Alfredo Burguera, presidente de Aflival. Foto: EDUARDO MANZANA
VALÈNCIA. El surgimiento de una asociación empresarial contra los retrasos en las licencias en el Ayuntamiento de València (Afival) y las declaraciones públicas de su presidente, Alfredo Burguera, han generado revuelo en el consistorio del Cap i Casal. Tanto es así que la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento ha mostrado indignación por las palabras de Burguera en una entrevista concedida por el promotor a Valencia Plaza.
Entre otras cosas, Burguera achacó el retraso en la concesión de licencias en el consistorio a "un sumatorio" de razones: "Entre técnicos incompetentes en puestos clave; Jefaturas de Servicio sin capacidad de gestión, ni de rehacer el organigrama ni el funcionamiento de sus servicios; una concejalía que no sabe o no quiere; y una Alcaldía que mira para otro lado". "La suma de todo eso hace que sea un desastre", señaló, para matizar después que "hay técnicos extraordinarios", aunque consideró que son "los que menos hay y son incapaces de hacer que las cosas funcionen".
Así, la sección sindical, aunque admite la necesidad de agilizar la tramitación de permisos, ha respondido a Burguera considerando "inaceptables" sus declaraciones en los medios y exigiéndole "su rectificación inmediata por atentar contra la independencia funcionarial en el ejercicio de sus funciones de velar por el cumplimiento de la legalidad y la satisfacción de los intereses generales".
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En ese sentido, en el sindicato CGT han acusado a Burguera de descalificar al personal funcionario "sin aportar ningún dato cierto y concreto que lo justifique", por lo que, "merecen la más absoluta repulsa por parte del sindicato". Así, la sección sindical quiso advertir que "no va a tolerar ninguna injerencia en la independencia funcionarial y va a estudiar el ejercicio de acciones contra la reiterada actitud de intereses corporativos".
A su juicio, estos intereses "pretenden presionar de una forma intolerable al personal con tal de conseguir la inaplicación de la normativa urbanística y ambiental, así como la eliminación de los controles administrativos, lo cual redunda en un perjuicio para la ciudadanía". Lo que ellos consideran una "mal entendida agilización administrativa". "No podemos seguir admitiendo la defenestración permanente y la intromisión en la Función Pública, que constituye la garantía del Estado de Derecho".
El sindicato admite que es "necesaria" la agilización administrativa, pero que esto se consigue "con una mayor dotación de recursos humanos cualificados y profesionalizados, y de recursos materiales, en especial, tecnológicos , y no suprimiendo controles públicos como pretenden determinados promotores", que, a su juicio, "están poniendo en peligro la calidad del trabajo de los técnicos".
Por ello, CGT asegura que "las medidas privatizadoras, la pérdida constante de empleo público" y "la relajación o eliminación de los controles públicos", junto a la manipulación de la información "denigrando" a los empleados públicos "sólo beneficia a unos cuantos que persiguen un enriquecimiento desaforado y perjudica a la gran mayoría social".
En ese sentido, el sindicato ha exigido al Ayuntamiento una auditoría interna inmediata de los recursos humanos destinados la gestión de las licencias y la dotación necesaria con personal funcionario público. Y ha recordado que el sistema de función pública es "una garantía de imparcialidad, objetividad e independencia" para hacer cumplir la ley. Por lo que afea al resto de sindicatos su "silencio", por estar "abandonando a su suerte a colectivos funcionariales y a personal funcionario concreto".
