Anticorrupción mantiene la petición de 12 años de cárcel para Rus por los zombis de Imelsa y Ciegsa

VALÈNCIA. La Fiscalía ha presentado este viernes sus conclusiones en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por los zombies en Imelsa y Ciegsa dentro del conocido como caso Taula –empleados de ambas empresas públicas que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto–. Anticorrupción mantiene su petición de 12 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. Pero ha elevado la solicitud de pena para el que fuera gerente de Imelsa, Marcos Benavent, al eliminar la circunstancia atenuante de arrepentimiento. Así, la petición pasa de 9 años y medio de prisión a 12, al igual que Rus. 

El autobautizado como 'yonki del dinero' fue inicialmente colaborador de la justicia en la macrocausa de Taula, pero tras un cambio de abogado en 2021 modificó su estrategia de defensa. Desde entonces, ha sostenido que manipuló las grabaciones que dieron origen al caso, tratando de anularlas. Algo que, paradójicamente, le ha acercado de nuevo a Rus en el juicio que se celebra. 

Para el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla y para el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, la Fiscalía reclama la misma pena de 12 años. Al igual que al expresidente de la Diputación de Valencia, por los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

Por su parte, para el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, Anticorrupción mantiene idéntica solicitud: seis años de prisión. Sin embargo, le modifica la autoría del delito de falsedad particular por el de falsedad de documento público.

A lo largo de estas sesiones, 25 personas se sientan en el banquillo. Inicialmente eran 26, pero la Audiencia de Valencia decidió juzgar a un acusado de forma separada después de que pidiera un cambio de abogado. Un total de once extrabajadores de Imelsa y Ciegsa han alcanzado una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y reconocieron los hechos de los que se les acusan.