Marcos Benavent, en una de sus comparecencias en Les Corts, acompañado de su hasta ahora abogado Ramiro Blasco. Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA. La historia reciente de las investigaciones sobre corrupción en la Comunitat Valenciana no se entiende sin uno de sus protagonistas más pintorescos: Marcos Benavent. Su reaparición en 2015 autodenominándose "yonki del dinero" y asegurando que iba a "salir mierda a punta pala" provocó que que se convirtiera en todo un personaje mediático cuyos pasos se han seguido desde entonces pese a que el tiempo transcurrido haya rebajado el suflé.
El exgerente de Imelsa participó, según él mismo confesó, de todo el entramado de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas que se indaga en el conocido como 'caso Taula', pero a su vez se convirtió en uno de los principales confidentes de los investigadores y, por tanto, en pieza clave. Ahora, casi seis años después del estallido de la operación y de las detenciones, ha cambiado de abogado. Una decisión que, aunque pueda llegar a ser habitual en los procedimientos judiciales, despierta un especial interés por tratarse de Benavent y porque siembra la duda sobre la estrategia que seguirá a partir de ahora.
El interrogante aparece con fuerza tras el primer escrito que ha presentado su nuevo abogado en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Y es el de la petición de declaración. Una solicitud que se produce con una sorprendente prisa pese a que ya se ha superado el lustro desde el inicio de la instrucción, lleva a pensar en ese volantazo estratégico y aumenta la inquietud entre los investigadores. Qué tiene intención de exponer al magistrado es una incógnita que habrá que esperar a resolver cuando se fije la cita.
Benavent ha dejado de tener como letrado a Ramiro Blasco y ha contratado los servicios de Juan Carlos Navarro. Se trata de un conocido penalista de Valencia que llevó la defensa, entre otros, de Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel, o del que fuera presidente de Les Corts Valencianes, el fallecido Juan Cotino. También de su sobrino, José Cotino, en el 'caso Erial'. Actualmente, se encarga de la de varias mujeres supervivientes a los encuentros sexuales con el presunto asesino de Marta Calvo o de la acusación en la causa que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.
El hecho de que recurra a un letrado de este perfil resulta llamativo puesto que Benavent, según su entorno, no trabaja, vivía hasta el momento de su familia y cualquier ingreso que obtenía –como el del alquiler de un piso en València que conserva en propiedad– iba a parar directamente al juzgado para comenzar a devolver parte del dinero sustraído.
Un cambio en la actitud colaborativa o una declaración que suponga modificar el testimonio mantenido durante los últimos años puede afectar de lleno a 'Taula', pese a que la investigación ha seguido su curso con la recopilación de más pruebas aparte de las aportadas por él. El caso cuenta con varias de sus piezas separadas camino del juicio oral, pero ha destacado por la excesiva dilación en la instrucción. Problema que está dando lugar a bastantes sobresaltos y al que ahora se añade uno nuevo, como es el de Benavent.
Su estallido se produjo en enero de 2016 con más de una veintena de cargos y excargos del PP detenidos, numerosos registros, cuentas bloqueadas y bienes embargados por una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación de Valencia y Generalitat). En términos generales, se trataba de la sospecha de una red trazada para la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales. Los delitos a los que se apuntaba entonces eran prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.
Con el paso de los meses, los hechos fueron concretándose en lo que se convirtió en la macrocausa de corrupción con más imputados en la Comunitat Valenciana (más de 100) y en la que el principal confidente era el 'yonki del dinero'. Dirigida por el juzgado de Instrucción número 18 de València en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la voluntad es que pegue un acelerón, pero el cálculo de plazos se ve constantemente alterado.
A lo largo de este año han aumentado a once las piezas separadas, de las cuales tres ya cuentan con la apertura de juicio oral para sus acusados. Entre ellos, Benavent, para quien la Fiscalía pide elevadas penas de prisión que se irán acumulando conforme se vayan cerrando partes de la causa.
El exgerente de Imelsa no es, sin embargo, sólo protagonista de 'Taula'. También de 'Erial' por una documentación clave. La investigación indaga en un presunto entramado liderado por el exministro Eduardo Zaplana consistente en supuestas mordidas desde la Generalitat realizadas a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Cantidades que, posteriormente, salieron fuera de España con el objetivo de acabar retornándolas.
En el sumario que trascendió en su momento, constaba como origen de las pesquisas una serie de documentos hallados por la Guardia Civil en el despacho del abogado de Benavent durante un registro en 2015 en el marco del 'caso Taula'. La sorpresa llegó cuando los papeles correspondían a otras operaciones totalmente diferentes que eran indiciariamente delictivas. Los agentes tomaron entonces declaración al exgerente de Imelsa, quien explicó, de acuerdo con el informe que elaboraron, que la documentación se la entregó sobre el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, "un miembro destacado de la mezquita de Valencia y muy conocido dentro de la comunidad árabe" que, además, presumía de tener vínculos con el CNI.
A continuación acudieron a hablar con él. Al inicio se resistió, indicaban, pero finalmente le contó a la Guardia Civil, según consta en el sumario, que, efectivamente, entregó unos papeles a Benavent que encontró diez años atrás (es decir, sobre 2007) en una vivienda en la que estuvo residiendo en régimen de alquiler. Los agentes averiguaron entonces que se trataba de la época "inmediatamente posterior a la transmisión de la vivienda realizada por Eduardo Zaplana y su mujer Rosa Barceló".
Esta rocambolesca historia nunca resultó creíble para el exministro y ha tratado de desmontarla. Su defensa pidió al juzgado que el exgerente de Imelsa volviera a comparecer ante el juzgado para preguntarle sobre del origen de los papeles. La magistrada lo rechazó.
Belhot insiste en que Zaplana le contrató para gestionar sus fondos en el extranjero
Asegura que hizo llegar más de 2,3 millones de euros en efectivo, a través de cambistas, a la secretaria personal del exministro en ocho años
