VALÈNCIA. La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana (CDCCV) considera que las ayudas dadas por la Conselleria de Política Territorial al taxi durante la covid tienen un "carácter desproporcionado" sobre la competencia y no son adecuadas. Así lo recoge el órgano autonómico en un informe firmado en mayo, donde analiza la orden del 15 de febrero de 2021 que otorgaba importes de 3.000 euros a taxis con licencia en la Comunitat, pero que excluía a los vehículos de trasporte con conductor, más conocidos como VTC y que se prestan a través de forma independiente o a través de plataformas como Cabify.
Según señala el documento, estas ayudas tienen un carácter "marcadamente selectivo", enfocado a los prestadores de transporte público discrecional de viajeros en taxi, frente a prestadores del servicio de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo, "lo que acentúa sus posibles efectos negativos sobre el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado". Una decisión en la que "se aprecia una asimetría normativa" a favor del taxi, pese a la similitud del servicio de cara al usuario, y alerta de restricciones "innecesarias, inadecuadas y desproporcionadas de la competencia".
No obstante, dejar fuera a los VTC de dichas subvenciones no es la única cuestión que pone sobre la mesa el órgano presidido por Carmen Rodilla en este informe. Su primera consideración pasa por recalcar que, para dar dichas ayudas con el fin de paliar los efectos de la covid, no se exige que los titulares de las autorizaciones no estuvieran en crisis antes del 31 de diciembre de 2019 o que no estén sujetos a procedimientos de insolvencia colectiva. Baremación que supone no poner el foco en actuar sobre el eje del problema señalado, con unas ayudas que podían llegar a 18.000 euros por beneficiario.
Para sopesar si las ayudas dadas por el departamento -dirigido por Arcadi España durante la pandemia- son correctas, se recurre a la prueba de la ponderación, con la que se analiza la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la misma. En el caso de necesidad, aluden a que, partiendo del objeto marcado de preservar estas compañías como servicio público, como ya se apuntaba debería de englobarse en el servicio de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo, y no solo de taxi.
En cuanto a la adecuación, consideran que la subvención directa a los propietarios de licencias no era la mejor solución. En este sentido, apuntan una alternativa "menos distorsionadora de la competencia" como un incentivo genérico a la demanda de los servicios por parte de los usuarios. Según señalan, esto incentivaría a la distribución de la ayuda entre todos los oferentes del servicio de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo, conforme a su eficiencia y competitividad en el mercado.
De hecho, alude a la falta de datos sobre cómo afectan las ayudas en el mantenimiento del servicio. Por este motivo, señalan el "carácter absolutamente genérico de las consideraciones incluidas en la memoria justificativa". En definitiva, este análisis lleva a concluir que dichas ayudas no son adecuadas. "Se ha puesto de manifiesto la existencia de otras posibles formas o instrumentos de intervención que permitirían alcanzar el mismo objetivo de interés general perseguido, pero con un menor impacto sobre la competencia de mercado", recalcan.
Por último, revisa la proporcionalidad de las mismas. En dicho apartado, continúa con su insistencia en alternativas a la ayuda directa y plantea otras medidas como moratorias fiscales, concesión de garantías o préstamos blandos, destinados a la cobertura de costes variables, o a la cobertura de costes derivados directamente de la adopción de medidas de prevención contra la covid. Un área donde también incluye la discriminación en las mismas a los VTC. "En definitiva, el análisis de los factores [...] permite concluir que las mismas presentan un carácter desproporcionado, puesto que los beneficios de su adopción no superan sus potenciales costes sobre la competencia en el mercado".
Competencia de la Generalitat también realiza recomendaciones en dicho informe y que se centran, en gran medida, en la necesidad de que las administraciones públicas planifiquen y evalúen, con carácter previo a su adopción, los efectos de la ayuda de estado sobre la competencia en el mercado. "La administración pública competente debe valorar, de entre los varios instrumentos de intervención a su disposición, la conveniencia de optar por la adopción de ayudas de estado", recoge.
Con dicho trasfondo, insiste en la necesidad de implantar en las administraciones públicas una cultura de la evaluación de los efectos de las ayudas de estado. En este sentido, señala que la implantación de un sistema de evaluación de los efectos permite comprobar cómo las mismas han servido o no para la consecución del objetivo de interés general perseguido, o para la corrección del fallo de mercado detectado. Una acción que permite la modificación o sustitución de las mismas por otras más eficientes, o si es el caso, su eliminación. También recuerdan que dicho control permite mejorar el diseño de futuras intervenciones.
