VALÈNCIA (EP) El grupo municipal de Cs ha anunciado que presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que investigue "las irregularidades" en la gestión de la Junta Central Fallera (JCF) planteadas en la auditoria de la Intervención municipal.
La Intervención del Ayuntamiento de València ha detectado que la Junta Central Fallera (JCF) incumplió en 2017 la normativa de contratos del sector público en numerosas adjudicaciones por valor total de 652.194 euros, tal y como adelantó Valencia Plaza, entre fraccionamiento y acumulación indebida de contratos en expedientes. Además, pone de manifiesto el mal uso de convenios por valor de casi 200.000 euros así como algunas reservas en el apartado de ayudas y subvenciones que se concedieron durante aquel ejercicio.
El informe de auditoría integral elaborado por el órgano de control concluye que el organismo autónomo que preside Pere Fuset "no ha cumplido, durante el ejercicio de 2017, en los aspectos más significativos con la normativa que resulta de aplicación". El aspecto más llamativo es el referido a las contrataciones, en el que la Intervención estudia la legalidad tanto de los procedimientos como de su adjudicación y desvela que en aquel año el ente fraccionó contratos por importe total de 190.497 euros.
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha comentado antes del pleno que tras llevar en octubre a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ante el Tribunal de Cuentas tras el fraude de cuatro millones de euros detectado en sus arcas, su formación lleva ahora a la JCF.
"Cada vez que el Interventor nos haga ver que los organismos autónomos no se trabajan como se debe, con la diligencia y transparencia que se tienen que trabajar este grupo acudirá al Tribunal de Cuentas para que audite y diga cómo se está trabajando el dinero de los valencianos", ha planteado.
A este respecto y durante el debate en el pleno de los informes de la Intervención General, Giner ha señalado que de ellos se desprende que "el trato de los fondos públicos no es el adecuado" y que se deben corregir "continuamente actuaciones", así como que "no se cumple la ley de contratos del sector público". "Es importante que la Intervención vea lo que pasa en los organismos autónomos", ha dicho, a la vez que ha censurado el "abuso de contratos menores".
Por otra parte, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha anunciado que estudia llevar a la Fiscalía "las contrataciones a dedo" del equipo de gobierno local. Así lo ha anunciado la portavoz 'popular', María José Catalá, que ha censurado el "uso y abuso claro de contratos a dedo y de fraccionamiento" en el consistorio.
"El Ayuntamiento hace un abuso claro de los contratos a dedo y del fraccionamiento. No nos queda más remedio que estudiar dirigirnos a la Fiscalía y remitir toda la documentación sobre esta práctica irregular", de la que ha advertido "la Intervención" municipal y que puede conllevar "posibles responsabilidades", ha expuesto Catalá antes de comenzar el pleno ordinario de enero en el consistorio.
Este ha sido uno de los temas que se han debatido en la sesión plenaria al darse cuenta de los informes anuales de la Intervención General de las actuaciones de control financiero permanente en materia de gastos y auditorias del ejercicio 2018, elaborados con posterioridad al pleno de septiembre de 2019.
María José Catalá ha expuesto que "el informe del Tribunal de Cuentas de 2016 decía que el 96,8 por ciento de las contrataciones realizadas en el Ayuntamiento eran a dedo --de manera directa por contratos menores, ha precisado el grupo municipal--" y que "uno de cada cuatro de los examinados era fraccionado". Igualmente, ha indicado que "en 2019 se hicieron cerca de 2.500 contratos a dedo por más de 14 millones de euros" sin contar "el sector público --municipal, empresas y organismos autónomos"--.
Catalá ha agregado que en 2018 se hicieron "cerca de 10.000 contratos menores entre las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Valencia". El grupo municipal ha añadido que estos fueron "directamente a través de la propia delegación municipal --3.011 contratos menores-- o a través de empresas públicas, organismos o fundaciones --6.620 contratos--" y ha apuntado que supone "una media de más de 185 contratos menores o a dedo a la semana".
El PP ha aseverado que el Tribunal de Cuentas apunta que se trata de contratos "de carácter reiterado en el tiempo", por lo que sostiene que su formalización es "perfectamente previsible" y afirma que "con una planificación adecuada deberían haber sido tramitados de forma conjunta a través de procedimientos ordinarios de preparación y adjudicación previstos en la ley de contratos del Sector Público".
Catalá ha lamentado que esto sea "una práctica habitual del gobierno de Ribó" a pesar de "las continuas advertencias de la Intervención General del Ayuntamiento" que señalan que "el fraccionamiento de contratos menores es una práctica irregular".
Durante el debate plenario, la portavoz del PP, que ha exigido "criterios de transparencia", ha dicho que en los informes de Intervención se ve que "todos los organismos y entidades fiscalizadas de la administración local no han cumplido los aspectos más significativos" de la normativa y ha citado entre ellos la Mostra, la JCF, el Observatorio del Cambio Climático, la Fundación de Policía Local y la de Parques y Jardines.
En respuesta a las críticas del PP por el fraccionamiento de contratos, el alcalde ha afirmado antes del pleno, preguntado por esta cuestión, que "quien más critica esto es el partido que más ha abusado de estas cosas" cuando gobernaba y ha aludido al dicho de quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Joan Ribó, que ha apuntado que "hay una nueva ley de contratos que tiene unas limitaciones mucho más exageradas", ha dicho que le gustaría hacer una "comparación respecto a lo que se hace ahora" en materia de contratación y lo que se hacía "antes", con el PP en el ejecutivo local.
Por su parte, Vilar ha señalado que se alegraba del debate en torno a las auditorias porque eso demuestra que existen y ha destacado que "lo primero" que hizo al asumir su delegación fue crear "el Servicio de Auditorias", además de subrayar que estas se hacen para "detectar fallos de funcionamiento, corregirlos" y lograr que "los organismos funcionen mejor".
El titular de Hacienda ha negado que haya entidades "colega" del gobierno local y ha pedido a PP y Cs que vayan "por otro camino". Asimismo, ha afirmado que "la irregularidad" sería "que no se dieran o justificaran" subvenciones.
