VALÈNCIA. El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, que se concibe como una herramienta estratégica para la planificación de las políticas públicas de responsabilidad social y para su adopción transversal en las administraciones públicas y en las entidades valencianas.
Según informa la Generalitat, se trata de una norma con la que el Gobierno valenciano sitúa la responsabilidad social en el centro de las políticas públicas. De esta forma, la Comunitat se convertirá en la segunda autonomía que dispondrá de una ley que regule una materia clave para el cambio hacia un modelo social y económico más justo, sostenible e igualitario por el que apuesta el Govern del Botànic.
La iniciativa ha sido presentada este viernes por el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. El anteproyecto de Ley de Fomento de la Responsabilidad Social se estructura en base a cinco ejes:
1. Clarifica y concreta la realidad de la Responsabilidad Social introduciendo conceptos como "auditoria social" o "pactos de integridad". Se facilita así a los operadores jurídicos la interpretación de una norma que aborda una materia relativamente nueva.
2. Regula el compromiso de las administraciones públicas valencianas y del sector público instrumental para integrar en sus políticas la responsabilidad social. Con esa finalidad, la Generalitat estará obligada a rendir cuentas anualmente a través de una Memoria que deberá presentar ante Les Corts.
Este compromiso de las administraciones públicas valencianas afectará, de manera particular, a la gestión de sus recursos humanos y a la prestación de sus servicios a los ciudadanos. Es decir, se promoverán fórmulas que, como el teletrabajo, permiten la flexibilidad y racionalización de horarios por facilitar la conciliación de la vida personal y laboral, además de fomentar la implicación de su personal en acciones de voluntariado corporativo. Asimismo, se incidirá en la mejora continua y modernización de los servicios.
3. Impulsar la contratación pública responsable. En los procedimientos de licitación y adjudicación se tendrán en cuenta aspectos sociales, éticos y ambientales. En este sentido, se facilita la introducción de cláusulas de responsabilidad social como criterios de adjudicación o como condición especial de ejecución.
El anteproyecto pretende implantar la regla general de que los contratos públicos no se adjudiquen tan solo teniendo en cuenta la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, entendida como aquella sólo tenga en cuenta el menor precio, sino a la oferta que suponga una mejor relación coste-eficacia, justamente valorando esas cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública.
Se trata de dar un impulso a la contratación responsable, entendida como aquella que tiene en cuenta aspectos sociales, éticos y medioambientales en los procedimientos de licitación como pueden ser, entre otros, las oportunidades de empleo, el trabajo digno, el cumplimiento con los derechos sociales y laborales, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad para todas las personas, la consideración de los criterios de sostenibilidad o la inclusión de cuestiones relacionadas con el comercio justo.
Además, el licitador o contratista tendrá que presentar una declaración responsable por la cual no podrá realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas.
Incentivar la RSE en el ámbito privado
4. Incentivar la responsabilidad social en el ámbito privado, mediante la promoción de las empresas y entidades privadas que adopten un enfoque socialmente responsable en su actividad.
Para ello, se crea la calificación de "Entidad Valenciana Socialmente Responsable" que se otorgará después de presentar una memoria que será evaluada por auditores independientes y que supondrá beneficios en materia de contratación pública, concesión de subvenciones o posibles ventajas fiscales, además de visibilización a través de un distintivo proporcionado por la Generalitat.
5. Instrumentos de participación, planificación y coordinación de políticas de Responsabilidad Social. Se crea el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, órgano colegiado y de participación en esta materia y, al mismo tiempo, se constituye como Observatorio de la Responsabilidad Social en la Comunitat, actuando como órgano de información y consulta. Como instrumento de planificación y gestión, el Consell deberá aprobar un "Plan Valenciano de la Responsabilidad Social" que será de carácter plurianual.
Asimismo, la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación pondrá en marcha una "Red de Municipios Socialmente Responsables", de la que formarán parte aquellos municipios que estén llevando a cabo políticas de Responsabilidad Social. A tal efecto se creará un distintivo que visualice estos municipios responsables.
El texto que ha aprobado el Consell es el resultado de un amplio proceso en el que se ha dado voz a las iniciativas y propuestas de los ciudadanos, participación en la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat que es prioridad del Gobierno valenciano.
Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia. Foto: EVA MÁÑEZ
