La Abogacía de la Generalitat Valenciana retira la acusación a una trabajadora de Ciegsa

VALÈNCIA (EP) La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha acusado al ex secretario autonómico de Educación y ex consejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla de contratar a 'zombies' en la empresa pública --que se ocupaba de la construcción de centros educativos-- y de "mandarles a un lugar donde no podían ser controlados" --en referencia al alquiler de una sede en Hernán Cortés de València donde no había actividad--.

Así lo ha manifestado este lunes el abogado de la Generalitat, que ejerce de acusación particular en las piezas B y F del caso Imelsa, en relación con la contratación de 'zombies' en Ciegsa. Esta parte ha recordado que tres de los acusados en Ciegsa han reconocido que no han trabajado en la empresa pública "pese a los intentos de la defensa de Caturla por demostrar que sí lo hicieron", ha dicho.

Máximo Caturla, ha añadido, "venía realizando 'de facto' la labor de dirección de Ciegsa desde 2003, cuando era secretario autonómico de Cultura, y luego se le nombró consejero delegado para darle vestidura formal de poder".

En su cargo, ha expuesto la Abogacía, proponía puestos de trabajo, funciones y gestiones necesarias para encontrar a las personas. Así, ha insistido en que Caturla "o bien proponía o bien aprobaba la contratación de las personas en Ciegsa". "Hay prueba más que suficiente de que era él quien creaba los puestos, los elegía y debía controlar si trabajaban o no", ha dicho.

En este sentido, ha agregado que "no es casualidad" que Caturla arrendase una sede en Hernán Cortés de València y "enviara allí a las personas de alta dirección que no trabajaban, a un lugar donde no podían ser controladas". "Allí no se producía ningún trabajo", ha repetido. "Estos trabajadores --'zombies'-- fueron colocados por determinados intereses ajenos a Ciegsa y se usó a la empresa pública para pagarles y tener contento al partido", ha resumido.

Por otro lado, esta parte ha explicado los motivos por los que ha retirado la acusación contra Clara Sáez, periodista que trabajaba en la Conselleria de Cultura aunque estaba contratada por Ciegsa. "Al final trabajó para la Administración pública y su trabajo redundaba en beneficio de la Administración, aunque le pagara Ciegsa. No hay un desvío propiamente dicho de caudales públicos ni un elemento de culpabilidad, ya que fue contratada bien por la matriz, conselleria, bien por la empresa pública Ciegsa, dependiente de conselleria. No le vemos cooperadora necesaria del delito de malversación", ha afirmado.

Por otro lado, en relación con la nulidad del caso planteada por las defensas al ver ilegales las grabaciones que originaron el procedimiento, la Abogacía ha lamentado que se haya intentado "armar un jaleo" sin fundamento. "No hay ilicitud en la obtención de la fuente de prueba ni se puede hablar de falta de integridad de la fuente", ha subrayado. No ve vulneración del derecho a la intimidad del exgerente de Imelsa Marcos Benavent porque "utiliza de manera continua las grabaciones ante Guardia Civil y Fiscalía y nunca dice nada".