VALÈNCIA. La estrategia de Vox en València no se circunscribe a la acción política sino que ha irrumpido en el mundo judicial para denunciar a rivales políticos cuyas decisiones están en las antípodas de su ideario. El partido que en València lidera José María Llanos ha presentado una querella y ha pedido la personación como acusación popular en otras dos. Según explica el vicesecretario jurídico de Vox, José Gosálbez Payá, se han personado en "aquellas causas que afectan a la defensa de los principios básicos de la formación".
En estos momentos, tres son los asuntos en los que están como parte. El primero, en el que son querellantes, es el relacionado con la política lingüística del tripartito. La querella se presentó al amparo de la Ley 4/2018 que prevé que todos los centros escolares públicos deben incluir dentro de sus proyectos lingüísticos de centro un mínimo de un 25 por ciento de la enseñanza en lengua castellana.
"Hemos detectado diversos centros, sobre todo de educación infantil, donde el cien por cien de la enseñanza se realiza en valenciano", afirma Gosálbez. Asegura que también han detectado algunos en los que las asignaturas troncales como matemáticas, ciencias naturales o sociales no se enseñan en castellano cuando, al menos una debería darse en dicha lengua y, según el letrado "no existe una justificación legal para ello. Pensamos que desde la Conselleria de Educación hablarán de planes experimentales, pero aún así hay que respetar el porcentaje mínimo en castellano".
Las otras dos causas judiciales en las que Vox ha entrado son, por un lado, la que investiga si hubo o no delito en el cartel en el que aparecían besándose dos vírgenes y, por otro, en la que creen que pudo haber un delito de odio por parte del alcalde de València Joan Ribó al autorizar pintar un muro sobre la condena a los abertzales de Alsasua.
La primera ya hizo correr ríos de tinta en su momento, ya que es la que investiga si pudo haberse cometido un delito contra los sentimientos religiosos en el cartel que Endavant (Organització Socialista d'Alliberament Nacional) presentó para la celebración del Día del Orgullo LGTB en València en 2016 en el que se podía ver a la Geperudeta besando a la Moreneta. La polémica por aquel cartel fue de tal magnitud que incluso el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, organizó una misa de desagravio.
Esta causa lleva en el juzgado desde el año 2016 y se espera que en breve el magistrado del Juzgado de Instrucción número 15 de València se pronuncie al respecto de si, finalmente, decide procesar o por el contrario archivar la investigación.
La segunda de las querellas en las que se ha personado la formación de derechas como acusación popular es la presentada contra el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, por autorizar que el artista Elías Taño realizara un mural el que criticaba la sentencia de Alsasua en una de las paredes de Jesuitas, de propiedad municipal.
Sobre este tema, y preguntado por el hecho de si podría ampararse un posible archivo en la libertad de expresión, Gosálbez responde que "siempre existe ese conflicto, el conflicto entre la libertad de expresión y lo que choca contra ella. Deberá ser el juez el que decida".
El abogado también afirma que se denuncia a Ribó por "el uso de un espacio público", pero que "no se descarta que las imputaciones afecten a otras personas una vez avance la instrucción". Entre esas personas podría estar el propio autor del mural.
