Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. (EP) El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado este miércoles, durante la Conferencia Sectorial de Educación, el mantenimiento de las medidas acordadas el pasado mes de mayo en el ámbito educativo, como la presencialidad, la obligatoriedad de mascarilla a partir de los 6 años o la posibilidad de rebajar la distancia interpersonal a 1,2 metros en escenarios de baja incidencia.
Según ha explicado la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, en rueda de prensa al término de la reunión, las principales líneas que regirán este próximo curso escolar, que arranca en pocas semanas, son, en primer lugar, "la máxima presencialidad en todas las etapas y en todos los niveles", ya que, a juicio de la ministra, la presencialidad se ha mostrado como una "herramienta absolutamente necesaria para mejorar la equidad en el entorno educativo".
La presencialidad se asumió el curso anterior como imprescindible, sobre todo a partir de 3º de la ESO, algo que para este año se intentará abarcar para "todas las etapas y cursos".
Para ello, según ha señalado la ministra, España cuenta con lo que considera una "heramienta fundamental": la estrategia de vacunación. En este sentido, Alegría ha recordado que todas las comunidades autónomas ya están vacunando a los mayores de 12 años y que "prácticamente" el 100% de los docentes cuenta con la pauta completa. Según datos del Ministerio de Sanidad de este mismo miércoles, al menos el 61,7% de los jóvenes de 12 a 17 años tiene la primera dosis de la vacuna, y algo más del 16% está completamente vacunado.
Esta situación, además de permitir la máxima presencialidad, también posibilitará el mantenimiento de otra de las medidas que se acordaron en mayo: la flexibilidad de la distancia interpersonal de 1,5 metros a 1,2, medida que se podrá adoptar "en la mayor parte de las circunstancias", siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita.
En cualquier caso, Alegría ha realizado un "llamamiento a la prudencia". Aunque la ministra celebra que este curso no va a ser "igual" que el curso pasado, en cierto modo, por el "ritmo exitoso" de la vacunación en nuestro país, esta situación no nos puede llevar a "bajar la guardia", ha dicho. "Esta es la situación de inicio, si la situación epidemiológica va mejorando, iremos flexibilizando medidas porque así lo determinarán las autoridades sanitarias, pero hoy por hoy la prudencia ha sido clave en el éxito educativo y por eso seguiremos eludiendo a ella", ha afirmado.
Además de la presencialidad y la distancia de 1,2 metros, se mantendrán de momento también la obligatoriedad de llevar mascarilla a partir de los 6 años, así como el establecimiento de grupos de convivencia estable (los denominados 'grupos burbuja'), y demás medidas sanitarias (ventilación, limpieza y desinfección de instalaciones).
Durante la reunión, que la ministra ha calificado de "absolutamente fructífera" y en la que ha reinado, a su juicio, el "tono amable" y "muy constructivo", ha habido algunas comunidades (al menos, Galicia y Comunidad de Madrid, según fuentes presentes en la reunión) que han planteado que el ritmo de vacunación sea tenido en cuenta, y no solo la incidencia, a la hora de establecer los distintos escenarios sanitarios de alerta y, por tanto, de establecer las medidas. Es decir, que en función de cómo vaya la vacunación se flexibilicen las medidas.
La ministra ha delegado en Sanidad esta cuestión, así como que se vaya a crear un registro de estudiantes y docentes vacunados.
Por otro lado, Alegría ha mencionado la aprobación este mes de agosto de los 13.458 millones de euros para hacer frente al Covid en el ámbito de los servicios sociales. La ministra ha instado a las comunidades a que sitúen la educación como "prioritaria" a la hora de destinar dichos fondos. Según ha comentado, el 70% de este montante llegará en septiembre y el 30% restante en noviembre.
Sobre el tema de ratios y profesores, Alegría ha hecho referencia a la transferencia "como nunca" realizada por el Gobierno a las comunidades para cuestiones educativas el año pasado, consistente en 2.000 millones de euros, así como los fondos REACT-EU, de unos 1.800 millones.
