El juez desimputa al marido de una asesora del PP de Valencia en el caso de blanqueo

VALENCIA. El juez que instruye caso Imelsa ha acordado, en la pieza separada sobre el presunto caso de blanqueo en Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, el sobreseimiento de la causa contra el marido de una de las asesoras del PP, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). 

Se trata, según ha podido saber Valencia Plaza, de Rubén C. C., marido de la asesora María Vicenta Boquer, que realizó la transferencia de 1.000 euros al Grupo Popular municipal a instancias de ella, a través de la banca electrónica. La transferencia se hizo desde una cuenta conjunta de ambos pero con sus claves, motivo por el cual fue imputado.

El magistrado, de conformidad con el criterio del fiscal, estima la petición del investigado y concluye que “resultando insuficientes, a la vista de lo actuado, los indicios de participación en los hechos (…) debe acordarse el sobreseimiento provisional y parcial de las presentes actuaciones” respecto de este imputado, marido de una asesora del grupo municipal popular también investigada en estas diligencias.

El instructor acuerda además recabar información sobre las cuentas bancarias en las que aparezcan como titulares o autorizados otros cuatro investigados: un concejal, dos exediles y una asesora.

El juez también solicita a una entidad financiera información sobre la cuenta bancaria de la mujer de otro de los asesores investigados, a quien además cita para que declare como testigo el próximo 15 de abril.

Con respecto a la secretaria del grupo municipal, imputada en la pieza principal del “Caso Imelsa” y en la pieza en la que se investiga solo el blanqueo de capitales, el titular de Instrucción 18 ordena que le sea devuelta parte de la documentación intervenida en el registro de su vivienda “por carecer de todo interés para la causa”.

En total, el “Caso Imelsa” hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

En la pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones que éstos realizaron al partido para blanquear un dinero de procedencia ilícita.