‘L’Illa’ del tesoro

VALÈNCIA.- A simple vista, parece una anécdota curiosa. Una familia lleva okupando el islote situado frente a Benidorm —conocido como isla de los Faisanes o de los Periodistas— desde tiempos de Franco y ha montado un chiringuito ilegal. En realidad, es la punta del iceberg de una trama con aires de mafia que mueve cerca de dos millones de euros al año y actúa con total impunidad, contando con la miopía —cuando no con la connivencia— de las autoridades locales, autonómicas y nacionales. Y, lo más grave, es el ejemplo de un modelo de corrupción que, con pequeñas diferencias, se está implantando en muchas de las principales localidades turísticas de la Comunitat Valenciana y contra el que no se está haciendo nada.

L’Illa, como llaman los benidormenses a esta isla de siete hectáreas y unos 400 metros de longitud, es la única imagen de la ciudad que puede rivalizar con los rascacielos como símbolo de la localidad. Cada día, durante la larga temporada de verano -que se prolonga casi nueve meses- es uno de los lugares más visitados. A los turistas, eso sí, hay que llevarlos. Por su alto valor ecológico, este Parque Natural de Serra Gelada -zona de máxima protección ambiental- también atrae a los buceadores. Además, ¿qué menos que quedarse a comer? Pues de todo eso saca dinero la familia Cervera, con el patriarca José y su hijo José Manuel a la cabeza. Un mal día pueden ingresar unos 12.000 euros.

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La ‘última isla pirata de Europa’, un apodo más adecuado que el nombre oficial, nace a finales de los 60, cuando el dedo del Régimen permitió al empresario local José Cervera hacerse con el control de la isla. Pero el problema no es culpa de Franco, del PP o PSPV, de la Generalitat o el Ayuntamiento, de la Policía Local o la Guardia Civil sino de todos, incluso de los empresarios del sector que llevan décadas mirando hacia otro lado, y de los funcionarios que no se han dado por aludidos. Unos han callado por miedo; otros, a saber a cambio de qué, pero hay que creer en Papá Noel para pensar que lo han hecho gratis. 

Amenazas de muerte

El problema de la ‘isla de los piratas’ empieza a principios de 2004, casi por casualidad, cuando el empresario David de Haro se da cuenta del potencial de la zona y se interesa por las concesiones para su explotación. Es fácil imaginarse al funcionario que le atendió mordiéndose la lengua para no reírse en su cara. Legalmente, una concesión del Estado no puede durar más de treinta años y los Cervera (amigos de los Barceló y los Zaplana) llevaban ya cincuenta años como dueños y señores de L’Illa y todo el negocio que la rodea. Si alguien habría querido que se cumpliera la ley ya lo hubiera hecho hace tiempo.

Al principio, De Haro no entiende nada y sigue preguntando, pero sólo recibe desplantes y malas caras. Pronto se va haciendo una idea de lo que estaba pasando y, a diferencia de otros que se asustaron y decidieron irse, él prefiere plantar cara, a riesgo de que se la partan. Con otros empresarios, como Jorge Juan Palacios, crean la asociación Costa Blanca Marine. La situación es tan enrevesada que llegan incluso a contratar a la agencia de detectives Distrito 46. Su director Juan de Dios Vargas realiza un informe de 390 páginas que saca a la luz un rosario de irregularidades que van mucho más allá de lo que imaginaban los más osados, pero que en otros ámbitos era un secreto a gritos.

«Esto es como Sicilia pero sin muertos», dice Juan de Dios. «Bueno», se corrige a sí mismo, «de momento». Entra en escena uno de los socios de correrías de Cervera, Carlos Serrano. El último éxito de este empresario fue este verano, cuando fue condenado por el Juzgado de Instrucción nº1 de Benidorm por el delito de coacciones a otro empresario al que le amenazó con «hacer uso de su fusil con mira telescópica nocturna». 

¿Fue lo de Carlos Serrano una simple fanfarronada? Quizá, pero cuando el que la dice es cazador y guarda en su casa once armas (escopetas, carabinas y rifles) mejor tomar precauciones. Igual, después de todo, no es para tanto. ¿Un calentón? Puede, pero que pudo ser grabado y acreditarlo ante el juez por si la cosa iba a mayores. En total, ésta es la cuarta de las denuncias por las que han sido condenados los miembros de la trama en los juzgados en los últimos años.

