Rafa Rubio, en su etapa de diputado en Les Corts. Foto: EFEVALÈNCIA. La Fiscalía solicita 12 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; para el que fuera su jefe de Gabinete, Emilio Llopis; y para el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla en las piezas sobre los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa dentro del conocido como caso Taula. Para el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado provincial Rafael Rubio pide 6 años de cárcel.
Sobre el que fuera gerente de Imelsa, Marcos Benavent, Anticorrupción aprecia arrepentimiento y reclama para él una condena de 9 años y 6 meses de prisión. Mientras, para su presunto testaferro, José Estarlich, solicita 4 años y medio. Misma pena que para el empresario del sector de la comunicación José Adolfo Vedri, que según el fiscal se benefició de la trama porque Imelsa pagó los sueldos de dos de sus empleados, pero que "ha reparado el daño causado".
La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra las 26 personas acusadas que figuran en esta parte de la investigación y que se refiere a empleados que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto en estas dos empresas públicas.
Anticorrupción atribuye a los presuntos cabecillas de la trama de Taula –Rus, Caturla, Benavent y Llopis– los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. A Rubio –subdelegado del Gobierno en Valencia hasta la semana pasada por su supuesta implicación en otro caso, Azud–, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.
Para la Fiscalía, "uno de los objetivos marcados en dicha organización –supuestamente corrupta– era contentar políticamente determinadas voluntades, realizando para ello, entre otras cosas, contrataciones ficticias de personal, las cuales no respondían a un interés público, sino a los intereses de dicha organización, de tal forma que, bien por favores políticos, bien por su propio interés, se pagan retribuciones desde Ciegsa a personas que no realizaban ninguna función".
