VALÈNCIA. La querella por delitos contra la intimidad personal, contra la intimidad informática, acceso ilícito a sistemas informáticos, descubrimiento y revelación de secretos de las personas y de empresa o dicho de forma más sencilla la querella, por espionaje, presentada por el dueño de la empresa Avialsa, una de las principales imputadas dentro de la conocida como trama del fuego, contra el colaborador de la Fiscalía Anticorrupción y exgerente de la empresa especializada en la extinción de incendios Fernando Alandí ha sido archivada de definitivamente por la Audiencia Provincial de Valencia.
A esta querella se sumó el exdelegado del Gobierno, y también investigado por su relación con la trama del fuego, Serafín Castellano.
Esta es la segunda querella que se archiva en términos parecidos ya que, en un principio se denunció en nombre de la propia empresa, pero tras el archivo se presentó una nueva, esta vez con el dueño de Avialsa Vicente Huerta como querellante y el exdelagado del Gobierno como persona que se adhería.
En la primera querella la empresa aseveraba que Aldandí se apoderó de todos los archivos y ficheros informáticos con la finalidad "de difundir los mismos de manera pausada, desde que finalizó su relación laboral con la querellante, en medios de comunicación y en Fiscalía".
El magistrado encargado del caso les contestó que: "la desestimación es procedente, el acusado no realiza la acción típica de divulgar a terceros secretos con incumplimiento del deber de sigilo al que está obligado, pues el recurrente cumplió con la obligación legal de denunciar unos hechos de los que tuvo conocimiento por su actividad profesional".
Y de forma muy clara les dice que: "lo que se pretende es intentar que prospere la querella, a los efectos de obtener una nulidad en cuanto a la documentación que fue aportada por Alandí ante la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia tributaria (AEAT), al no haber mediado consentimiento de Avialsa". Si el magistrado hubiera aceptado dichos términos, no solo hubiera prosperado la querella contra Alandí, sino que habría significado el archivo de toda la trama del fuego al declararse nulas las pruebas.
Al archivarse la primera querella en nombre de la empresa, Vicente Huerta presentó una segunda, pero esta vez poniéndose él mismo como querellante y, en lugar de decir que los archivos salieron del servidor de la empresa, Huerta afirma que fueron robados de su ordenador personal. El resultado ha sido el mismo que en el primer intento, un archivo de la querella.
Ante las exposiciones del querellante explica el magistrado que: "Alandí como gerente de la práctica totalidad de las empresas que forman parte del holding empresarial Avialsa, se le facilita una copia del servidor de la empresa. Amén de tratarse de unos documentos que no gozan de la protección que insta el querellante y por ello, aun cuando existan indicios racionales de criminalidad en cuanto a los delitos objeto de la presente querella, los mismos quedan diluidos y, por ende, inexistentes". Y apostilla que la finalidad fue "la de denunciar una serie de infracciones penales y, por ello, si no se hubiera aportado no se hubiera podido investigar.
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional investigan si la trama de empresas imputadas por el caso Avialsa pudo amañar los concursos antiincendios de casi toda España durante más de 20 años.
En la trama del fuego, los miembros de la trama se habrían repartido todos los concursos públicos de España, Italia y Portugal, pactando precios bajos para compartir más tarde el sobrante o dejando los concursos desiertos para prorrogar contratas. Según los investigadores, lo conseguían sobornando a multitud de cargos públicos a lo largo y ancho del territorio español, además de a funcionarios del Ministerio de Fomento. Entre dichos sobornos se encuentran, supuestamente, los regalos de vehículos, el pago de cacerías al exdelegado del Gobierno valenciano, Serafín Castellano, y otro sinfín de dádivas que aún hoy están bajo investigación.
Pero para no levantar sospechas, los ahora imputados habrían creado empresas satélite que bajo otras siglas, aunque con los mismos dueños, se habrían presentado a los diferentes concursos para la extinción de incendios en casi todas las provincias españolas.
En cuanto al dinero defraudado, ni los propios investigadores son capaces de determinar en qué cifras se movería la trama, ya que ésta se proyecta como una de las mayores jamás investigas, y además hay que contabilizar 15 años (los que marca la prescripción) de concursos públicos en, si no todas, casi todas las provincias españolas, además de en otros países como Italia y Portugal. Así, y teniendo en cuenta que este tipo de concursos son de los mejores dotados dentro de la administración pública, se podría superar los 500 millones de euros en concursos, aunque de ahí habría que determinar la parte defraudada.
