Jaiver S. Burgos, gerente del Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe.Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Por tercer año consecutivo, la Intervención de la Generalitat y la firma privada BDO Auditores han decidido no firmar las cuentas del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y denegar su opinión. Así lo recoge el informe de auditoría para el año 2018, un ejercicio compartido entre el ex director gerente José María Millán y el actual director económico, Javier S. Burgos, quien asumió el cargo en el mes de julio. "Encontré una situación realmente complicada en la fundación", señalaba S. Burgos en una entrevista a Valencia Plaza el pasado mes de abril.
Y es que las cuentas de 2016 y 2017 costaron el cargo a su anterior gerente tras manifestar las auditorías numerosas dudas sobre su gestión. De hecho, el auditor recuerda que la fundación se encuentra inmersa en un proceso judicial por la comisión de presuntas irregularidades en la dirección del instituto. "Después de siete u ocho meses ya podemos decir que ha sido una travesía, y no hemos salido del todo", reconocía S. Burgos, aunque señalaba que gran parte de su esfuerzo se había volcado en solucionar los problemas de los años anteriores, ya que era necesario que el patronato de la fundación aprobara las cuentas de 2016 y 2017 para el proceso de reacreditación del Instituto de Salud Carlos III.
A la fecha de realización del informe, BDO no había recibido respuesta sobre la información solicitada acerca de las subvenciones otorgadas por organismos públicos a diciembre de 2018. Concretamente, 12,7 millones del epígrafe 'Otros créditos con las Administraciones Públicas' y determinados importes relacionados con las deudas transformables en subvenciones por importe de 15,8 millones. En el ámbito privado, también alude a 2,3 millones de euros incluidos como saldos a cobrar referentes a ensayos clínicos o subvenciones privadas y 19,5 millones correspondientes a deudas transformables en subvenciones vinculadas a proyectos de investigación privados y ensayos clínicos.
"Debido al sistema de control interno establecido en la Fundación en relación con la gestión individualizada de este tipo de expedientes, no hemos obtenido evidencia suficiente del adecuado control del corte de operaciones de ingresos y gastos al inicio y al cierre del ejercicio, ni hemos podido concluir sobre la posibilidad de que como consecuencia de la finalización del proceso de investigación o ensayo realizado pudiera ponerse de manifiesto importes que fueran objeto de posible reintegro o que debieran reconocerse en la cuenta de resultados del ejercicio", señala el informe.
Además, también recoge que el instituto ha cambiado el criterio de reconocimiento de los gastos repercutidos a los proyectos de ensayos clínicos, lo que ha provocado un aumento en las reservas y en el resultado del ejercicio de 533.000 euros y 764.000 euros respectivamente. "Como consecuencia, las cifras del presente ejercicio no son comparables con el ejercicio anterior, dado que no se han reexpresado los saldos, incumpliendo así la normativa contable en vigor", señala.
Como ya se señaló en la auditoría de 2017, el inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce parte de su actividad y sobre el que ha realizado inversiones por 13,5 millones de euros es propiedad de la Generalitat Valenciana. Esto hace que esté registrado en el epígrafe de 'Inmovilizado Material' únicamente por el valor de las inversiones realizadas por la Fundación. "No podemos concluir sobre el adecuado registro y valoración del inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce su actividad, así como el efecto que su adecuado tratamiento contable pudiera tener en el resultado del ejercicio", lamenta.
Por otro lado, recuerda la comunicación del Ministerio de Economía a la Fundación sobre la revocación del préstamo cuyo capital pendiente a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 2,4 millones de euros, al no disponer de la titularidad del edificio en el que se están acometiendo las inversiones objeto de la ayuda. Con esta situación sobre la mesa, la Fundación realizó los trámites para el traspaso de titularidad en enero de 2015. "Desconocemos el desenlace de este procedimiento y sus efectos sobre las cuentas generales adjuntas", apunta el auditor.
S. Burgos ya asumía que podrían existir discrepancias con las cuentas de 2018. "Nos hemos dedicado el último cuatrimestre del año. Poco se puede hacer en tres meses respecto a un año de muchos cambios, pero hemos marcado la hoja de ruta para ir normalizando progresivamente las finanzas de esta fundación. Donde probablemente veamos un efecto más importante es en 2019".
