VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València reactivará el PAI del Grao modificando el proyecto urbanístico existente. Un trabajo que debe llevar a cabo la empresa municipal Aumsa y que ha desvelado una deuda que la firma pública mantiene a día de hoy con los redactores del proyecto inicial, recibido hace una década. El proyecto, que se encargó a dos compañías por valor de 976.000 euros, y el 85% del total todavía no se ha abonado a los redactores -830.000 euros-, que incluso han ido a los tribunales para reclamar el pago.
Hay que mirar a 2011 cuando, tras la decisión de la Generalitat de no repetir el campeonato de Fórmula 1 en el circuito urbano del Grao, el Ayuntamiento se puso manos a la obra para activar el desarrollo urbanístico de la zona. Así, Aumsa adjudicó en 2011 el contrato para redactar el proyecto a la unión de empresas entre el despacho del conocido arquitecto Tomás Llavador, y el grupo Typsa. Un año después, el proyecto estaba presentado, pero Aumsa sólo pagó el 15% del total debido a su paralización en el seno del consistorio.
Según el contrato, la administración pagaría el 15% una vez entregado el proyecto, y el resto en diferentes hitos: tras su aprobación inicial (15%), tras la respuesta a las alegaciones al proyecto (20%), y el 50% restante, cuando se iniciaran las obras de urbanización del sector. Pero como el proyecto estuvo paralizado en el seno de la administración, sólo se pagaron los primeros 146.000 euros aproximadamente.
De ahí que en 2020 la UTE fuera a los juzgados a reclamar, por la vía contencioso-administrativa, los otros 830.000 euros restantes, además de intereses de demora, indemnización, la recuperación de la garantía abonada y otros importes. Los redactores del proyecto consideraban en su demanda que su trabajo se había realizado pero que no eran responsables de los lentos tiempos internos del Ayuntamiento, según explican fuentes internas de la concejalía de Urbanismo, que encabeza Sandra Gómez.
Así estaba la cuestión hasta que, el pasado mes de julio, el Ayuntamiento aprobó unas nuevas directrices para modificar el proyecto original, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, el rechazo a prolongar la Alameda hasta la fachada marítima. Estas modificaciones, que ahora tiene que desarrollar Aumsa, brindan a la firma una oportunidad para evitar que la sangre llegue al río en los juzgados.
Así, según confirman las mencionadas fuentes, se cambiará el contrato adjudicado en su momento para encargar a la misma UTE la modificación del proyecto con las nuevas directrices, así como su adaptación a la normativa actual. Un proceso que se inició este mismo lunes, cuando el consejo de administración de Aumsa dio luz verde a la actualización del contrato.
Esto reactivará el desarrollo urbanístico y, por tanto, permite avanzar en los hitos fijados en el contrato, de manera que los despachos podrán cobrar la deuda conforme se vayan superando los plazos, aseguraron en el Ayuntamiento. Además, no obstante, las nuevas modificaciones implicarán nuevos honorarios para los despachos por valor de casi 97.000 euros, que se sumarán a los otros 830.000 que se adeudaban.
