Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Después de que el decreto de los ahorros locales fracasara en el Congreso de los Diputados este jueves, el futuro de las cuentas de los ayuntamientos es poco halagüeño. La lluvia de millones prometida por el Gobierno no se producirá y los entes locales deberán elaborar unos presupuestos de 2021 continuistas o incluso realizar recortes notorios. Es el caso, este segundo, del Ayuntamiento de València, donde el gobierno municipal se enfrenta a la tijera por valor de 33 millones de euros el próximo ejercicio si el contexto no cambia.
Las cuentas de 2021 estarán condicionadas, si no definidas, por la merma en los ingresos del consistorio con motivo de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. El escenario que traza el ejecutivo local dice que las arcas municipales dejarán de ingresar en torno a 70 millones de euros, fundamentalmente por la caída de la recaudación de impuestos y por el decremento en las transferencias corrientes que recibe el Ayuntamiento del cap i casal.
Así, de los 880 millones de euros proyectados en 2020, se pasará a una cuantía de 810. Una circunstancia de no poca relevancia que obligará a tomar decisiones drásticas en el área de Hacienda que dirige el edil socialista Borja Sanjuán. La primera: endeudarse. Para hacer frente a esta delicada situación y reducir el impacto financiero de la crisis, el gobierno local acudirá a los préstamos bancarios. Una herramienta a la que tiene acceso el Ayuntamiento al gozar de una buena salud financiera tras años -desde 2013- reduciendo la deuda.
Con ello se conseguiría cubrir parte del agujero económico, permitiendo disponer a la administración municipal de València de unos 40 millones de euros, con la consecuencia de que 2021 será un 'año perdido' en la senda de la reducción de deuda. Como se prevé amortizar una cantidad levemente menor a los nuevos préstamos, la deuda crecerá varios millones de euros. Todo ello yendo al máximo de endeudamiento que tiene permitido el Ayuntamiento.
El resto, un desajuste de 33 millones de euros concretamente, deberá ser subsanado reduciendo el gasto. Esto es, rememorando viejos tiempos tijera en mano. Y aunque pueda parecer una cuantía no demasiado abultada si se tiene en cuenta que el presupuesto anual consolidado de más de 1.000 millones de euros, cobra importancia al atender que buena parte del dinero que maneja el Ayuntamiento ya está comprometido. Esto es, que no se puede reducir.
Es, por ejemplo, el caso de los salarios -que se lleva un tercio del presupuesto, más de 300 millones-, y el pago de muchas contratas ya suscritas por varios años -como la de limpieza o saneamiento- para dar cobertura a los numerosos servicios que cubre un gran ayuntamiento. Tras acumular todas estas partidas, resta lo que sí podría tocarse, que en buena medida son lo que podrían llamarse "políticas". Esto es: planes de empleo, ayudas y subvenciones, adquisición o rehabilitación de inmuebles, obras, etcétera. Todo ello podría ser objeto de reducción.
Así, el gobierno municipal que conforman Compromís, liderado por el alcalde Joan Ribó, y PSPV, dirigido por Sandra Gómez, deberán diseñar unos presupuestos restrictivos tras cinco años incrementándolos año tras año. Una situación que obligará a acordar qué concejalías concentrarán los mayores recortes y qué partidas son las más afectadas. O en otras palabras, se tratará de los presupuestos del gobierno de izquierdas negociados "más a cara de perro", en palabras de un miembro de la oposición este viernes.
¿Qué suponía para el Ayuntamiento de València el decreto que llegaba al Congreso aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez? El documento como tal otorgaba a la ciudad 62 millones de euros. Por un lado, si el Ayuntamiento se acogía, debía ceder sus ahorros -actualmente bloqueados por las leyes de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro- al Gobierno, que los devolvería en un período de 15 años a partir de 2022. Aquí, el consistorio podía gastar, tras recuperarlo, 36 millones de euros.
Pero además, y de manera más inmediata, el Ejecutivo repartiría entre 2020 y 2021 un fondo extraordinario de 5.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia entre los ayuntamientos que cediesen sus ahorro, a razón del 35% del ahorro entregado. Un concepto por el que València recibiría unos 11 millones de euros. Y también se incluía un crédito para las empresas de transporte municipales de hasta 400 millones en función de la facturación de cada una. En el caso de la EMT de València, llegaba a los 15 millones de euros. En total, 62 millones aproximadamente.
La falta de acuerdo con el resto de fuerzas políticas hizo ceder a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ofreció modificar el decreto con un proyecto de ley posterior, fijando que el fondo extraordinario de los 5.000 millones se repartiría un 60% en función de la población, y el 40% restante, en función del ahorro aportado. Un cambio de criterio que a los 11 millones de euros sumaba más de 50 millones, alcanzando unos 61 millones en este concepto y, en total, 113 millones, según explicaron los socialistas valencianos.
El 'no' de Compromís al decreto soliviantó al PSPV, quien abogaba por una visión pragmática de la situación y desde donde se recordaba que si no se aprobaba el decreto, las arcas municipales se enfrentaban a un 2021 de sequía. La vicealcaldesa Sandra Gómez, dijo que el fracaso del decreto aboca al Ayuntamiento "a un recorte presupuestario muy importante". En concreto, de 33 millones.
"Nos estábamos jugando ayer tener unos presupuestos que apuesten por resolver los problemas que está planteando la pandemia a nivel económico, social y sanitario o hacer unos presupuestos que nos lleven a los peores años de la crisis económica" y que representen "recortes", aseguró. Así, insistió en que la posición de la derecha, y especialmente del PP, "ha dejado entrever que esta maniobra no buscaba el bien de los ciudadanos, de las ciudades y de los ayuntamientos" sino que "era una estrategia política de desgaste al Gobierno socialista".
Aludió en este punto a Compromís para lamentar que, con "una responsabilidad muy importante en la ciudad" haya rechazado el decreto ley y el "error político importante" de "dejarse llevar por un movimiento que lo único que buscaba es el desgaste del Gobierno del PSOE". "Aquí se había acordado acogernos decreto y plantear el próximo lunes un pleno que lo posibilitara. Ya se había empezado a trabajar con los servicios para hacer ese cambio presupuestario que nos permitiera acogernos al decreto. No entiendo el último bandazo, el último giro", apuntó.
Compromís, por su parte, exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que empiecen a negociar ya un nuevo decreto para liberar el superávit de los ayuntamientos y que puedan hacer frente a la crisis. El alcalde, Joan Ribó, y el diputado de la coalición, Joan Baldoví, tacharon de "profundamente indecente" que se intente hacer creer que no hay una segunda oportunidad para el decreto y criticó la manera en la que se fraguó. "Podría estar en el manual de las malas negociaciones", aseveró.
El primer edil insistió en que el decreto era "extraño" y logró poner de acuerdo en el 'no' a ayuntamientos de todos los colores políticos como los de València, Alicante y Castelló. "Las ciudades son Estado y merecen un trato digno", ha exclamado. El objetivo, defendió, es que el 100% del fondo de emergencia que incluía el acuerdo se reparta con criterio poblacional, lo que para València "supondrá unos 85 millones de euros", y desvincularlo de los remanentes.
