La esposa del exministro de Aznar era socia de Promedia Producción SL, la firma a la que el partido encargó la instalación eléctrica y el montaje de gradas para 7.000 personas
VALENCIA. No todas las empresas contratadas por el PP para la celebración de su XVI Congreso Nacional en Valencia han tenido la misma suerte a la hora de cobrar sus trabajos. La compañía Promedia Producción SL, vinculada al exministro castellonense Juan Costa, recibió del partido cerca de un millón de euros por la instalación eléctrica y otros servicios asociados a la celebración del cónclave en junio de 2008, el mismo por el que Feria Valencia, que cedió 137.000 metros cuadrados de superficie durante dieciocho días, le reclama más de 578.000 euros.
Así consta en la demanda que Feria Valencia ha interpuesto contra el PP para reclamar esa cantidad tras haber fracasado los intentos previos por saldar la deuda sin necesidad de recurrir a los juzgados. En el escrito, los abogados del recinto detallan que mantuvieron una "intensa interlocución" con esta firma a la que se le encargó la instalación eléctrica y audiovisual y el montaje de estructuras temporales, entre otras varias gradas para acoger a 7.000 personas. Según señalan, el organizador sí cobró sus trabajos, algo de lo que Feria Valencia dice no tener "constancia documental" pero que tratará de probar "en el momento procesal oportuno".
En el momento en el que el PP contrató a Promedia Producción uno de sus principales accionistas, con un 32% del capital, era Elena Sánchez Álvarez. Por entonces, Sánchez Álvarez era esposa de Juan Costa, de quien se separó dos años después de la celebración del congreso. Durante la etapa en la que Orange Market era la empresa favorita del partido para organizar este tipo de actos de gran formato, los populares dejaron en manos de esta microempresa con domicilio social en Majadahonda el montaje de este macroevento.
Según se deduce del proyecto visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, que figura en la documentación adjuntada a la demanda, se trató de un montaje muy complejo en el que se utilizaron varias pantallas de led de más de nueve metros, decenas de focos para la iluminación de gradas y escenario, focos robotizados o máquinas de humo. Por todo ello, la firma habría cobrado al partido cerca de un millón de euros, según fuentes que implicadas en el montaje.
Según los últimos datos depositados en el registro, la firma, cuya denominación social actual es Rivas Promedia SL, facturó apenas 31.400 euros en 2013 y sus pérdidas ese año superaron los 22.000 euros. Actualmente tiene diecisiete trabajadores y su único accionista es Ángel Muñoz.
Por su parte, Elena Sánchez acumula hasta diecisiete cargos en órganos de administración de distintas sociedades. Entre ellas están Sigmados Análisis e Investigación SL, firma que se dedica a elaborar encuestas y estudios de mercado en la que Sánchez figura como presidenta, y de la sociedad Free Handicap SL, donde aparece como gerente y presidenta. Esta última firma fue investigada por el cobro de una de la comisión de 750.000 euros por actuar como intermediaria para la celebración del festival Summercase en Boadilla del Monte, uno de los municipios en el epicentro del 'caso Gürtel'.
Gerardo Camps y Juan Costa (EFE)Según relata Feria Valencia en su demanda, los servicios que le contrató el partido fueron el alquiler de más de 137.000 metros cuadrados repartidos entre plenario, salas de prensa, salas de ponencias, Salas VIP, despachos, sala de informática o despacho del presidente, entre otros muchos espacios. La distribución fue decidida por los organizadores de común acuerdo con el comité organizador, de manera que el papel de la Feria se limitó a la cesión del espacio, que permaneció ocupado durante dieciocho días.
Adicionalmente, Feria Valencia se encargó de los servicios de seguridad y limpieza, arcos de seguridad, asistencia médica o el alquiler de las pantallas, servicios "propios y habituales" de los congresos que alberga el recinto. El recinto valenciano argumenta que resulta "indubitado" que el congreso se celebró y que Feria Valencia no prestó sus servicios de forma gratuita.
El "debate", según relata en su demanda, se centraría en la existencia de contrato y la previa existencia de presupuesto. En este sentido, sostiene que la existencia de un contrato verbal es "evidente y difícilmente cuestionable". "El presupuesto fue aceptado verbalmente y hubo un consentimiento tácito clarísimo", prosigue el demandante.
Según Feria Valencia, "el motivo por el que parece que no se pagó es la discrepancia entre el PP nacional y el PP valenciano sobre quien debía pagar los gastos", algo "irrelevante" porque el PP sólo tiene una licencia fiscal para operar. A esta conclusión se llega a la vista de un correo electrónico enviando a Feria Valencia por el PPCV en septiembre de 2008 -dos meses después de celebrarse el congreso- en el que informaba de que pasasen el presupuesto al PP de Valencia.
En el momento en el que se acordó la ocupación de Feria Valencia para la celebración de este congreso, que sirvió para fortalecer el liderazgo de un Mariano Rajoy muy cuestionado, la máxima autoridad en el patronato del recinto era la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Aunque en los últimos años el anterior presidente ejecutivo de la Feria, Alberto Catalá, realizó algunas gestiones encaminadas a cobrar la deuda, ha sido a raíz de la llegada de José Vicente González al recinto cuando se han dado pasos firmes para cobrar la factura.
Mientras, diferentes cargos del PP continúan posicionándose sobre este incómodo asunto que ha estallado justo unos días antes de la visita de Rajoy a Valencia prevista para presentar el programa electoral de los populares este sábado.
Este lunes, el presidente del Partido Popular de la provincia de Valencia,Vicente Betoret, señaló que quien debe hacerse cargo de la factura con la Feria es la dirección nacional del partido. Según señaló, el partido pagará "una vez que se aclaren todos los conceptos", como los 150.000 euros por luz que les reclaman, porque "esto no es un dogma de fe".
