según estimaciones del Colegio de Censores Jurados de Cuentas
Casi 200 entidades públicas de ayuntamientos valencianos deberán auditar sus cuentas de 2019
10/02/2020 -
VALÈNCIA (EFE) Cerca de 200 entidades públicas de la Comunitat Valenciana dependientes de ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tendrán que auditar sus cuentas de 2019, según estimaciones del Colegio de Censores Jurados de Cuentas.
El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a impulsar el control interno y la supervisión de las cuentas de sus entidades.
La normativa, aprobada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y que se ejecutará en 2020, supone un mayor control financiero de los entes dependientes de los ayuntamientos con el objetivo de mejorar la gestión del sector público local en sus aspectos económicos, patrimoniales, presupuestarios y contables; lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las entidades locales.
El órgano interventor de la Entidad Local realizará durante 2020 la auditoría de las cuentas anuales relativas al pasado ejercicio de los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público, los fondos y consorcios y las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público de cada municipio.
Desde el Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana valoran esta nueva ley como "muy positiva", ya que "dotará de mayor transparencia a todas estas entidades y mejorará la confianza en el sector público".
El presidente del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana, Rafael Nava, ha explicado que "la auditoría no solo satisface la creciente demanda social de transparencia y responsabilidad corporativa, sino que aporta confianza y credibilidad a las entidades financieras, atrae capital extranjero y facilita la concesión de créditos".
Según Nava, este Real Decreto contempla la posibilidad de "establecer mecanismos de colaboración o contratación orientadas a garantizar el control efectivo tanto económico como presupuestario, reforzando el papel de la función interventora en las entidades locales".