Galiana, concejal de Mercados y presidente de Mercavalència, junto al alcalde Ribó. Foto: MARGA FERRER VALÈNCIA. Cumplidos ya seis meses desde que la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social vienen advirtiendo de la presencia de 250 'falsos autónomos' en los servicios de matadero y despiece de Mercavalència, la empresa pública controlada por Compromís, lejos de corregir la situación, sigue maniobrando para evitar dar de alta a los profesionales en su plantilla. La firma -propiedad al 51% del Ayuntamiento de València y al 49% de la empresa pública estatal Mercasa- los empuja ahora a incorporarse a una empresa privada, una SL controlada por Work Man ACP -la propia cooperativa de trabajo asociado que albergaba a los trabajadores en situación irregular-.
La iniciativa de crear esta nueva sociedad externa para contratar a los trabajadores de despiece (los del matadero sí parece dispuesta a asumirlos Mercavalència) la toma oficialmente la propia Work Man ACP, pero cuenta con el respaldo explícito de la sociedad presidida por el concejal de Mercados, Carlos Galiana, y dirigida desde hace pocas semanas por Pep Yubero, un abogado que ejercía hasta ahora de asesor externo para la firma y que en 2011 concurrió a las elecciones municipales de Torrent en la lista de Compromís.
Tanto es así que en la asamblea en la que Work Man ACP comunicó a los falsos autónomos su voluntad de crear la sociedad limitada para albergar a los trabajadores -celebrada en las propias instalaciones de Mercavalència, concretamente en el salón de actos de MercaFlor- participaron hasta tres directivos de Mercavalència: Nacho Sureda, director de Actividades Carnicas; Rubén Climent, responsable de Despiece; y Oscar Collado, de la dirección económica y financiera.
Según relatan fuentes del sindicato UGT-PV, que fue quien denunció la situación en Mercavalència ante Inspección de Trabajo, en dicho encuentro Sureda expuso a los trabajadores que el mercado de abastos de València sí puede hacerse cargo de los trabajadores del matadero, pero que hacer lo propio con los responsables de las labores de despiece les llevaría a un escenario insostenible que le obligaría a rescindir el contrato con Incarlopsa, la empresa que compra el grueso del producto de carnicería que producen los trabajadores. Tal circunstancia pondría fin a la actividad de matadero y despiece de carne en año y medio, tiempo en el que continuarían operando debido al periodo 'desenganche' pactado entre proveedor (Mercavalència) y su cliente (Incarlopsa).
En definitiva, la disyuntiva que traslada a sus falsos autónomos Mercavalència, sociedad pública controlada por el llamado 'ayuntamiento del cambio' de Joan Ribó, es dar el salto a una empresa privada o acabar en la calle en 18 meses, pero en ningún caso se plantea regularizarlos con voluntad de permanencia, tal y como les corresponde según consideran la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Preguntadas al respecto por este periódico, fuentes de Mercavalència confirman abiertamente que a la firma no le salen las cuentas y que apuesta por que los trabajadores se incorporen a la sociedad privada. El propio cálculo de UGT-PV acredita el perjuicio económico: del actual coste de 5,97 millones de euros que en la actualidad paga a Work Man por las labores de matadero y despiece de carne, la cantidad se elevaría a alrededor de 8 millones de euros asumiendo el coste laboral de los trabajadores. Se trata de un gasto de 2 millones de euros más, pero el sindicato replica al respecto que Mercavalència cuenta actualmente con 3 millones de euros de beneficio, "entre otras cuestiones gracias a las circunstancias irregulares de las que ha disfrutado".
Según defiende Mercavalència, la externalización del despiece cárnico sería legal porque la nueva enseña pasaría a ser la gestora directa de este servicio, asumiéndolo completamente al margen del mercado de abastos y dando de alta a los trabajadores -esta vez sí- en el régimen general de la Seguridad Social. Pero UGT, lejos de validarlo, considera que se trata de "la clara creación de una nueva empresa pantalla" que repetiría el error de "aglutinar en una sociedad externa a unos trabajadores sobre los que la Seguridad Social ha dicho claramente que dependen directamente de las órdenes y la planificación de Mercavalència".
Encuesta para recabar votos a favor de la constitución de la SLComo reveló este diario, la lnspección de Trabajo, en línea con lo expresado previamente por la Tesorería General de la Seguridad Social, consideró que la cooperativa Work Man ACP operaba con "carácter ficticio" para "eludir el cumplimiento de las obligaciones de alta en régimen general y cotización por parte del empleador según las normas del convenio colectivo sectorial", y que este modelo de falsos autónomos había afectado a un total de 429 trabajadores en el periodo de cuatro años que abarcaba la investigación.
PDF: CONCLUSIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO SOBRE WORK MAN ACP
Al respecto el sindicato agrega que la firma está haciendo fuerza para que los trabajadores se manifiesten a favor de este movimiento "mediante una consulta que no tiene ninguna validez". Se trata de un cuestionario repartido con el membrete de Work Man en el que piden a los trabajadores que voten 'si' o 'no' al "cambio a régimen general a una nueva sociedad", incluyendo en el documento su firma, su nombre completo y su DNI. "La directriz de la Inspección de Trabajo ha de acatarse, no debe cumplirse o no en función de lo que salga de una encuesta forzada por la empresa", afirma al respecto UGT.
Según desglosa el sindicato, entre los principales perjuicios para los empleados de integrarse en una nueva SL en lugar de pasar a formar parte de la plantilla de Mercavalència se encuentra la diferencia salarial. "Proponen salarios brutos (en doce pagas) de 1.950 euros mensuales para los oficiales de primera, 1.680 para los de segunda y 1.500 para los peones, que están muy por debajo de los sueldos del convenio de Mercavalència", advierte UGT-PV.
En una entrevista publicada este mismo mes por Valencia Plaza, el concejal de Mercados y presidente de Mercavalència, Carlos Galiana, sin realizar mención alguna al impulso de la empresa privada para evitar contratar a los falsos autónomos, aseguró que está "luchando por los trabajadores de Mercavalència". El dirigente se pronunciaba en estos términos al tiempo que justificaba las maniobras del ayuntamiento contra los pronunciamientos de la Seguridad Social.
"Hemos presentado alegaciones porque consideramos que sí se ha hecho bien. Después determinarán quién tiene razón. Yo no puedo dejar de presentar alegaciones y asumir directamente cualquier cosa. Hay que decir que Galiana no hace lo que quiere [en Mercavalència]. Hay un consejo de administración, un consejo permanente y una junta de accionistas que piensan que se ha hecho bien", argumentó.
La controversia sobre los falsos autónomos de Mercavalència y la gestión de su futuro laboral se suma al asunto del programa de televisión pagado con fondos de la empresa pública en el que el propio Galiana ejercía de presentador. Como informó este diario, la Agencia Antifraude investiga esta cuestión, en la que además se produjo el fraccionamiento de los cerca de 26.000 euros que costó su producción en cinco contratos menores.
