Vista de la planta de Cemex en BuñolVALÈNCIA. Representantes de las federaciones sindicales CCOO Construcción y Servicios y UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro) y directivos de los dos grupos cementeros que operan en la Comunidad Valenciana (las multinacionales Cemex y Lafarge), mantuvieron este jueves una reunión -organizada por la Fundación CEMA- para analizar las consecuencias para la industria cementera derivadas del nuevo impuesto a la valorización energética de residuos -creado a través de la Ley 21/2017 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat-. Según alertaron los participantes en un comunicado, la medida aprobada por Les Corts, que establece un nuevo impuesto sobre esta práctica, tendrá "consecuencias ambientales y sociales negativas".
A juicio tanto de los representantes de los trabajadores como de las empresas cementeras, "establecer un mismo impuesto disuasorio a la valorización energética, equiparándola a la incineración o al depósito en vertedero, vulnera lo estipulado en la legislación estatal y comunitaria aplicable sobre residuos, donde se deja claro que la recuperación del valor energético del residuo es considerado una necesidad ambiental para avanzar en la economía circular que hemos de promover en la sociedad actual".
"La valorización energética consiste en la sustitución parcial del combustible fósil habitual del sector, el coque de petróleo, por distintas tipologías de residuos no reciclables con recursos energéticos aprovechables. Se trata de una práctica avalada y potenciada por la Unión Europea que se lleva realizando con todas las garantías de salud ambiental, desde hace más de 20 años en España y 40 en Europa, siendo precisamente los países del norte de Europa donde más se emplea este método para aprovechar material y energéticamente los residuos no reciclables", defienden.
La patronal y los sindicatos de la industria cementera consideran que "aplicar un impuesto a la valorización energética, cuando todavía se envían a vertederos más de la mitad de los residuos municipales generados en la Comunitat, llevará asociado un incremento todavía mayor de los desechos que se entierran en vertederos, contraviniendo además lo señalado en la legislación europea al respecto".
Desde el sector cementero se alerta también sobre el peligroso "efecto frontera" que se podría generar y que haría que "asistiéramos a una deslocalización de profesionales y empresas relacionadas con la gestión de residuos" en la autonomía, así como a "la pérdida de competitividad de toda la cadena de valor de las empresas implicadas en la gestión de los residuos".
Los asistentes a la reunión demandan que la administración valenciana "reconozca la importancia de la valorización energética para hacer la transición hacia una economía circular en la Comunitat conforme está exigiendo actualmente la Comisión Europea". "A este respecto se ha solicitado una reunión al presidente de la Generalitat, para trasladarle nuestra máxima preocupación por las negativas consecuencias que esta medida puede tener para el mantenimiento del empleo y de la competitividad de las tres fábricas de cemento y en el empleo de calidad asociado a esta actividad", según informaron.
Como informó este diario, las industrias del cemento y del azulejo serán, junto a los vertederos, las principales empresas afectadas por el nuevo canon a los vertidos y a la incineración aprobado por Les Corts, un tributo es una realidad desde este mismo 2018 tras ser incorporado a la Ley de Presupuestos a través de una enmienda presentada por Podemos y apoyada por Compromís y PSPV.
Aunque el texto original fue suavizado, la redacción final aprobada en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda contempla que, a partir del presente 2018, en la Comunitat se pagará un gravamen mayor por arrojar residuos en vertederos industriales –la tasa no se aplicará en recintos municipales– y que se establece uno nuevo por la "incineración, coincineración y valorización energética". Su objetivo es reducir la generación de residuos y la importación de los mismos procedentes de otras autonomías.
La enmienda a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018 fue aprobada el pasado 6 de diciembre Les Corts, y apenas 20 días después, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció, tras visitar a Ascer, que se estudiarían bonificaciones para que no afectara a la competitividad de las empresas. PSPV y Compromís están a favor de estudiar esta bonificación.
