Llopis (Aecova): "No existe justificación técnica ni económica para la reversión del servicio de ITV"

VALÈNCIA. A partir del próximo 1 de enero, la Generalitat asumirá la gestión directa de las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana tras 25 años de explotación mediante un modelo concesional. La decisión del Consell del Botànic de no prorrogar los contratos de las siete empresas que prestan el servicio actualmente abre un nuevo escenario que, según la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA) puede deteriorar la calidad del servicio y suponer un mayor coste público para el contribuyente.

Por este motivo, y con la voluntad de generar un debate "constructivo y sostenible" que permita explorar nuevas vías de colaboración público-privada para este servicio, los principales agentes implicados han analizado en un desayuno informativo de Valencia Plaza los diferentes modelos de gestión que se aplican en las CCAA y las oportunidades que pueden abrirse a partir de 2023.

En este debate han participado Francisco Llopis, portavoz de AECOVA; Gemma Fajardo, secretaria autonómica de Justicia; Sabrina Femenía, del Club de Empresas Responsables de la Comunitat Valenciana; y Francisco Javier Sánchez-Ferragut, jefe del sector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia; Ignacio Guerrero, director técnico de Aecova

El portavoz de AECOVA ha llevado a cabo la apertura de esta jornada en la que ha considerado que, tras 25 años gestionando las estaciones de ITV de forma "eficaz" en la Comunitat Valenciana, resulta "injusto" que se les utilice como "herramienta política". "Si va a haber reversión, deseamos que se haga de la mejor forma para la sociedad valenciana. Nosotros como empresas queremos ganar dinero y crear empleo de calidad, pero no hacernos millonarios", ha reivindicado el empresario.

A su juicio, la decisión de la Conselleria de Economía de no prorrogar los contratos de las siete empresas que actualmente gestionan el servicio se tomó a partir de un informe económico de una consultora externa (Nuve) que se les ha "negado" a cada una de las empresas y que, además es "flojo" y contiene imprecisiones.

Por eso, Llopis ha considerado que el proceso "no está maduro" y que la Conselleria de Economía está dando pasos antes de que se conozcan las conclusiones de la comisión de trabajo constituida para el proceso de reversión entre las empresas y la administración. "Hay tantas cosas por delante que no vemos que se puedan resolver en el corto plazo para la gestión pública directa a partir de 2023", ha añadido Llopis, quien una de las cuestiones a resolver es si las empresas concesionarias deben ser compensadas por el tiempo que el servicio estuvo suspendido durante la pandemia.

Frente a ello, Gemma Fajardo, secretaria autonómica de Justicia, ha considerado que no se puede sacar la conclusión de que las reversiones sean "decisiones arbitrarias", sino que siempre se analiza "la conveniencia y la oportunidad". "Me consta que se hacen estudios", ha defendido Fajardo, quien ha explicado que la Generalitat ha constituido una comisión presidida por ella para "estudiar y debatir" sobre la reversión de servicios públicos externalizados a partir del análisis de los procesos llevados a cabo hasta ahora, pero no decide sobre las reversiones futuras.

"Estamos trabajando con los procesos que ha habido, para analizarlos y extraer buenas prácticas y los errores cometidos. Pero es una comisión de estudio para que, si se llevan a cabo, las reversiones se hagan en las mejores condiciones para todas las partes "y con los menores daños para todos", aunque haya intereses contrapuestos.

En opinión de Gemma Fajardo, muchos de los problemas de las reversiones surgen porque no se han previsto y ha destacado que era necesario establecer un "control" de las reversiones que se han realizado en la Comunitat Valenciana porque, entre otras cosas, la administración se ha encontrado con algunas "sorpresas" del pasado como la falta de control sobre las concesiones.

Ignacio Guerrero, director técnico de Aecova, ha explicado que el modelo más extendido en las CCAA es el de concesión administrativa y ha recordado que el informe que la Sindicatura de Comptes realizó en 2017 sobre este asunto ya analizó los diferentes modelos autonómicos. La tendencia, según ha expuesto, es avanzar hacia el modelo concesional, pero con contratos más cortos, de en torno a diez años. Por el contrario, el modelo de gestión pública directa sería, citando a la Sindicatura, menos ventajoso para la administración. El modelo directo está en vigor en Andalucía y Asturias, pero ha destacado que son sistemas "muy rígidos" que han sufrido mucho durante la pandemia precisamente por esa falta de agilidad.

"Son modelos que funcionan, pero tienen poca agilidad para afrontar situaciones complicadas como la covid, ha explicado Guerrero. Al respecto, Francisco Llopis ha recordado que las estaciones de la Comunitat Valenciana tuvieron que contratar y formar a un gran número de personal para atender la demanda acumulada cuando las estaciones se reabrieron tras el confinamiento. Frente a ello, ha asegurado que en Asturias y Andalucía tuvieron "muchísimos problemas".

En relación al encaje laboral en la administración de los 1.200 empleados que ahora trabajan en alguna de las siete empresas concesionarias, con ocho convenios laborales distintos, Llopis ha pronosticado que será un proceso "complejo". Sin embargo, Gemma Fajardo ha considerado que este proceso será más sencillo que en el caso de las reversiones sanitarias porque en el caso de las ITV el personal se incorporará a una mercantil pública de la Generalitat con las mismas condiciones y el mismo convenio que tenía en la empresa privada. Al respecto, ha explicado que uno de los asuntos que se analizan en la comisión de análisis de las reversiones es el de cómo deben renovarse esos convenios una vez llevada a cabo ya la reversión.

