VALÈNCIA. En marzo del año pasado el juez valenciano Juan Carlos Mompó, titular del juzgado de Primera Instancia número 1 de Valencia recibió el premio en la modalidad de Justicia Eficaz por el proyecto Celeridad en la tramitación y resolución de procesos. Este lunes era uno de los cuatro magistrados que veía como su trabajo se quedaba detenido por el incendio que ha obligado a cerrar la Ciudad de Justicia sine die. Por suerte para él, era uno de los menos afectados, tal y como señalaban desde el TSJ de la Comunitat Valenciana. El incendio, que se originó en el juzgado 3, ha afectado sobre todo al 4, pero tanto el 2 como el 1 han sufrido pocos daños; especialmente el de Mompó, que básicamente tiene las paredes ennegrecidas por el humo.
La Conselleria de Justicia firmó este lunes la adjudicación mediante tramitación de emergencia de las obras para reubicar de manera provisional a estos juzgados afectados por el incendio así como para reparar los desperfectos ocasionados por el mismo. Además de la recuperación de las dependencias, el objetivo es reconstruir un número considerable de expedientes que pueden contener datos personales que requieren una adecuada protección. Justicia acondicionará unos espacios provisionales y demás elementos indispensables para que los juzgados puedan reanudar su labor.
La Conselleria ha optado por la figura de "emergencia", una medida inusual, porque tanto la tramitación urgente como la utilización del procedimiento negociado sin publicidad por motivos de urgencia serían ineficaces en este caso. El contrato le ha sido adjudicado a la mercantil valenciana Bertolín, dado que, señalaron desde la Conselleria, “esta empresa reúne los requisitos de capacidad y solvencia requeridos para abordar la tarea”. Una vez ejecutadas las actuaciones de este régimen excepcional se procederá a cumplimentar los trámites necesarios para la fiscalización y aprobación del gasto, tal y como establece la normativa vigente.
La actividad judicial ha quedado suspendida sine die hasta que el TSJ reciba informes del Invassat y de Justicia sobre el estado de la estructura y la calidad del aire. Esta suspensión hace que todas las actuaciones, notificaciones vistas, declaraciones y otros actos judiciales queden suspendidos hasta nueva comunicación. Tampoco se pueden presentar escritos en València. También se ha acordado la inhabilidad de los plazos procesales desde las 00.00 del domingo hasta que se normalice la situación, según ha informado el tribunal valenciano.
Sin embargo, los Juzgados de Guardia de detenidos, incidencias y Violencia sobre la Mujer seguirán estando operativos. Desde el TSJ no pudieron calibrar el número de juicios, vistas y procedimientos suspendidos. Con todo, fuentes del sector jurídico aseguraron que se podría recuperar el tiempo perdido si la reparación era inmediata.
Imagen del año pasado del interior del juzgado 1 de instrucción, uno de los afectados. Foto: EVA MÁÑEZ.Pese a la gravedad del accidente, los expedientes afectados han sido menos de los previstos. Pero si hay algo que les preocupa en los estamentos administrativos es la seguridad. Tanto desde la Unión Progresista de Fiscales como desde el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) han pedido total transparencia a la hora de ser informados de los motivos del incendio y de las medidas a adoptar tras el mismo. Quieren saber de primera mano, es decir, a través de los informes periciales y de bomberos, que no habrá problemas para trabajar con normalidad.
Con respecto a los juzgados cerrados por el fuego, desde el Sisej solicitaron al juez decano que “exima de trabajo a esos cuatro juzgados mientras reconstruyen las causas judiciales y se ponen al día”. En este sentido consideran que es inviable que los funcionarios, el juez y el letrado estén reconstruyendo causas judiciales si les siguen entrando asuntos al juzgado. “si no les eximen de carga de trabajo entonces sí que los retrasos harán imposible el normal funcionamiento del juzgado”. Salvo el juzgado número 1 de Instancia, que va al día, el resto de sedes afectadas acumulan serios retrasos. De hecho, fuentes legales consultadas por Valencia Plaza, aseguran que “el número 2 es de los que más retraso lleva y que el incendio, si no se gestiona bien, puede suponer un serio problema para el ciudadano, que al final es para quien se imparte la Justicia”.
Tras el incendio de la Ciudad de la Justicia, la consellera Gabriela Bravo, convocó una reunión de urgencia. A dicha reunión fueron llamados la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, Pilar de la Oliva; el juez decano, Pedro Viguer, y el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, el exconseller Fernando de Rosa. Sin embargo, la consellera no consideró oportuno citar a la fiscal jefe, Teresa Gisbert, ni a ningún representante de los letrados de la administración de Justicia ni de los funcionarios.
Tal movimiento generó un enfado entre aquellos que se vieron fuera. Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Justicia, aseguran que no se hizo con mala intención que al resto de operadores se les ha citado este martes por la mañana y que, tanto Gisbert como los letrados estuvieron permanentemente informados. Dora Cano, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, criticó que “no hayan llamado ni a la fiscal jefe, ni a los secretarios, ni a los funcionarios”, porque al final, recalcó, todos trabajan allí. La respuesta de Cano es la misma que desde el Sindicato de letrados Sisej. Ellos tampoco entienden porqué la consellera no consideró “oportuno” tenerles en la reunión.
El juez valenciano Juan Carlos Mompó, en el interior de su juzgado. Foto: EVA MÁÑEZ.
