Imagen de archivo de los acusados el primer día del juicio. Foto: Francisco Martínez/EPVALÈNCIA. El juicio del caso Cooperación, que juzga las piezas II y III de la presunta apropiación de fondos públicos destinados al Tercer Mundo y que sienta en el banquillo al exconseller del PPCV Rafael Blasco y a otros 23 imputados, continuó este lunes con el final de las cuestiones previas. Unas cuestiones previas que estuvieron envueltas en la polémica pues José Calatayud, letrado del exjefe de Cooperación y mano derecha de Blasco en la Conselleria Marc Llinares, acusó a la Abogacía de la Generalitat y, sobre todo, a la Coordinadora de ONGD, de coaccionar a varios procesados si querían llegar a un acuerdo de conformidad con ellos. Unas coacciones que, supuestamente, se tradujeron en obligar a dichos procesados a decir lo ellos querían.
En su turno de palabra, el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, afirmó sobre la acusación de coacciones que "las alegaciones nos parecen exageradas e impropias. Dichas alegaciones son las realizadas en relación con la existencia de coacciones por pactos de conformidad a cambio de incriminar a ciertos acusados. No tenemos conocimiento y si lo supiéramos lo denunciaríamos".
Sobre este punto, la representante de la Abogacía de la Generalitat dijo que "coacción ninguna, son las representaciones de los acusados las que se han acercado a nosotros, simplemente les hemos dicho que veremos cómo va el proceso y en las conclusiones actuaremos en consecuencia".
La acusación popular, a quien según los presentes iba dirigido el dardo, aseveró que "es un absoluto sinsentido". Su representantes añadió: "Las defensas que abogan por que no se hagan circos mediáticos hacen referencia a esto. Si consideran que se ha hecho esto tienen la Policía y el Juzgado de Guardia. Este letrado es el pin pan pum de las defensas. Que prediquen con el ejemplo si no quieren que esto se convierta en un circo mediático. Es la manifestación más improcedente que se ha hecho en esta sala".
Y apostilló con un ‘recadito’ para Javier Boix, letrado defensor de Blasco, del que dijo que "ha anunciado a modo de coacción -la palabra del día-, de anuncio o de no sé qué, que buscaría una condena en costas para nosotros. Si pretende amedrentar...". En su opinion, "si consiguiera una condena millonaria que hiciera que la coordinadora pagara más que los acusados nos encontraríamos ante una situación contradictoria".
Los magistrados de la Sala de la Audiencia Provincial que juzga la causa respondieron a este cruce de reproches y acusaciones que contestarán "cuando proceda". Esta respuesta dejó perplejos a varios letrados, que consideraron que se había producido la denuncia de un delito, el de coacciones, y por lo tanto, el presidente del tribunal debería haber parado el juicio. "No entendemos que el tribunal no haya, al menos, parado el juicio y tomado nota de lo dicho por el compañero, pues el artículo 267 obliga a extender un acta en forma de declaración cuando la denuncia sea verbal, explicaron a Valencia Plaza.
Sin embargo, fuentes de la judicatura consultadas por este mismo periódico, explicaron que "cuando en sala se hace una denuncia de ese tipo, sin aportar ningún tipo de prueba más allá de la declaración del letrado, no se paraliza el juicio. Lo normal, si se tienen pruebas, es acudir de inmediato al juzgado de guardia". Las mismas personas explicaron que "tiene toda la pinta de ser una denuncia con el fin de dilatar el procedimiento".
El juicio, embarrado en esta última sesión previa a las declaraciones de los procesados, deriva de la investigación sobre el fraude en las subvenciones a ONG y en los fondos para construir un hospital en Haití. En el banquillo se sientan, además de Blasco, el empresario César Augusto Tauroni, Marc Llinares y otras 21 personas. La Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat y la Coordinadora de ONGD reclamaron en su día hasta 170 años de prisión en total, aunque finalmente más de la mitad de los acusados han llegado a diferentes pactos de conformidad, algunos con todas las acusaciones, otros con dos de ellas y los principales acusados solo con la Fiscalía Anticorrupción.
Antes de la polémica por las supuestas coacciones, el letrado de Llinares había explicado que su defendido asumía todos los cargos y que había entregado todo su patrimonio, dentro del cual se incluye una casa en Dénia por valor de 395.000 euros, a los que había que sumar los casi 100.000 que están en posesión del juzgado por las rentas retenidas. Por todo ello, solicitó que se suspenda el juicio o, en todo caso, que solo se celebre con aquellos procesados que no tengan acuerdos con el fiscal, al haber aceptado ya los hechos los firmantes de los pactos.
De la conformidad dijo que "se alcanza para evitar que esto se convierta en un espectáculo. Estamos viendo como los medios están machando personalmente al menos a mi representado. Evitar todo eso ha llevado a mi mandado a conformarse. Hay que limitar a la acusación popular porque jurídicamente no es perjudicado".
Por otro lado, el alcance de acuerdos por parte de algunas de las defensas con el Ministerio Fiscal dentro del juicio por el caso Cooperación, pero no con el resto de las acusaciones, deja en una situación más que delicada al tribunal. Si finalmente deciden imponer las penas solicitadas por el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco a los principales acusados, tres años y medio, el tribunal se va a encontrar ante la tesitura de decretar penas mucho mayores para los nueve procesados que no han llegado a un acuerdo cuando la petición inicial era de menos de la mitad a que Blasco, Tauroni y Llinares.
