VALENCIA. La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (CEICE) presentó un par de hitos muy claros a cumplir en el primer semestre de 2016: la nueva Ley del IVAM y la esperada Ley de Mecenazgo. La primera era una reclamación impulsada especialmente por el director del centro museístico, José Miguel G. Cortés, en sintonía con el conseller Vicent Marzà y el resto del Consejo Rector del ente para dotar al mismo de mayor independencia administrativa y ejecutiva; la segunda, una norma que sirva de herramienta para lograr ese "objetivo estratégico" que ambicionaba "construir una cultura que sea motor industrial de recuperación e innovación económica".
Pues bien, ni alcanzó estos objetivos en esos primeros seis meses del pasado curso ni lo ha hecho antes de que finalizara. Si bien por un lado la Ley del IVAM llegó a estar en manos de los servicios jurídicos de la Generalitat y con la participación de algunas consellerias en marcha para dar su visto bueno al texto normativo (que sí estaba cerrado entonces), este segundo semestre no ha servido para que llegue a Les Corts y sea aprobada la norma. Pero suerte corre todavía la Ley de Mecenazgo, para la que la Conselleria quería -y quiere- crear una suerte de workshop con agentes culturales y empresas -de un fin de semana de duración, se apunta des de la CEICE, que nunca llega.
La Conselleria de Marzà acumula un buen número de retrasos en sus metas volantes hasta el cumplimiento de sus tres objetivos legislativos: construir una cultura que sea motor industrial de recuperación e innovación económica; poner la cultura al servicio de la democratización y el conocimiento y que dé satisfacción independientemente de dónde viva la gente o de su capacidad económica; y reconstruir un imaginario colectivo que refuerce la autoestima como pueblo". Un problema de fechas que ha podido tener a lo largo del pasado año algunos rasgos sintomáticos con la llegada algo tardía de los nuevos directores de CulturArts y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, con la presentación del proyecto macro FesCultura (prometido para el primer trimestre; presentado el último día de éste) o el nombramiento del nuevo responsable de Cinema Jove la última semana del año (cuando la decisión de relevar a Rafa Maluenda, avanzada por este diario, se había tomado por los responsables públicos en algún momento entre julio y agosto).
La distorsión de los retos autoevaluables
El incumplimiento de los plazos autoimpuestos contrasta con la voluntad económica de la CEICE y el Consell. Cultura ha dado un acelerón a su presupuesto, en la línea de lo que necesita aumentar si ha de acabar por cumplir con el objetivo de que el 1% del gasto del Consell en 2019-2020 sea del 1%. Precisamente, fue el propio Marzà el que insistió en la presentación de FesCultura en la 'virtud' de que todo el plan -desarrollado hace ahora un año por EconCult, de la Universitat de València- "es autoevaluable". En ese sentido, el Consell está cumpliendo con cierto ritmo con la llegada de sus planes: la importante subvención a las sociedades musicales, el presupuesto duplicado de ayudas a las artes escénicas, las de producción musical y festivales o las ayudas al audiovisual, entre otras.
Entonces, ¿está siendo relevante el incumplimiento de estos plazos autoimpuestos en los dos seminarios del Consell (Morella, el pasado invierno; Torrevieja, el último verano)? Desde luego, sorprende que los retos del primer trimestre, si se establecían como tal, no hayan llegado en 12 meses. Desde la Conselleria, en distintas ocasiones, se ha aludido a problemas de tiempos administrativos y legales en el caso de la Ley del IVAM; de agenda y otro tipo de adversidades en la propuesta del citado workshop en el caso de la Ley de Mecenazgo. Con todo, no llegan y están oficialmente "en ejecución".
El agotamiento de un objetivo no fijado y no logrado: la RPT de CulturArts
Sin embargo, es mucho más preocupante que a estas alturas no se haya logrado alguno de los objetivos más cotidianos que verdaderamente lastran los recursos humanos de la CEICE: nos referimos a la consecución definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo. La RPT que no acometió el anterior Gobierno desde la creación de CulturArts se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Conselleria, según ha podido pulsar este diario en distintas ocasiones. Y no se resuelve: la complejidad de uniformizar bajo criterios de rango cualificativo y remuneración a la totalmente dispar plantilla del holding creado por la exconsellera María José Català sigue sin encontrar una fecha de salida.
