a los bloques completos de estancias cortas comenzó su andadura en marzo de este mismo año, cuando Isa Lozano anunció que llevaría la medida al pleno de ese mes para su aprobación. Sin embargo, finalmente, la moratoria se retrasó con la intención de llegar a un acuerdo con la concejalía de Urbanismo. Acto que en un principio tendría que haber estado listo para mayo, pero que finalmente se retrasó durante unos cuantos meses más por las reticencias jurídicas. 

Así, Vivienda lanzó el estudio para comprender mejor las necesidades habitacionales y turísticas de los barrios de la ciudad, lo que finalmente ha llevado a la drástica reducción de zonas afectadas por el veto a los bloques turísticos. Con todo, y después de varios meses, la propuesta final ya está lista y tan solo falta la visión de Urbanismo al respecto. Por lo que, si todo va bien, la normativa podría ser aprobada en breve. 

¿Efecto llamada?

Se trata esta de una necesidad especialmente acuciante, teniendo en cuenta que, hoy por hoy, las empresas pueden seguir pidiendo licencias en los barrios afectados por la moratoria, al no haber ninguna normativa que lo restrinja. De hecho, una de las principales preocupaciones al respecto de las asociaciones vecinales era que el anuncio de poner en marcha el veto pudiera servir como una especie de "efecto llamada" para los promotores, quienes podrían acelerar el proceso de petición de licencias para asegurarse de que llegasen al Ayuntamiento antes de que las bloquearan. Extremo que ha llegado a suceder en diversas ocasiones.

De hecho, el consistorio ha recibido a lo largo de los últimos meses hasta una quincena de solicitudes de licencia para bloques de pisos turísticos en los barrios que supuestamente estarían cubiertos por la nueva normativa. Uno de los más recientes ha sido, por ejemplo, en el barrio de Ruzafa. Licencias que el consistorio tendrá que tramitar al no existir una ley que lo prohíba.

Aun así, desde el gobierno local rechazan que exista este efecto llamada. Sin ir más lejos, Lucía Beamud, concejala del área de Actividades que se encarga de la tramitación de una buena parte de las licencias, señaló en una entrevista de este diario que ya "han pasado varios meses" desde el anuncio de Lozano y "por ahora no se ha notado que haya tenido ningún impacto en ese sentido".