VALÈNCIA. La falta de personal se ha convertido en uno de los principales problemas del Ayuntamiento de València. Las carencias son tan acuciantes que el consistorio padece un atasco en los trámites burocráticos en las áreas más sensibles de la economía local, como pueden ser Actividades o Urbanismo. Los parones en algunos casos superan el año.
Las jubilaciones, los recortes y la temida tasa de reposición, adherida a la Ley Montoro, se ha traducido en la imposibilidad de renovar la plantilla. Y ahora menos trabajadores tienen más faena, con el incremento de peticiones de licencias de obras que se dio en 2016; una acumulación de expedientes que está colapsando a la Casa Gran. Así lo reconocen desde el consistorio, donde se admite que la situación es “especialmente preocupante”.
Dentro de las soluciones propuestas desde el Govern de la Nau, la última junta de Gobierno aprobó una moción que en principio debe contribuir a agilizar los trámites burocráticos, y que le permitirá sortear la Ley Montoro sin tener que contratar a más personal.
El Ayuntamiento ha encargado al Servicio de Licencias Urbanísticas de Obras de Edificación que inicie un proceso de selección encaminado a encontrar una gestoría que, como empresa colaboradora, ayude a acortar considerablemente los tiempos de espera. Para ello, este departamento de la Concejalía de Urbanismo encargará a esta empresa externa los servicios de emisión de informes previos de validación de proyectos, así como la recopilación de documentación técnica.
En detalle, desde la Concejalía explicaron que habían detectado que uno de los mayores atascos de papeleo se producía en la primera fase de presentación de documentación. El primer informe técnico municipal es desfavorable en un alto porcentaje, explicaron. Esto se debe a que la ausencia de cualquier documento, en ocasiones puro trámite, impide poner en marcha las obras. Los subsiguientes plazos para comunicar las deficiencias al constructor o promotor y que éstas sean subsanadas hacen que los periodos de tramitación de los expedientes se dilaten aún más.
Este retraso en principio sólo podría resolverse mediante la incorporación de más trabajadores. Sin embargo en Urbanismo creen que podrá solucionarse a corto y medio plazo incorporando al sector privado en estas tareas de asistencia técnica.
La empresa externa o entidad que resulte seleccionada actuará bajo las directrices técnicas que marque el Ayuntamiento a través de sus servicios municipales y será la encargada de certificar que esté toda la documentación que se precisa, de tal manera que el promotor o constructor tenga garantizado que su proyecto no será tumbado a las primeras de cambio.
Acudir a esta empresa será una opción voluntaria. Además no tendrá coste para el erario, ya que será el promotor de la actuación el que, en caso de optar por acudir a ella, abone la contraprestación económica que fije el pliego aprobado por el Ayuntamiento.
La entidad colaboradora externa seleccionada resultará adjudicataria de un contrato de servicios. En este caso el objeto del contrato será la emisión del informe previo de validación del correspondiente proyecto o documentación técnica, y su función analizar la integridad documental del mismo y, sobre todo, el cumplimiento tanto de la normativa urbanística como de la normativa técnica en materia de edificación.
Quedarán excluidas materias como la valoración patrimonial del proyecto en todas aquellas cuestiones relativas al patrimonio histórico-artístico que sean competencia de la Comisión Municipal de Patrimonio o de la Conselleria, así como la expedición del certificado de líneas o cuestiones relativas a la gestión urbanística de la correspondiente actuación aislada (como la cesión y urbanización del ámbito vial de servicio).
Con esta solución el Ayuntamiento de València no se eximirá de su función de control de la legalidad, ni tampoco de la tramitación del correspondiente expediente para la concesión o denegación. Dicho de una manera metafórica: los sellos seguirán estando en despachos municipales. Simplemente, se le da una posibilidad más al promotor para que su proyecto no se vea atrapado en los laberintos de la burocracia.
La medida, recordaron desde Urbanismo, no es nueva y ya se aplicó en el pasado. En concreto, el Ayuntamiento en su día mantuvo un convenio similar con el Colegio de Arquitectos de València. Ahora, explicaron, se va a hacer lo mismo, pero en lugar de adjudicarlo a una entidad directamente se podrán presentar también empresas, además del propio colegio.