El Consell se compromete a pagar las deudas por impagos de ayudas a la vivienda entre 2004 y 2012

VALÈNCIA (EP). La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática se ha comprometido este jueves con la Plataforma de Afectados por Ayudas a la Vivienda a pagar la deuda contraída por el impago de subvenciones desde 2004 hasta 2012, al haberse quedado "más de 20.000 expedientes de ayudas sin resolver o condicionadas a la futura consignación presupuestaria, sin previsión ninguna de pago.

Así lo han manifestado el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Jaume Monfort, y la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, durante un encuentro este jueves con la plataforma, en la que le han asegurado que la "prioridad" de la Generalitat es "ofrecer una solución" y elaborar una "pronta resolución", ha informado la institución en un comunicado.

Azcárraga ha asegurado a los representantes de la Plataforma de Afectados por Ayudas a la Vivienda que "el compromiso de la Generalitat en avanzar en la gestión y tramitación de todos los expedientes aún sin resolver y proceder a pagar la deuda pendiente y cuya estimación actual se situaría en los 32 millones de euros".

En este sentido, Monfort ha subrayado que "se está haciendo un enorme esfuerzo para una pronta resolución, al mismo tiempo que se gestionan las convocatorias ordinarias de ayudas para la ciudadanía". "Nuestra prioridad es ofrecer una solución", ha insistido.

La citada plataforma se constituyó "ante la necesidad de reclamar" la deuda contraída por la Generalitat con 50.000 familias, por el impago de subvenciones correspondientes a actuaciones protegidas en materia de vivienda derivadas de planes vencidos (estatales y autonómico) correspondiente a los periodos 2004-2007, 2005-2009 y 2009-2012.

En 2013, la Intervención de la Generalitat obligó a la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a paralizar la gestión de miles de expedientes que se encontraban en distintas fases de tramitación, porque se tramitaron sin convocatorias públicas de subvenciones, ni bases previamente aprobadas, ni dotaciones de crédito determinadas y cerradas.

Las ayudas, que ascendían a casi 300 millones de euros pertenecientes a más de 20.000 expedientes, se dejaron sin resolver o condicionadas a la futura consignación presupuestaria, sin previsión ninguna de pago. Posteriormente se reconocieron todas las solicitudes legalmente otorgadas mediante una disposición adicional de la Ley de Puertos 2/2014 de 13 de junio y posteriormente por la Ley de Acompañamiento del año 2016.

En la anterior legislatura y con la llegada del Gobierno del Botànic, desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio se instó a la identificación de los expedientes de subvenciones a la vivienda con obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y se habilitó la correspondiente dotación presupuestaria de más de 12 millones de euros para hacer frente a un nuevo conjunto de pagos relacionados con más de 1.300 expedientes.