El alcalde de València, Joan Ribó. Foto: KIKE TABERNER
VALÈNCIA. No ha agradado en demasía la propuesta realizada por el Ministerio de Hacienda a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los ayuntamientos puedan utilizar sus propios ahorros, que en total suman 14.000 millones de euros. Sin ir más lejos, no ha caído especialmente bien en el Ayuntamiento de València y tampoco ha generado entusiasmo en el Consell.
La propuesta del Gobierno mediante el departamento de María Jesús Montero pasa por que los consistorios que deseen usar sus remanentes, hagan una suerte de préstamo voluntario a favor de la Administración General del Estado por el total de sus ahorros de tesorería. Más tarde, el Gobierno los devolvería el 35% -en términos absolutos sumaría unos 5.000 millones de euros- en dos años: 2.000 en 2020 y 3.000 en 2021. El 65% restante se devolvería en los próximos diez años.
Además, el destino de este dinero estaría circunscrito a la agenda urbana y de movilidad sostenible (oferta de vivienda de alquiler o construcción de carriles bici, por ejemplo), política de cuidados para personas mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia y cultura.
Todo ello se ha ganado las quejas de múltiples instancias, como el Ayuntamiento de Madrid o los concejales de Podemos representados en la propia FEMP, pero también en territorio valenciano. El alcalde de València, Joan Ribó, se pronunció al respecto para calificar la propuesta de "insuficiente y paternalista".
El primer edil, integrante de Compromís, declaró que su voluntad es que los consistorios puedan utilizar los remanentes según sus propios criterios y sin un corsé fijado por la administración estatal. Aunque admitió que el planteamiento de Hacienda es "un paso hacia delante", también recalcó que es "absolutamente insuficiente y criticó lo que considera "un comportamiento paternalista respecto a los municipios".
A mayor abundancia, Ribó comparó la actitud de la actual ministra de Hacienda con su su predecesor, el ex ministro popular Cristóbal Montoro, y dijo que la finalidad de ambos es "tapar completamente los déficits del estado". Y en esta línea, recordó que todos los grupos municipales de València firmaron un rechazo al planteamiento de Montero.
Un rechazo aderezado de falta de entusiasmo en el Consell. El titular de Hacienda del Gobierno valenciano, el socialista Vicent Soler, evitó pronunciarse tajantemente sobre el mecanismo planteado para los consistorios al alegar no ser competente en el asunto. Con todo, dijo desear un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio "para que los ayuntamientos puedan incorporarse decididamente a las políticas de recuperación".
Pese a la moderación en la reacción oficial del conseller, diversas fuentes del gobierno valenciano admitieron que la voluntad del Gobierno central había generado cierto malestar y apatía en el seno del ejecutivo autonómico. Hubo quien atinó que esta medida parecía "un préstamo para dar liquidez al Estado", y no una liberación del dinero bloqueado de los ayuntamientos, "que en buena parte son impuestos de sus vecinos, tasas, IBI...".
También la líder de la oposición en el Ayuntamiento de València, la portavoz del PP María José Català, puso el grito en el cielo y exigió que tanto Compromís como PSPV "se planten de una vez ante Sánchez". "No pueden ir con medias tintas", dijo Català, quien clasificó la idea del Gobierno central como un "chantaje" a los consistorios y un "nuevo escapismo y engaño".
Los remanentes son montantes acumulados en las arcas municipales de manera obligada por la regla de gasto fijada en las leyes de estabilidad de la época de Montoro. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, los entes locales pidieron en bloque al Gobierno central poder hacer uso de todos los remanentes y para lo que cada consistorio deseara. Por ello, no han cesado las reclamaciones de ayuntamientos gobernados por todos los colores políticos e incluso la propia FEMP y su homóloga valenciana han estado presionando en ese sentido.
El Ministerio de Hacienda no sólo no ha accedido, sino que incluso llegó a plantear la creación de un bote común con todas las huchas consistoriales para repartirlo a continuación de manera igualitaria entre todos los municipios, sin tener en cuenta cuáles tenían ahorros y cuáles no. Un mecanismo compensatorio "sin asimetrías" que soliviantó a los representantes municipales.
El planteamiento no ha acabado siendo tal, pero tampoco ha agradado a muchos municipios, algunos de los cuales lo califican de "trilerismo político" porque es una fórmula mediante la cual el ejecutivo central se financiaría con parte de los ahorros de los ayuntamientos en los próximos doce años.