No menos cierto es que, en el sentido más operativo y pese a que las ayudas y el presupuesto mejorado -muy lejos todavía del anhelado 1%-, la Ley de Mecenazgo no sabemos hasta dónde podría incentivar una participación de la empresa privada en una región especialmente distanciada de la relación con la cultura. Si la situación de las industrias culturales es crítica en lo económico -y agitada en lo creativo, quizá por ello-, no parece un asunto menor que desde la Autonomía se formalice una herramienta para que empresarios y agentes culturales encuentren un vínculo nutriente tan posible como la Conselleria de Hacienda o la de Economía y Modelo Económico sugieran.
Tres cuartas partes de lo mismo podríamos pensar en el caso de la Ley del IVAM. En ejecución, sí, y redactada en el primer semestre de 2016, pero todavía sin fecha para llegar a Corts y con sus gestores a la espera de la citada independencia. Una no llegada que se suma a un annus horribilis para el centro en lo que se refiere a promesas incumplidas (la no llegada de la ley, el tijeretazo de Montoro y el fallo del Ministerio de Cultura). Movimientos que cabe entender más lentos de lo esperado por la Conselleria, dado que se autoimponen pero se incumplen pese a la demostración económica de un movimiento de mejora.
Bajando al detalle del proyecto legislativo FesCultura todavía se podrían encontrar planes por activar, pero no siempre ese movimiento inicial como para dar por activado un reto significa que se haya cumplido con el objetivo. Por ejemplo, se ha iniciado la activación del Plan de Internacionalización con la Directora General de Cultura y Patrimonio al frente. Sin embargo, apenas ha supuesto por el momento un par de alianzas y tiene incluso su oportunidad de generar una imbricación con las industrias culturales a internacionalizar en el mencionado workshop.
Una de cal y una de arena con los compromisos de Torrevieja
Uno de esos planes que podríamos entender que se ha empezado a cumplir y que figuró como reto en el seminario veraniego de Torrevieja es el Plan valenciano para la democratización cultural. La idea de "abrir la cultura a todo tipo de públicos y garantizar el derecho de acceso a la cultura" se ha encontrado con la innovadora idea del bono cultural: los usuarios podrán desgravarse el 21% de la cultura hasta 150 euros al año a partir de este 1 de enero 2017. Eso sí, pasados los primeros siete días del ejercicio desgravable, se desconoce cuál es la lista de salas de cine, teatros, festivales de música, salas de conciertos y demás 'estadios finales' de la cultura que se han sumado administrativamente a participar en el bono. Se espera por otro lado que sea una suma importante, ya que les beneficia directamente en el acceso al consumo, con el caso paradigma -por citar uno- de comprarse el abono del Festival Internacional de Benicàssim y desgravarse casi su totalidad.
Esa sería 'la de cal', mientras que 'la de arena' (por aquello de cumplir con los retos autoimpuestos en el plazo autoimpuesto) es la creación de la Mesa de la Cultura Valenciana. Si parece obvio pensar que sería interesante tener un instrumento para mejorar la financiación de las industrias culturales como puede ser una Ley de Mecenazgo propia, no menos relevante puede ser que exista un órgano profesional y asesor "que contribuya a la planificación e implementación de las políticas culturales de la Generalitat". La llegada de esa "MECUV", descrita así en el documento de Torrevieja el pasado verano, "se constituirá antes de finales de año". Lo cierto es que no se ha fijado una fecha para la consecución de ese consejo de sabios que, una vez claros sus objetivos será especialmente interesante comprender si su "aportación a las normativas y bases nuevas que elaborará la Administración de la Generalitat" en materia cultural no tienen una incompatibilidad -o duplicidad- de caracteres con el Consell Valencià de Cultura.
