Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El pasado 27 de junio la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) detenía al entonces presidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez. Junto a él, también fueron detenidos Ricard Gallego, jefe de gabinete del presidente de la Diputación; Manolo Reguart y Jorge Cuerda, entre otros. La acusación era la de malversación de caudales públicos de cerca de dos millones de euros.
Este martes, víspera de la presentación de la candidatura electoral del PSPV en Ontinyent en la que Jorge Rodríguez iba a ser cabeza de lista, se levantaba el secreto del sumario en el que, según los investigadores, los imputados habían creado diez puestos de alta dirección en la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) para colocar presuntamente a personas afines a los dos partidos que controlaban el ente provincial, el PSPV y Compromís. El dinero malversado del erario ascendía a dos millones de euros a juicio policial.
Dos años y medio antes, en enero de 2016, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había entrado para desmantelar el ‘chiringuito’ presuntamente montado por otro expresidente, el popular Alfonso Rus, que fue detenido y está imputado en diversas piezas, entre ellas una relacionada con los llamados 'zombies', personal afín que eran contratadas por Imelsa y no trabajaban en la empresa, sino para los partidos.
Lejos de acabar con esa práctica, a la vista del relato del fiscal Anticorrupción y la Policía, los nuevos gestores llegados al poder en julio de 2015 crearon otro ‘chiringuito’ para colocar a amiguetes, en este caso del PSPV y de Compromís. Eso sí, después del escándalo por el estallido del caso Taula rebautizaron la empresa con el nombre de Divalterra.
El sumario del caso Alquería hecho público este martes evidencia, según los informes de la UDEF, que el clientelismo no acabó con la salida del PP de la Diputación. Pero lo más sangrante de todo es que los ahora acusados, pese a saber perfectamente que en Imelsa sobraba gente, no solo no hicieron nada, sino que crearon más puestos, y encima de alta dirección con sueldos de 90.000 euros anuales.
Para crear su ‘chiringuito’, según la acusación, se saltaron toda la normativa, amenazaron a los técnicos discordantes y escribieron informes ad hoc que dieran apariencia de legalidad a lo que estaban haciendo.
Un informe sobre Imelsa fechado en el año 2015 y que fue encontrado en el registro domiciliario en casa del entonces secretario de presidencia de la Diputación de València, Manuel Reguart, ya advertía de que "la plantilla de personal está sobredimensionada, y parte del personal ingresó sin publicidad ni concurrencia. Hay aproximadamente 25 personas sin contenido en el puesto de trabajo o que se desconoce el mismo". Tras ese informe, en lugar de tomar medidas para reducir la plantilla, los ahora imputados decidieron crear plazas de alta dirección.
De hecho, otro informe intervenido explica que se podrían crear nuevas sociedades que "se clasificarían, lo que nos permitiría además de otras cosas determinar el número de miembros de los consejos de administración y el número de contratos de alta dirección en cada una de ellas". La finalidad era controlar Imelsa saltándose la gerencia heredada y, de paso, colocar a sus afines.
En un cuaderno manuscrito, Reguart anotó que "en Imelsa están tomando decisiones que solo puede tomar el consejo". Para poder controlar eso, proponía que el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, "nombre a un consejero delegado", que es quien tendría la obligación de supervisar al equipo de gerencia. Y añadía que otra de las investigadas, Agustina Brines, de Compromís, "puede tener los mismos poderes, pero no llamarse cogerente sin cambiar los estatutos".
Incluso se incautaron anotaciones personales poniendo en duda la legalidad, y diciendo que se lo habían dicho a Jorge Cuerda, cuyo papel según la UDEF es "relevante" a partir de las indicaciones respecto al procedimiento de regularización y contratación de los directivos a través de la creación de las direcciones y posteriores nombramientos, incluyendo las facultades a delegar a cada uno de ellos.
Incluso había un informe de 2015, que decía que se habían creado esos diez puestos sin que "se haya observado un incremento de actividad en la sociedad, ni existiesen asignaciones presupuestarias para algunas de las áreas de nueva creación, teniendo que cargar temporalmente la sociedad los costes a servicios centrales".
Pero los presuntos chanchullos de este grupo fueron más allá de los puestos de alta dirección. La UDEF explica que Manuel Reguart le envió las cláusulas para la contratación de una abogada para el caso Taula, pero que en lugar de eso -y citan un artículo de El Mundo-, contrataron a una letrada afín al PSPV y que había defendido al exalcalde de Gandia José Manuel Orengo.
También hay varios correos electrónicos del jefe de gabinete, Ricard Gallego, con los imputados para que Jorge Cuerda fuera modificando el informe jurídico de creación de uno de los puestos conforme a las necesidades que ellos creían oportunas.
Manuel Reguart envió el 9 de enero de 2017 un correo que decía: "Hola Jorge, necesitamos que menciones que las responsabilidades del consejero delegado serían las mismas que las de la gerente (Agustina Brines), siempre que se mantenga el otorgamiento de poderes de cogerencia, además de las que ya tendría de por sí, por ser miembro del Consejo de Administración".
Y dicho y hecho. Cuerda modificó las bases.
Otra de las presuntas irregularidades fue la creación de un "consejo de dirección" dentro de Divalterra, un órgano de control de la empresa controlado por PSPV, Compromís y EUPV, que "en las declaraciones ante el juez realizadas por los miembros del Consejo de Administración de la empresa aseguraron desconocer de su existencia", y añade la UDEF que su creación tampoco se reflejó en los estatutos.
En otro correo enviado por Jorge Cuerda el 31 de enero de 2018 en referencia a la creación de los puestos bajo sospecha de malversación, se dice literalmente: "He tratado de justificar la creación de la estructura directiva 2015 con una situación concreta cuando entrasteis al gobierno".
A juicio de la UDEF este correo, junto con el archivo adjunto, reflejan "las argucias utilizadas por Jorge Cuerda para crear, tal y como se explica en el texto adjunto, dos nuevas áreas", el área de Estudios y Planificación Estratégica y el área de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas, y asignar con ellas dos nuevos puestos de Alta Dirección y "así colocar a personas afines políticamente en cargos de alta dirección". Añaden los policías que, además, Cuerda "no conoce las funciones de las nuevas áreas" que se van a crear pero que, en su informe final, las califica como "de vital importancia".
Es a través del análisis concienzudo de cientos de correos electrónicos y comunicaciones internas como los agentes han podido hilar cómo se gestó la creación de este ‘chiringuito’ que ha supuesto un nuevo caso, el enésimo, de corrupción vinculada a políticos valencianos.
