Foto: Christophe Licoppe/ECVALÈNCIA (EP). La Comisión Europea está "analizando" la reforma del Código Penal en España para evaluar si los cambios que afectan al delito de malversación no se alejan de las reglas de la Unión Europea, en especial en lo que a la protección de los fondos europeos se refiere, según ha informado este miércoles el comisario de Justicia, Didier Reynders.
"La reforma introduce cambios en distintos delitos, incluido el de malversación. La Comisión está actualmente analizando estas nuevas disposiciones para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación de la UE, en especial en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE", ha detallado Reynders durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de derecho en España.
No obstante, respecto a la derogación de la sedición, el político comunitario ha advertido de que España es "libre" de introducir cualquier cambio al respecto porque se trata de una "competencia exclusiva" de los Estados miembro, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales.
Reynders además se ha referido al acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional para considerar que los cuatro nuevos nombramientos son "importantes" en tanto que estaban pendientes desde el pasado junio y porque el buen funcionamiento de los órganos constitucionales es un "elemento esencial del Estado de derecho".
El comisario ha dicho que el Ejecutivo comunitario está al tanto de que el Constitucional suspendió la votación en el Senado de la propuesta para modificar el sistema de designación de los miembros del Tribunal y ha añadido que, en todo caso, Bruselas seguirá atenta a toda evolución en materia de Estado de derecho para incluir su análisis en el informe anual que publicará a mitad de año.
El debate en el pleno del Parlamento Europeo se produce después de que el Partido Popular Europeo forzara su inclusión en el orden del día de esta sesión plenaria, como debate de actualidad cuyo asunto correspondía por turno fijar a los 'populares', ya que en las sesiones de noviembre y diciembre la Eurocámara rechazó en votación incluir una discusión sobre España en su agenda.
El responsable europeo de Justicia ha aprovechado su intervención para insistir en la urgencia con la que el Ejecutivo comunitario observa el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para el que pide que se proceda a su renovación "con carácter de urgencia" e, "inmediatamente después", se inicie el proceso de reforma del sistema de elección de sus vocales para adaptarlo a los estándares europeos.
"Seguimos llamando a todas las partes implicadas a tomar las acciones necesarias para la implementación exitosa de esta recomendación", ha remachado Reynders, en referencia a las conclusiones recogidas en la última edición del informe sobre el Estado de derecho en España publicado en julio del pasado año.
En este contexto ha lamentado que el Gobierno y oposición aparcaran las negociaciones para resolver esta crisis el pasado otoño y ha subrayado que los estándares europeos abogan por que la elección de los vocales recaiga en sus pares, por lo que "ni el Parlamento ni el Ejecutivo deben estar implicados en ninguna fase" del proceso de selección.
El informe apuntó entonces otras cuestiones de preocupación para la Comisión que Reynders ha repasado de nuevo en esta ocasión, como por ejemplo el que los mandatos del Fiscal General y del Gobierno coincidan en sus plazos y la recomendación de Bruselas de que el estatuto del fiscal sea "reforzado" para evitar esa coincidencia.
El comisario ha apuntado asimismo el lastre en la lucha contra la corrupción que supone que las investigaciones y procesos contra la corrupción "de alto nivel" siguen siendo "complejas y largas".
También recogió mejoras en el sistema judicial español aunque lamentaba que los plazos de los procesos siguen siendo un problema que requiere mejoras en la eficiencia organizativa, procesal y digital del sistema.
A lo largo de la poco más de una hora que ha durado el debate celebrado en Estrasburgo (Francia) han intervenido una treintena de eurodiputados de todo signo, al menos la mitad de ellos españoles, con posiciones que siguen la línea marcada por sus respectivas familias políticas en España.
Así, desde el Partido Popular Europeo (PPE) se ha atacado al Gobierno de Pedro Sánchez por una política que consideran una "degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental".
La jefa del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha denunciado así "un Gobierno que ha entregado el Código Penal a los condenados por atentar contra la Constitución, modificándolo a la carta para así. Lograr que sus delitos desaparezcan", mientras que el 'popular' portugués Paulo Rangel ha lamentado que un país que fue "ejemplo" en su transición hacia la democracia preocupe ahora en materia de independencia judicial.
En nombre de los Socialistas y Demócratas (S&D), el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar ha acusado al PP de "secuestrar" los órganos constitucionales con bloqueando su renovación para "perpetuar" así la mayoría que perdió en las elecciones. "En la idea europea de democracia (*) es más importante saber perder reconociendo los resultados", ha continuado el socialista.
El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, por su parte, ha tomado la palabra en nombre de los Liberales europeos para criticar los "abusos del Estado de derecho" que a su juicio comete el Gobierno, mientras que su colega Maite Pagazaurtundúa ha denunciado un "carrusel de reformas para otorgar impunidad total o parcial a los autores de graves delitos".
Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha afirmado que España es ahora un "espacio de impunidad en donde el delincuente recibe recompensa y la víctima humillación".
En nombre de Los Verdes europeos, Ernest Urtasun (En Comú-Podem), ha criticado la "deslealtad" del PP con su país y defendido el "buen trabajo" del Gobierno de coalición en la Unión Europea, al tiempo que ha responsabilizado al PP de boicot porque "cuando no ganan las elecciones deciden que el funcionamiento institucional normal y la aplicación de la Constitución no vale".
La eurodiputada de Unidas Podemos y vicepresidenta de la Izquierda europea, Sira Rego, a su vez, ha enumerado casos de corrupción de los últimos años que señalaron al PP y acusado a esta formación de situarse "fuera de la Constitución bloqueando la renovación" del CGPJ.
