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la audiencia provincial decidirá

Anticorrupción recurre la negativa del juez del 'caso Palau' a ampliar el informe de la Intervención

Foto: MARGA FERRER

El fiscal vuelve a basar su petición en el artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga al juez a acordar las diligencias que el fiscal considere necesarias

14/12/2016 - 

VALENCIA. El fiscal Anticorrupción Vicente Torres ha optado por recurrir la decisión del magistrado instructor del caso Palau ante su segunda negativa a ampliar el informe de la Intervención de la Generalitat, un informe "fundamental" para poder realizar la acusación, según las propias palabras de Torres en su recurso.

El caso Palau investiga a la exintendente del Palau de Les Arts Helga Schmidt; el exgerente del coliseo Ernesto Moreno; Pablo Broseta; Joaquín Maldonado, y José Antonio Noguera Puchol por su presunta relación con el cobro de comisiones ilegales en el Palau de Les Arts. Respecto de estos tres últimos, la juez sospecha participaron de forma activa en la contratación y gestión fraudulenta de patrocinios para el coliseo valenciano.

Tal y como informó en exclusiva Valencia Plaza, el representante de Ministerio Público explicó al juez que, para poder hacer la calificación fiscal en la que se piden las penas para los investigados, necesita que la Intervención de la Generalitat amplíe el informe en el que se basa la acusación. Este informe, junto a otro de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, han sido los pilares fundamentales de la Fiscalía.

Sin embargo, el juez opina que con las periciales practicadas hasta la fecha es más que suficiente para poder cerrar la investigación, y por ello ha vuelto a negarle a Torres lo que pide. Ahora deberá ser la Audiencia Provincial de Valencia la que decida quién tiene razón si bien el fiscal, o por el contrario el juez.

Anticorrupción vuelve a basar su petición en el artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga al juez a acordar las diligencias que el fiscal considere necesarias. El citado artículo dice textualmente, que “Cuando el Ministerio Fiscal manifieste la imposibilidad de formular escrito de acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos, se podrá instar, con carácter previo, la práctica de aquellas diligencias indispensables para formular acusación, en cuyo caso acordará el Juez lo solicitado”.

El informe

El representante del Ministerio Público solicitó la ampliación del informe de la Intervención de la Generalitat que informaba sobre las irregularidades y el presunto saqueo del Palau para que, los interventores, cruzaran los datos con otro informe enviado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional con la finalidad de tener atadas las acusaciones y, entre otras cosas, saber qué opinan en la intervención sobre los nombres de políticos que la UDEF menciona. Entre ellos, el del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la exconsellera Trini Miró, a los que la policía menciona como posibles conocedores de la operativa corrupta.

La importancia de los informes quedó de sobra acreditada ya que Broseta, Maldonado y Noguera Puchol fueron imputados tras recibir el demoledor informe de la UDEF que no sólo avala el informe de la Intervención General de la Generalitat, que cifraba el desfalco de la exintendente en 508.000 euros, sino que incrementaría considerablemente el dinero que se distrajo de las arcas públicas.

Pero además, según el informe de la UDEF sobre el caso Palau, la Policía encontró una carta en inglés presuntamente escrita por Schmidt que implicaría entre otros a Trini Miró, al exvicepresidente Vicente Rambla e incluso a Francisco Camps.

Al parecer los políticos señalados, sobre todo Miró, serían las personas que gestionaron la forma de contratar entre el coliseo valenciano y la empresa Patrocini de les Arts, que presuntamente sirvió para desviar dinero del Palau. Además, la policía también desliza que podrían haber sabido cómo estaba funcionando Viva Europa que fueron los actos a través de los que presuntamente desaparecieron cerca de 350.000 euros. Es por todo ello que el fiscal necesita la ampliación del citado informe.

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