Renovaciones con bajadas de precio

Al contrario de lo previsto en la Comunitat, algunas de las CCAA con modelo concesional sí han prorrogado los contratos con las empresas. Se trata de Galicia o Aragón, donde además se ha producido una revisión a la baja de las tarifas. Mientras, regiones como la Comunidad de Madrid, Murcia o Canarias mantienen un modelo de liberalización total sin fijación de precios por parte de sus respectivos gobiernos que, según Aecova, "pincha" porque adolece de falta de control.

Otro modelo es el de la autorización reglada, que se da en comunidades como Castilla-La Mancha o Cataluña, en el que no se permite una competencia al nivel de la liberalización total.

Para Francisco Llopis, la Conselleria de Economía debería tener en cuenta todos estos ejemplos dentro del proceso de diálogo abierto con las empresas y analizarlos antes de decidir. "No entendemos esta animadversión", ha lamentado.

Por su parte, Sabrina Femenía, del Club de Empresas Responsables de la Comunitat Valenciana, ha resaltado que las empresas han de ser sostenibles, también desde el punto de vista económico, pero ha considerado que la administración también debería serlo en lugar de asumir que el modelo público debe ser siempre deficitario y, además, tiene la administración de controlar a las empresas concesionarias para que se cumplan las condiciones del contrato.

El informe de la Sindicatura de Comptes, según han recordado Francisco Llopis e Ignacio Guerrero, destaca aspectos como el aumento de las líneas de inspección en un 55% por parte de las empresas concesionarias o el bajo nivel de reclamaciones (veinte cada 100.000) por lo que considera que el proceso puesto en marcha por la Conselleria de Economía resulta "absurdo" porque no se sustenta en los indicadores de la calidad de prestación del servicio.

Francisco Javier Sánchez-Ferragut, jefe del sector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia, ha destacado el papel del cuerpo al que pertenece en la detección de algunos fraudes que se producen en la inspección de vehículos y ha destacado la necesidad de que se mantenga la comunicación entre las estaciones de inspección y la Guardia Civil para facilitar su papel de vigilancia y control de las infracciones relacionadas con la ITV y de algunos delitos como la falsificación de bastidores y que afectan a la seguridad vial o al medioambiente.

Entre los fraudes aflorados, Sánchez-Ferragut ha expuesto que se dan sobre todo en vehículos de importación en los que se realizan modificaciones para que parezcan con menor antigüedad o con menos kilómetros. También se dan casos de falsificación de las dimensiones del vehículo para poder cargar en ellos más peso del autorizado.

Informe y contrainforme

Los representantes de Aecova han insistido en que el informe de Nuve Consulting en el que la Conselleria de Economía sustenta su decisión de no prorrogar el contrato contiene "errores de bulto" y previsiones como la de presupuestar en 700.000 euros la construcción de una nueva estación de ITV de ocho líneas en Torrent son "un despropósito". 

"No existe justificación ni técnica ni económica para la reversión", han insistido los representantes empresariales, quienes han recordado que en los 24 años que llevan prestando entre el servicio han aportado 420 millones de euros a la Generalitat a través de distintos cánones.

El informe encargado por la Generalitat para la reversión la justifica por motivos económicos al estimar en 39 millones de euros el beneficio anual para la administración, pero según Aecova, que dispone de un informe pericial que desmonta muchas de las previsiones del estudio de Nuve, el cálculo es erróneo porque no tiene en cuenta costes relacionados con el personal.

"Es un tema político discrecional de quien gobierna", ha subrayado Francisco Llopis, quien ha desvelado que entre los errores "de bulto" aflorados por los auditores de cuentas y peritos que han analizado el informe de Nuve están el haber dejado fuera a todos los trabajadores del lote cuatro, el equivalente al 20% del total de empleados que pasarán a la mercantil pública.

"Los 39 millones de beneficio son un despropósito porque, entre otras cosas, no detrae el impuesto de sociedades que también las empresas públicas están obligadas a pagar cuando tienen beneficios", ha considerado el portavoz de Aecova.

La consecuencia de esas previsiones económicas erróneas serán "perdidas que tendremos que soportar todos los valencianos". "Ese es el problema fundamental que vemos, sobre todo cuando no hay problemas de calidad y nosotros estamos dispuestos a mejorar el servicio. No es lógico", ha lamentado.

Por ese motivo, Llopis ha vuelto a tender la manos a la Generalitat para estudiar fórmulas alternativas de gestión: "Estamos abiertos a cualquier modelo de colaboración público privada que permita a los valencianos tener un servicio de calidad".

Al respecto, Ignacio Fajardo ha precisado que fórmulas de gestión "hay muchas" y ha abogado por analizar algunos aspectos de los contratos actuales en la Comunitat Valenciana porque la prórroga de diez años prevista no tiene "ningún sentido" tal y como se planteó en su momento a menos que se exigiera más compromisos a las empresas sobre los que están abiertos a debatir con la Generalitat.