VALÈNCIA. (EP). La exconsellera de Educación y ahora diputada del PP en Les Corts, María José Català, ha acusado al actual Consell de mentir respecto a los 1.000 millones de sobrecostes en Ciegsa ya que ha subrayado que el autor del informe financiero, Ignacio Pérez, lo "desmintió" diciendo que "en ningún momento en su redacción había mil millones de sobrecostes".
En concreto, el viceinterventor de Control Financiero y Auditorías de la Generalitat, Ignacio Pérez aseguró en esa misma comisión que en el informe que realizó "no hay ninguna cantidad que ponga 1.000 millones de euros".
Català ha subrayado que el informe se pidió por parte del Consell del PP en 2013, pero el actual ejecutivo "ha dado información que es mentira y totalmente falsa sobre un informe" que ha manifestado que ha provocado su "bochorno" como exconsellera respecto del actual titular de Educación, Vicent Marzà, porque "ha sido desmentido por el mismo autor del informe diciendo que en ningún momento en su redacción había mil millones de sobrecostes", ha subrayado.
"Me siento abochornada por el actual conseller de Educación. Hay dos cosas que un político no puede hacer y es el ridículo y mentir, y este Consell ha hecho el ridículo con sus normativas tumbadas por los tribunales y ha mentido con los sobrecostes de mil millones", ha considerado.
Así lo ha indicado Catalá en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga los sobrecostes en la empresa de Construcciones e Infraestructuras Educativas S.A (Ciegsa), en donde ha relatado que cuando llegó a la Conselleria había una necesidad de reestructuración del sector público de la Generalitat por la situación de "falta de ingresos que había" y, por tanto, se sacó adelante un decreto que apuntaba que los entes que incurrieran en pérdidas o necesidad de financiación presentaran planes de saneamiento.
En ese sentido, ha explicado que se reunió el Consejo de Administración el 28 febrero de 2018 para analizar la situación económica de la sociedad y se acordó proponer a las consellerias en materia de Economía y Hacienda la asunción de la deuda de Ciegsa, así como iniciar formalmente un ERE que afectó a 55 trabajadores y por el que se redujo la plantilla en un 63%.
Ha recordado que, asimismo, se publicó otro decreto de medidas de reestructuración y racionalización del sector público que establecía la necesidad de incorporar las acciones de Ciegsa a la Generalitat y su extinción a través de la cesión global de su activo y pasivo. Sin embargo, ha señalado que el proceso de cierre no se pudo concluir debido a la existencia de dos convenios que finalizaban en 2015 y a que había contratos vigentes.
No obstante, Catalá ha subrayado que antes de abandonar el departamento dejó todas las cuestiones resueltas para proceder a su extinción por lo que se ha preguntado que si "tan mala" es la sociedad por qué el actual Consell ha prorrogado su vida hasta 2020. "No entiendo que pongan en duda una relación jurídica que ustedes han mantenido en el tiempo con dinero, nuevos barracones y nuevas personas al frente de las mismas", ha espetado a los diputados de los partidos que sustentan el actual Consell.
A su juicio, esta situación se debe a que "hicieron política destructiva y criticaron una sociedad y cuando han llegado al gobierno se han dado cuenta que la necesitan". "Ahora son esclavos de sus palabras y mantienen la vida útil de esas sociedad que estaba demonizada", ha señalado para criticar la "incoherencia".
De hecho, ha enfatizado que en 2014 más de 200 unidades prefabricadas fueron eliminadas a petición del entonces jefe del Consell, Alberto Fabra, y tenían la previsión de reducir un 75% las aulas prefabricadas. "Así lo dejamos cuando nos marchamos en 2015, pero el nuevo gobierno revirtió la encomienda de gestión y eso ha derivado en el retraso de la construcción de colegios. Las cosas estaban bien encauzadas para eliminar máximo aulas prefabricadas, pero las decisiones del Consell las han retrasado", ha insistido Catalá.
Català ha hecho suyas las palabras del síndic de Comptes para subrayar que la empresa estaba "totalmente auditada en todos sus años y había un seguimiento y un control económico de la Generalitat" y ha subrayado que durante su etapa como consellera nunca nadie le hizo "ningún ofrecimiento" ni ha sido conocedora de que en la sociedad hubiera "alguna cuestión vinculada a la financiación irregular de ningún partido". "No lo hubiera consentido de haberlo sabido", ha enfatizado.
Preguntada por la contratación de la actual diputada del PP Beatriz Gascó y la posibilidad de que fuera una trabajadora 'zombie', la exconsellera ha explicado que cuando ella llegó al departamento, Gascó ya era directora general, pero ella le dio más responsabilidades porque considera que "lo hace muy bien" y es una "buena profesional".
Ha eludido indicar si hubo irregularidades ya que ha recordado que hay un proceso judicial abierto. "No formó parte mi gestión y no conozco el sumario y sería una irresponsable por mi parte pronunciarme", ha afirmado.
Previamente, ha comparecido el exgerente de la empresa Ciegsa desde 2016 y hasta el 15 de noviembre de 2017, José Villar, quien ha denunciado que los procesos de contratación en Ciegsa se hacían con "un grado discrecionalidad muy importante", con criterios que respondían a criterios de afinidad personal, profesional o política" con "incumplimientos de los requisitos de publicidad, igualdad, mérito y capacidad", utilización el sistema de asistencias técnicas a través de contratos negociados sin publicidad y con nombramientos directos".
Así, ha contado que "frente a la avalancha de los encargos que realiza la Conselleria en los primeros años, Ciegsa recurre a la contratación por asistencia técnica para los departamentos de obras y seguimiento de proyectos de personal, lo que conlleva "ruptura de los procesos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".
En otros casos, ha indicado se contrataba de acuerdo a "afinidad técnica y política" y ha puesto como ejemplo la contratación de tres arquitectos a través del Servef que "tenían una relación con el exconsejero delegado Máximo Caturla, porque previamente habían trabajado con él en la Conselleria de Sanidad".
Respecto a trabajadores 'zombies' en la empresa, ha confirmado la existencia de 11 contratos de personas que "no realizan ningún tipo de trabajo ni tienen asignado despacho ni tienen asignado un correo electrónico ni teléfono ni tienen obligación de fichaje".
En este sentido, ha detallado que en el caso del exedil en el Ayuntamiento de Valencia Emilio del Toro, ha manifestado desconocer qué hacía en la Conselleria porque "no existe ningún tipo de comunicación" a través de algún registro que lo vincule con la empresa, ha dicho.
Además, ha señalado que el acceso a la Conselleria está restringido a funcionarios de carrera, interino o asesor o alto cargo y él "no se encontraba en ninguno de estos supuestos para estar en el despacho de la Conselleria". "El señor Del Toro era un okupa dentro de la Conselleria, no era un zombie, sino un okupa porque ni era funcionario de carrera ni interino", ha considerado.
Asimismo, ha señalado que Gascó fue contratada a través de una empresa de trabajo temporal por un periodo de tres meses, pero aún se mantuvo en su cargo pese "a que no consta su prórroga". Por tanto, ha señalado que se trata de un caso de "cesión ilegal de trabajadores".