El Ayuntamiento de València prevé dejarse 700.000 euros al año en las nuevas comisiones bancarias

VALÈNCIA. Ya está aquí, parecen decirse en el Ayuntamiento de València. Ha llegado el momento en el que el consistorio de la capital deberá pagar a las entidades bancarias comisiones por los depósitos y las cuentas a plazos fijos. Así, según cálculos realizados por la concejalía de Hacienda, esta partida se llevará en torno a 700.000 euros anuales y la intención de los bancos es empezar a aplicar esta medida el año que viene.

"La mayoría de ayuntamientos ya pagan; nosotros estábamos resistiendo", explican fuentes consistoriales. La administración municipal de la capital ya está negociando con las diferentes entidades bancarias donde tiene sus depósitos con el propósito de fijar el porcentaje a desembolsar. "La broma", ironizan, saldría por la mencionada cuantía a pagar cada año, según la proyección de la delegación de Hacienda.

Hasta hace poco, el debate sobre el cobro de una comisión por los depósitos en una entidad bancaria había escapado a las administraciones públicas. Algo que ha cambiado últimamente y, como publicó Valencia Plaza, en 2020 se empezará a aplicar con mayor determinación. Así, ayuntamientos y diputaciones tendrán que pagar una comisión de hasta el 0,40% de los saldos que tengan en los depósitos o cuentas de plazos fijos. 

Será una cuota anual, que en algunos casos puede ser de cientos de miles e incluso millones de euros, según los remanentes que conserve cada institución pública. Por ejemplo, la Diputación de Alicante calcula que en su caso puede alcanzar el millón de euros. El Ayuntamiento de València, por su parte, hace una proyección menor: 700.000 euros.

Así pues, el consistorio deberá tener esto en cuenta para aprobar los presupuestos del próximo ejercicio, algo que ocurrirá la próxima semana. Señalan en la Concejalía de Hacienda que sí se ha atendido a este extremo y que se ha incluido en el apartado de gastos financieros. En la oposición rebaten al equipo de gobierno e insisten en que las partidas que pueden estar dedicadas a este menester -'Otros gastos financieros'- están "infradotadas", con apenas 82.000 euros.

Subrayan, además, que los entes públicos dependientes del Ayuntamiento de València, como podrían ser la Empresa Municipal de Transportes (EMT) o la empresa urbanística municipal Aumsa, también deberían tener esto en cuenta a la hora de diseñar los presupuestos para el próximo año.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, criticó este martes que el presupuesto municipal adolece de una "clara omisión del crédito necesario" para cumplir con esta obligación que le van a exigir las entidades financieras a partir del próximo ejercicio. "Ribó ha infradotado el presupuesto", insistió. Además, señaló más tarde que, en este sentido, las cuentas incumplen la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que exige dotar "del crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local", como se entienden este tipo de comisiones. Es una de las reclamaciones que la formación naranja ha puesto ante los presupuestos.

Del BCE al Ayuntamiento

La norma sobre el cobro de comisiones hace tiempo que existe, pero todavía no se había implantado con contundencia al cliente institucional. Emana de una directriz del Banco Central Europeo, que en 2014 impuso a los bancos privados la obligación de pagar el 0,4% por guardar el dinero para incitar a los bancos a 'abrir el grifo' del crédito y, así, estimular la economía.

Ahora bien, esto, como algunos preveían, ha acabado afectando al cliente final, especialmente a aquellos que prefieren tener 'aparcado' su dinero en un depósito. Desde que el BCE tomara esta decisión, está el debate sobre si esa comisión se repercute, primero, en el cliente particular -algo que de momento parece descartado-; después, en la gran empresa -donde ya se dan casos-, y finalmente, en el cliente institucional, algo que parece más cerca. 

Ahora, en cambio, crece el convencimiento en el seno de la administración pública de que los bancos cobren a los ayuntamientos por sus saldos en depósitos. Huelga recordar que los consistorios acumulan importantes remanentes por la aplicación de la regla de gasto, que obliga a los ayuntamientos con superávit a amortizar deuda bancaria (si la tienen), o a destinar ese dinero a obras denominadas financieramente sostenibles (que no generan gastos de personal para su gestión o mantenimiento). Si no se dan ninguno de los casos, los ayuntamientos no pueden hacer uso de ese dinero.

Panel de expetos: los ayuntamientos no se podrán escapar

Tras conocerse la noticia, este diario abordó junto a tres expertos financieros cómo afectará la decisión de los bancos a los consistorios y qué pueden hacer para intentar minimizar su impacto. Para el director de la oficina de Alicante de la sociedad de valores Diaphanum, Héctor García, la única opción que les queda a los ayuntamientos es negociar unas condiciones particulares con su banco en una suerte de "venta cruzada", para garantizar a la entidad un volumen de negocio a través de, "por ejemplo, las nóminas de su personal", que permita compensar el citado cobro.

Por su parte, René Bauch, cofundador de la EAFI alicantina gCapital Wealth Management,  subrayó que los consistorios no tienen prácticamente ninguna posibilidad de dejar de pagar la comisión por depósitos si los bancos la implantan a partir de 2020, como tienen previsto. "Por su propia naturaleza, no pueden 'huir' de los depósitos, el Estado español tiene prohibido comprar bonos". Así, "tienen que asumir que los tipos son negativos y pagar".