CCOO y UGT defienden la legalidad del decreto de servicios sociales frente a los "ataques"

VALÈNCIA (EFE). Los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV defienden la legalidad del decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y piden personarse ante la solicitud de suspensión cautelar de la norma presentada por diferentes entidades, que han considerado "ataques".

Según han explicado desde ambos sindicatos en un comunicado conjunto, quieren "ser parte" contra los recursos contencioso-administrativos presentados por organizaciones y asociaciones empresariales como AERTE, CEAPs, AVASEDE y CECOVA, y "defender la legalidad del decreto que ordena y define todo el modelo de servicios sociales".

"Hay que recordar que esta es una norma fuertemente demandada por ambas organizaciones, así como por el conjunto de la sociedad y el ámbito de los servicios sociales, puesto que la normativa que se venía aplicando se remontaba a 1990", han indicado desde los sindicatos.

Así, han señalado que una de las cuestiones fundamentales que aborda el decreto es la actualización de las ratios de personal de todos los recursos incluidos en el sistema, "teniendo en cuenta una nueva realidad sociodemográfica en la que la población es más mayor, existen mayores niveles de atención a la dependencia o más gente que vive sola".

Su negociación, han recordado, supuso "meses de trabajo en el marco del diálogo social" entre Gobierno, patronales y sindicatos más representativos.

Asimismo, han reivindicado que, con esta norma, se atendía al compromiso establecido en el acuerdo político 'Alcem-nos' firmado tras la pandemia y, en concreto, se establecía "la mejora, adecuación e incremento de la red pública de espacios sociosanitarios y sociales, haciendo una revisión del modelo residencial y una apuesta por unidades de convivencia más reducidas".

Se trata, han dicho, de un cambio de modelo que "prima el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses empresariales, poniendo fin a prácticas de épocas pasadas, donde el negocio de unos pocos estaba por encima del interés de la mayoría".

Los sindicatos han asegurado que el decreto aporta importantes avances, en cuestión de ratios, funcionamiento y ordenación de los centros, y mejora en muchos sentidos el modelo al que deben responder los diferentes niveles de atención de servicios sociales y sus recursos.

"En resumen, una atención de mayor calidad con la participación de las personas usuarias, una mayor profesionalización y mejora de las condiciones laborales, terminando con un modelo obsoleto de ordenación del Sistema de Servicios Sociales", han asegurado CCOO y UGT.

Por ello, ambas organizaciones sindicales han considerado inaceptable la pretensión de los intereses empresariales de paralizar el decreto mediante la suspensión cautelar.

"Sin duda, dicha paralización supondría un grave perjuicio para el interés general de toda la sociedad valenciana, para los y las trabajadoras de los diferentes sectores del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, además de un ataque frontal a un modelo público de servicios sociales que pretende atender a las personas con respeto y responsabilidad", han concluido.