El Ayuntamiento propone a Penyaroja retirar los recursos para zanjar el conflicto de Tabacalera

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València que encabeza Joan Ribó busca zanjar todos los asuntos que tiene pendientes antes de que finalice el actual mandato. La semana pasada varios miembros del equipo de gobierno -Ribó, la vicealcaldesa Sandra Gómez y la edil de Actividades, Lucía Beamud- ya tuvieron ocasión de exhibir un principio de acuerdo con el Valencia CF por el que el club aceptaba las condiciones urbanísticas impuestas por el consistorio que permitirían avanzar en la construcción del Nou Mestalla. También aprobaron el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC). 

Ahora, esta semana, el Cap i Casal busca poner fin a otro conflicto que se ha alargado más de lo deseado: el de Tabacalera. El Ayuntamiento ha trasladado este lunes a los vecinos del barrio de Penyaroja y a la Generalitat Valenciana una propuesta de acuerdo para que todas las partes retiren los recursos de reposición que mantienen vivos en los tribunales. La intención es hallar un entendimiento que permita poner punto y final al lío urbanístico que tuvo origen con el anterior equipo de Gobierno de Rita Barberá. 

En concreto, se trata de dos recursos: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló a finales del pasado mes de diciembre la recalificación como suelo educativo y zonas verdes a residencial que el consistorio aprobó en Penyaroja. Un fallo que supuso un jarro de agua fría para el Cap i Casal y que, a pesar de dar la razón a los vecinos del citado barrio, estos decidieron recurrir para lograr la nulidad de todo el proceso, no solo lo que afectaba a dos pastillas de su distrito. 

Con esto, el consistorio decidió también presentar un recurso de reposición a esta sentencia para tener acceso a toda la documentación del proceso judicial, dado que es parte afectada. Sin embargo, fuentes municipales subrayaban que su intención principal era llegar a un acuerdo cuanto antes para poder cerrar este conflicto urbanístico. Los vecinos, mientras tanto, reconocían que habían interpuesto un recurso de forma "preventiva", pero se comprometían a retirarlo, junto a otro contencioso-administrativo que tienen en marcha, siempre que el Ayuntamiento rechazase proseguir con la batalla legal.

Ahora, el consistorio liderado por Joan Ribó ha trasladado un escrito tanto a los vecinos y a Abogacía de la Generalitat, para que las tres partes desistan y retiren los recursos de los tribunales y acepten la última sentencia del TSJ. Mediante la firma de este acuerdo, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, las tres partes se obligarían "a formalizar el desistimiento ante el propio Tribunal dentro del tercer día hábil posterior a la fecha de la firma" del citado convenio. Asimismo, también "manifiestan su voluntad de revocación de su propio desistimiento", lo que provocaría la "continuidad del procedimiento judicial en el estado en el que se encontraba". 

En caso de que se produzca el acuerdo, esto significaría que el Ayuntamiento debería pagar la deuda que mantiene con Igsa, la promotora: expropiarle el suelo en el que esta no edificó en Tabacalera y que los servicios municipales tasaron en 17,2 millones de euros, si bien esta cuantía todavía es provisional y se debería concretar más adelante cuando se iniciase el expediente de expropiación. El intercambio de suelo para compensar a la promotora, según el TSJ, no era una solución, por lo que el pago debería ser en metálico. 

La sentencia del Supremo

El origen de toda la controversia surge a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 que anuló el plan de Tabacalera. Doce años atrás, en 2005, el anterior gobierno municipal dirigido por Rita Barberà desprotegió parcialmente las naves de la Antigua Fábrica de Tabacos para intercambiar el suelo con una promotora -Igsa- y que esta construyera dos torres de viviendas. Pero el fallo anulatorio del tribunal llegó cuando la compañía ya había erigido una de las dos fincas.

En este contexto, tras lo dictaminado por el Supremo y ante la necesidad de compensar a la compañía por la edificabilidad que no había materializado, el nuevo equipo de gobierno, con el edil del PSPV Vicent Sarrià al frente de la concejalía de Urbanismo, decidió trasladar la edificabilidad no construida a dos pastillas del barrio de Penyaroja, que recalificó como suelo educativo y zonas verdes a residencial. Ya con Sandra Gómez al frente, la concejalía acabó aprobando la operación pese a la oposición vecinal del barrio, que llevaron la cuestión a los tribunales, como adelantó este diario.

Así, el pasado 30 de diciembre el TSJ el valenciano falló a favor de los vecinos de Penyaroja: el Ayuntamiento no podía trasladar allí la edificabilidad no materializada por Igsa porque dicha edificabilidad dejó de existir cuando se anuló el plan de Tabacalera en 2017. "La edificabilidad que se calificó en la Modificación anulada [...] ha quedado sin efecto, por lo que no cabe sumar edificabilidad en las dos parcelas" de Penyaroja, señalaba en su literalidad el auto judicial. Trasladar esta edificabilidad, decía, "sí es contrario" a la sentencia del Supremo, que "anula y deja sin efecto" el plan de Tabacalera.

En el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana defendían que la solución aprobada por la concejalía de Urbanismo, y ratificada por la administración autonómica, había incurrido en un simple "error terminológico" al aprobar una transferencia de edificabilidad cuando no se quería hacer estrictamente esto.

Pero, el TSJ era tajante en su dictamen: Urbanismo aprobó expresa y literalmente que se estaba "trasladando la edificabilidad a otro punto de la ciudad". Por lo que acaba dando la razón a los vecinos y anulaba esta operación. Mantenía vigente, sin embargo, otros cambios de planeamiento que afectaban fundamentalmente al edificio de la antigua Tabacalera.

24 millones para compensar a Igsa

El resultado de todo este embrollo urbanístico y judicial ya se preveía en los despachos del Ayuntamiento de València. De hecho, hace ya más de dos meses el equipo de gobierno aprobó la tramitación de 6,7 millones de euros para indemnizar a Igsa por esta edificabilidad que no pudo hacer realidad y que, según el TSJ, tampoco se puede trasladar a otro suelo para ejecutar la compensación.

Para abonar este dinero, el consistorio tuvo que echar mano del fondo de contingencia del presupuesto de 2022. Pero además de ello, el consistorio debe expropiar el suelo en cuestión, propiedad de la compañía. El interrogante que todavía tardará en resolverse entonces es la cuantía a la que ascenderá el pago por esa expropiación.

Los expedientes municipales valoran el suelo en 17,2 millones de euros. Sin embargo, según subrayan las mencionadas fuentes consultadas, "la cantidad se sabrá cuando se realice el proyecto de expropiación". Hasta ese momento, no se podrá cuantificar a cuánto ascenderá la factura total del 'pelotazo de Tabacalera' para las arcas municipales. Aunque teniendo en cuenta los datos que manejan las valoraciones del Ayuntamiento, en total supondrían unos 24 millones de euros.

Hay que recordar que el Ayuntamiento asumió el pago de esos 24 millones en total frente a los 50 que reclamaba la promotora. Según explicó Sandra Gómez en su momento, el consistorio no está dispuesto a asumir la totalidad de la "pretensión disparatada" de Igsa, que a su juicio estaría intentando "duplicar el pelotazo" al exigir el pago por el edificio de Tabacalera sin tener en cuenta en la ecuación el solar de Plaza América que adquirió la promotora.