Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo remitió la semana pasada a todas las consellerias del Gobierno valenciano el borrador del nuevo decreto de teletrabajo para que éstas presentaran alegaciones. Una normativa que el Consell decidió actualizar hace apenas unas semanas a raíz de la pandemia de la Covid-19, ya que esta ha puesto de manifiesto la necesidad de renovar la ley en vigor aprobada por el Ejecutivo de Ximo Puig en 2016.
El plazo para presentar propuestas de modificación finaliza este viernes, aunque la mayoría de departamentos del Botànic II ya entregaron sus 'enmiendas' este miércoles. Hasta el momento, tan solo habían trascendido los cambios propuestos por consellerias de Compromís, ya que las carteras gestionadas por PSPV y Unides Podem se negaron a hacer públicas las reformas planteadas. Sin embargo, este diario ha tenido acceso a las enmiendas registradas por algunas carteras socialistas y moradas. Alegaciones que en términos generales comparten el mismo fondo que las presentadas por los valencianistas: que el decreto es mejorable.
Consellerias socialistas trasladan a Función Pública su disconformidad con que se excluya del programa de teletrabajo al personal que ocupa puestos de dirección, organización y supervisión, así como también "de aquel cuya forma de provisión es la libre designación". Una excepción que tildan de "injustificada": "No se alcanza a comprender qué causas objetivas per se concurren en todos los puestos con dichas características que hagan inconveniente o inoportuno en cualquier situación la posibilidad de prestar servicios de teletrabajo en las mismas o similares condiciones que el resto de personal funcionario al servicio de la Administración de la Generalitat".
Una consideración que, cabe apuntar, comparten con todas las carteras gestionadas por Compromís y también las de Unides Podem, que añaden al "debate" que esta "previsión incrementará la brecha de género" si se aplica. ¿Los motivos? A juicio de las carteras moradas esto haría a "las mujeres optar a puestos de trabajo inferiores para acceder a puestos de trabajo susceptibles de ser ejercidos mediante teletrabajo por motivos de conciliación" y, por tanto, "disminuiría sus posibilidades de promoción profesional".
Ahora bien, este no es el único punto en el que coinciden los socios de gobierno: las alegaciones presentadas por áreas gestionadas por el PSPV estiman que el "procedimiento previsto para la aprobación de programas de teletrabajo puede convertirse en especialmente prolijo y complejo" y subrayan, además, que la aplicación de sistemas de videovigilancia y geolocalización puede presentar "problemáticas". Mientras, Unides Podem expone que el borrador del decreto "empeora el establecimiento de un sistema ágil y sencillo" para poner en marcha programas de teletrabajo.
"La complejidad de tramitación de cada uno de estos 'programas', que comporta una redacción de propuesta (acompañada de cada ficha), la emisión de informes, resolución, régimen de incorporación del personal y sistema de decisión, previo análisis por parte de la 'comisión' que al respecto deberá crearse, puede suponer una dilatación excesiva de los 'tempos' en la aplicación de este sistema, cuando la realidad de la evolución de la pandemia en nuestro territorio permite suponer que (sin necesidad que se declare formalmente una situación de crisis) puede ser aconsejable acudir con mayor celeridad a tales formas de prestación de servicios", argumentan los socialistas en el primer caso. Es decir, que la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto que aplicar la modalidad no presencial de trabajo es "aconsejable" en situaciones de crisis y, además, requiere celeridad porque este tipo de circunstancias requieren de actuaciones ágiles.
Respecto al segundo, si bien no descartan que la Administración valenciana pueda realizar un "control horario y de prestación de servicios" para garantizar que el empleado público esté trabajando desde su domicilio, consellerias del PSPV subrayan que los dispositivos de control no pueden ser "intrusivos". "Se debería tener una especial cautela a la hora de definir dicha posibilidad", señalan.
Asimismo, observan que está "injustificado" también que para que un empleado público se acoja al programa de teletrabajo tenga que acreditar que ha desempeñado el puesto que ocupa durante periodos que sumen más de seis meses. "Esta regulación plantea problemas ante cambios de puestos dentro del mismo ente o Conselleria", indican, por lo que cuestionan a la Conselleria de Bravo si no tendría "más lógica establecer esta limitación en el caso de cambio entre entes diferentes que implique un cambio de funciones más radical". Los morados, por su parte, también han registrado alegaciones sobre esta cuestión, pero en sentido contrario: consideran que medio año es "insuficiente" para acreditar los "suficientes conocimientos técnicos" y por ello proponen ampliar este plazo a un año.
Por último, en el PSPV también cuestionan que el borrador de decreto no contemple la posibilidad de que cada conselleria pueda elaborar diferentes programas de teletrabajo. "La regulación prevista parece tender a que cada Conselleria presente un único programa para todos sus departamentos", explican en las alegaciones. Sin embargo, subrayan que las diferentes características de los puestos de trabajo "y las necesidades intrínsecas de cada centro gestor" harían aconsejable que el nuevo decreto contemplara la posibilidad de que dentro de una misma conselleria se pudieran elaborar diferentes programas con "peculiaridades propias".
De la misma manera que Compromís, áreas gobernadas por Unides Podem instan a revisar el papel que se reserva en el decreto para las subsecretarías con la intención de ampliar la "participación" de éstas dotándoles de más funciones "como por ejemplo para que puedan resolver la finalización de los programas de teletrabajo", y también para "garantizar la horizontalidad y homogeneidad entre departamentos". En este sentido, también indica que los criterios de distribución de la jornada laboral de los empleados públicos debería establecerlos el subsecretario de cada departamento en función de las necesidades organizativas del mismo.
Además, proponen eliminar la baremación para poder acceder a la modalidad no presencial de trabajo y que los costes "directos e indirectos ocasionados por el teletrabajo" deberían ser asumidos por la Administración valenciana, algo que también Compromís ha incluido en sus alegaciones.
