Antifraude detecta un exceso de contratos menores adjudicados al sobrino del alcalde de Alginet

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado un uso "abusivo" de contratación menor en el Ayuntamiento de Alginet. Tal y como informa, el sobrino del alcalde ha sido el proveedor encargado de realizar servicios y aportar suministros de forma "repetida y recurrente", llegando a ingresar casi 125.000 euros en los últimos tres años.

En concreto, según apunta el informe, en 2020 se efectuaron 28 pagos por un importe de 30.762,06 euros, mientras que en 2021 la cifra ascendió hasta los 92 pagos por 67.845,50 euros y en 2022 se hicieron 29 pagos por 26.294,12 euros, alcanzando un total de 124.901,68 euros mediante 149 contratos menores. Cabe recordar que estos son los que tienen un valor inferior a 15.000 euros, cuando se trate de suministro o de servicios; o a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. 

En 2021, año en el que el proveedor recibió más ingresos, los conceptos más frecuentes fueron el suministro de productos de limpieza, productos relacionados con la prevención de la salud y productos y servicios relacionados con la señalética de vías públicas. De esta manera, es la misma persona quien proporciona material de papelería, material de protección ante la covid, señales o espejos y quien realiza servicios como la ejecución de obras, la pintura en las vías públicas o el mantenimiento.

Facturas divididas

En cada uno de los casos, se elaboraron diferentes facturas con misma finalidad que individualmente no llegaban a superar los 1.500 euros o los 5.000, pero que en su conjunto suponían grandes inversiones. Así pues, la investigación concluye que el fraccionamiento ha permitido evadir los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación correspondientes.

Asimismo, el informe expone que no consta documentado cómo se ha calculado el valor estimado de los contratos, que exceden los umbrales establecidos y responden a necesidades de carácter periódico, recurrente y previsible; pese a que "los contratos menores se deben limitar a la atención de necesidades puntuales y esporádicas". También afirma que se han vulnerado los principios de publicidad y transparencia puesto que los encargos siempre van dirigidos a la misma persona. 

A su vez, se insiste en que, al ser el ayuntamiento el órgano de contratación, el alcalde —José Vicente Alemany, Socialistes d'Alginet (SdA)— debería haberse abstenido del procedimiento debido a la relación de tío y sobrino que mantiene con el proveedor, un hecho que condiciona el trámite administrativo.

Ante todas estas irregularidades, la Agencia Valenciana Antifraude ha sugerido una serie de recomendaciones al Ayuntamiento de Alginet que deberá cumplir en un plazo de tres meses. Entre ellas, insta al Consistorio a valorar la apertura de un expediente interno sobre la responsabilidad del alcalde al no apartarse del procedimiento de contratación ni del pago a su sobrino. También propone la modificación de las bases de ejecución del presupuesto, estableciendo un límite de 5.000 euros por propuesta, así como la creación de un plan anual de contratación detallado y la publicación de todos los contratos menores para garantizar la transparencia.

Anomalías en Chiva 

Alginet no ha sido el único consistorio que ha llevado a cabo, presuntamente, contratos menores irregulares. La Agencia también ha abierto una investigación en el Ayuntamiento de Chiva, dirigido por Emilio Morales (Compromís y Más Chiva), esta vez en la concejalía de Fiestas, a la que acusa de hacer un "uso abusivo, no justificado y no ajustado a la normativa de contratación pública de la contratación menor".

En su caso, la indagación va desde el año 2016 hasta el 2021, periodo en el que se efectuaron 168 contratos menores a empresas vinculadas "sin acreditar la planificación de la contratación recurrente y repetitiva de cada ejercicio". Al igual que en Alginet, se ha optado por un fraccionamiento indebido, que ha hecho posible evitar el procedimiento correcto.

Por ello, ha concedido un plazo de tres meses para valorar la apertura de un expediente interno para analizar la procedencia de exigencia de responsabilidad. Además, sugiere implementar instrucciones internas para evitar que se adjudiquen contratos menores a compañías en las que hayan presentado oferta otras empresas vinculadas y pide implantar un plan anual de contratación.