Pero hay más motivos para no estar tranquilos. Un día, uno de los trabajadores de Jorge Juan Palacios -presidente de Costa Blanca Marine- sube a su coche para recorrer, como todas las mañanas, el sinuoso camino que separa Finestrat de Benidorm. De repente los frenos fallan y, para evitar males mayores, da un volantazo, sale de la carretera y frena contra la cuneta. Afortunadamente está bien pero en el taller le advierten: le han cortado los latiguillos de los frenos, pero sólo un poco para que se vayan desgastando por el camino. Sin duda, un trabajo de profesionales.

Días más tarde tiene que acudir a declarar a un juicio. En el buzón encuentra un papel con varios números, son las fechas de nacimiento de su hija y la de la declaración. Al final, deja su trabajo y pide reingresar en la Policía Local -estaba en excedencia- para poder volver a ser agente de la autoridad.

«Todo es legal y esto está en manos de nuestros abogados, que son los que tienen la documentación», se defiende José Manuel Cervera, dueño del bar

Pero hay más. Hacerse miembro de Costa Blanca Marine es tener problemas. Llegan un día al puerto y hay un barco cruzado que les impide sacar el suyo a navegar. Llaman a las autoridades y ni caso. De repente, la Guardia Civil empieza por darles el alto en el mar casi a diario y a pedirles papeles a ellos y a los turistas que llevan de pasajeros. Multas por todo lo que se pueda y, a veces, les obligan a volver a puerto. Por suerte, consiguen que el acoso cese.

Si en condiciones normales y cumpliendo con la ley L’Illa es una máquina de hacer dinero, si se aplica el ‘modelo Cervera’ los datos son mareantes. Para empezar, controlan la afluencia de turistas a través de sus tres empresas. Barcos que salen cada media hora, de 10 h a 19 horas (aproximadamente), y con capacidad para 150 pasajeros (15 euros los adultos, 12 los niños). Un solo viaje puede reportar hasta 2.250 euros. Según el informe de Detectives 46 los ingresos oscilan entre los 360.000 euros un mes malo y los 900.000 de uno bueno.

En el reverso, por cierto, los tiques llevan publicidad de bares o discotecas locales, y sería extraño que no cobraran por incluirla. Pero eso no es todo. Al embarcar, los viajeros son fotografiados y al llegar a la isla pueden adquirir un plato con su imagen impresa en el fondo, como dicta la tradición kitch que ha hecho famosa a la ciudad: 15 euros más y sin factura.

Por supuesto, de toda esta actividad también se benefician los benidormenses. El precio del tique incluye una tasa por viajero. En concreto, según el informe de Detectives 46, Cervera abonó 1.900 euros por los 135.000 turistas que acudieron a L’Illa en todo 2016. No parece mucho dinero, y no lo es. La clave está en que declararon sólo el 30% de las visitas reales. ¿Cómo es posible que no haya ningún control sobre el volumen de pasajeros? Eso habría que preguntárselo al responsable, el celador del Puerto de Benidorm, Fernando Piris, que por su cargo se supone que tiene una explicación. Y si no, siempre le podrá preguntar a su hijo que —casualmente— trabaja de capitán de una de las embarcaciones de Cervera. Piris no pudo ser localizado para este artículo, así que tampoco aclaró si es cierto que a los Cervera no les cobra las tasas por el transporte de mercancías.

Verano del 57

L’Illa debería ser, como el mítico Perejil o las demás islas no habitadas de España, propiedad del estado español. Sin embargo, una pequeña triquiñuela legal del entonces alcalde de la localidad Pedro Zaragoza Orts -el que convirtió ese pequeño pueblo de pescadores en referencia del turismo internacional- casi consiguió que la titularidad se la quedara el Ayuntamiento. El plan comenzó en 1957 cuando el consistorio aprobó destinar 25.000 pesetas a construir una caseta y, en 1960, se envió a Vicente Navarro Torres a vivir allí de forma permanente. 

El plan fue un fracaso y, en 1961, se volvió a solicitar la titularidad aunque también sin éxito. Pero mientras, el guarda se dio cuenta de que había negocio y, según contaba su sobrino Agustín en un blog «para sacarse algún dinerillo, mi tío Vicente empezó a vender refrescos a los turistas (...). Luego en la casa puso el bar». Paralelamente, los pescadores de la zona vieron el negocio que suponía llevar a esos mismos turistas hacia la isla. Viendo el filón, José Cervera creó la primera de sus empresas para ofrecer ese servicio en 1962 y sin que nadie sepa el porqué —más allá de que el alcalde decidió premiar a su amigo— en 1968 se hizo con la exclusiva y el servicio de la explotación del restaurante. Allí vendía de todo, quién sabe si botellas de ron como cantaba el pirata John Silver.

