Macho, Bolinche y Flores Juberías, tres miembros del Consejo de Transparencia. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios que integran el Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- aprobaron la reforma de la Ley de Transparencia el pasado mes de marzo. Una norma que llevaba bloqueada desde 2020 y que cambió por completo la composición, dedicación y salario del Consejo de Transparencia.
Un órgano que lleva en funciones desde hace dos años y que el tripartito sigue sin renovar a pesar de las peticiones de sus integrantes. Y todo parece indicar que seguirán así unos meses más. Tanto por la dificultad de llegar a acuerdos sobre los nombres, como por la forma en la que se ha abordado la renovación.
Para entender el embrollo conviene señalar que la nueva ley redujo el número de consejeros a tres. Anteriormente el Consejo estaba integrado por cinco personas. He ahí la primera dificultad: dado que para obtener el visto bueno los aspirantes deben sumar el apoyo de tres quintas partes de la Cámara, el tripartito debe pactar los tres nombres con la oposición, ya que PSPV, Compromís y Unides Podem suman 54 escaños y necesitan 60.
A esto se suma, además, otro hándicap. Los consejeros, con la nueva ley pasan a tener dedicación exclusiva y tienen rango de director general. Es decir, sus integrantes percibirán un salario aproximado de 60.000 euros brutos anuales, mientras los consejeros salientes compatibilizaban sus trabajos con alguna reunión mensual del Consejo por la que percibían dietas.
Un cambio que en su día puso en duda el PSPV, dado que con ello pasarían a estar bajo el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Consell y no podrían cobrar un sueldo universitario -la mayoría de los consejeros actuales provienen de este ámbito y el salario ahí es mayor que el de director general- ni tampoco percibirían indemnizaciones por cada reunión porque ya tendrían dedicación exclusiva, por lo que a muchos de ellos no les compensaría económicamente el cambio.
Ahora bien, a estas dificultades para resolver los nombramientos se suma la forma en la que el tripartito quiere zanjar esta tarea pendiente: dado que se debe pactar con PP y/o Ciudadanos -con Vox no cuentan-, el Botànic quiere hacerlo negociando también los nombres de otros órganos cuyos integrantes se encuentran en funciones o bien quedan pocos meses para que se hallen en esa situación.
Así, por ejemplo, la Sindicatura de Comptes es el órgano en el que más pronto van a entrar en funciones sus integrantes: el próximo 20 de junio todos sus síndicos acaban su mandato. De hecho, Vicent Cucarella no podrá repetir como Síndic Major, ni tampoco podrán hacerlo el resto de adjuntos.
De la misma manera, el Consejo Rector de À Punt deberá renovar también la mitad de sus consejeros, pues la ley que dio vida a la radiotelevisión valenciana establecía en su artículo 14.6 que el Consejo Rector debía "renovar parcialmente cada tres años, cinco y cuatro consejeros o consejeras, simultaneándose esta última renovación con la de la Presidencia".
Teniendo en cuenta que el órgano se compuso en octubre de 2016 y en mayo de 2019 se realizó un sorteo para elegir a qué cuatro consejeros cambiar antes de que venciera el periodo -resultaron electos Marc Pallarés, Vicente Cutanda, Rafa Xambó y Mar Iglesias-, este año se deberá volver a realizar el sorteo para renovar al 50% el órgano. En la última renovación tan solo Compromís cambió a su candidato, Rafa Xambó, por Rosa Yagüe.
También el Consell Jurídic Consultiu deberá renovarse el próximo mes de octubre, pues caduca el mandato de Asunción Ventura, de Faustino de Urquía Gómez y de la presidenta, Margarita Soler. Los tres prometieron su cargo en 2016 y la nueva ley del Consell Jurídic Consultiu establece que los mandatos son de cuatro años y se pueden renovar por otros cuatro años más -la limitación es de dos mandatos-.
Dado que la nueva ley entró en vigor en 2018, a partir de entonces los consejeros podían mantenerse en el cargo hasta este año. Ahora bien, con los nuevos cambios que introdujo el texto legal, dos candidatos deben ser propuestos por el Consell y cuatro por Les Corts, a diferencia de antaño que Gobierno y Parlamento se repartían al 50% los nombramientos.
Los otros tres consejeros del órgano no deberán renovarse hasta un año después, puesto que Les Corts tardaron más de un año en nombrar a sus candidatos. Sin embargo, en el tripartito barajan realizar todos los nombramientos de golpe para realizar una renovación conjunta. Como novedad, deberán ser los consejeros los que designen a la presidenta o presidente del CJC y ya no el president de la Generalitat.