Como apunta el autor del informe, Juan de Dios Vargas, «está hecho todo de forma tan descarada que es imposible pensar que ninguna autoridad local o autonómica se haya dado cuenta». No le falta razón. Sólo en el restaurante, dividido en tres zonas, de más a menos lujosa, hay sitio para unos trescientos comensales. ¿Lo saben en el Ayuntamiento? Resulta que hay una sociedad gastronómica, La taula del bon profit, que organiza allí sus encuentros. Por allí han pasado Manuel Vicent, Eliseu Climent, Raimon, Pere María Orts... y todo tipo de intelectuales. Por cierto, también los alcaldes de la localidad que ostentan la presidencia honorífica de la entidad.

Sin ánimo de molestar y guiada por la curiosidad, Plaza se puso en contacto con el actual alcalde de Benidorm, Antonio Pérez (PP), para intentar entender lo que pasa. Según explicó el político, el islote no es terreno municipal, el chiringuito ya estaba ahí cuando se creó el Parque Natural... No tiene constancia de ninguna irregularidad. «¿Ni siquiera por la prensa? Público le ha dedicado muchos artículos últimamente», se le pregunta. «Es que no leo ese periódico», y a otra cosa. Eso sí, estuvo más locuaz que Carlos Linares, actual alcalde de Teulada (PP) y exdirector del Parque Natural -el cargo lleva vacante más de un año-, que ni siquiera respondió.

El restaurante seguro que los alcaldes lo han visto -y disfrutado-, pero quizás no sepan que también hay dos generadores eléctricos para mantener el servicio, cuartos de baño no adaptados para minusválidos que toman agua ilegal del mar y luego la devuelven, especies no endémicas que han sido introducidas, boyas ilegales para amarrar los barcos y que arrasan la posidonia... 

Pero si hay algo de lo que no se pueda acusar a los Cervera es de hacer las cosas a medias: de todas las actividades económicas que se realizan en la ‘isla de los piratas’ hacen bueno este apelativo. El dinero que entra en la caja registradora del chiringuito es en negro ya que, oficialmente, ni siquiera existe. La cuenta que reciben los clientes lleva el NIF de José Cervera. Por supuesto, que nadie intente pagar con tarjeta. Sólo se puede si se llama al hotel Nadal y se dan los datos personales (PIN incluido) al operario que responde al teléfono. 

Sin embargo, hay que reconocer que no todo es malo. La actividad de los Cervera ha propiciado la aparición de una pequeña zona verde de un par de metros cuadrados, la única que ha conocido L’Illa en su larga existencia. Se formó gracias a un escape en la tubería que —de manera ilegal— vierte las aguas fecales de los miles de visitantes diarios al mar. Parece una metáfora. Así, no es de extrañar que la Fiscalía de Medio Ambiente haya tomado cartas en el asunto. Por cierto, en 2004, siendo ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, ya ordenó investigar lo que ocurría. Hasta ahora.

Durante la última semana de enero, los Cervera ya habían abierto las taquillas de sus empresas para continuar con el negocio, aunque cada vez lo van a tener más difícil gracias a la labor de Costa Blanca Marine. José Cervera Jr. aseguró a Plaza antes de colgar el teléfono que «todo es legal y el caso está en manos de nuestros abogados, que son los que tienen la documentación». Las investigaciones de la Fiscalía avanzan, pero no tan rápido como para impedir que los polémicos empresarios hayan tenido tiempo para hacer desaparecer las pruebas que hayan podido. Aun así, hay una investigación en marcha —algo impensable hace no tanto—, una condena y otras que podrían llegar, todas por amenazas y coacciones.

Pero los miembros de Costa Blanca Marine ya no están solos. A destacar la labor de Ecologistas en Acción que se ha sumado a la causa y no ha cesado de denunciar el daño al parque natural que, siempre presuntamente, han causado los Cervera y compañía El pasado 17 de enero, el director general de Medio Natural, Antoni Marzo Pastor, comunicaba a Costa Blanca Marine que tomaba nota de sus denuncias, enviaba una copia de su dossier a Presidencia de la Generalitat y que había dado instrucciones para que un agente medioambiental comprobase la veracidad de los hechos. A eso se suma la pregunta parlamentaria que presentó a la mesa de Les Corts el 3 de febrero Graciela Ferrer (Compromis) sobre las licencias de los Cervera o las más de 1.600 firmas que en Change.org piden Liberemos la isla de Benidorm de su ocupación ilegal. ¿Le ha llegado la hora a la ‘isla de los piratas’?

* Este artículo se publicó originalmente en el número 28 de la revista Plaza (febrero 2017)