El Gobierno abandona el Consorcio València y abre la puerta a su liquidación tras condonar la deuda

VALÈNCIA. El Estado condona la deuda y se desvincula del Consorcio València. La disposición adicional que el Gobierno central ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 para perdonar 373 millones de la deuda que arrastra el ente responsable de gestionar la Marina de València implica su salida automática del mismo y su probable liquidación.

Según fija esa disposición, el Ejecutivo de Pedro Sánchez abrirá una negociación con la Generalitat Valenciana –titular del 40% del ente– y el Ayuntamiento de València –titular de un 20%– "para garantizar que se mantenga una adecuada gestión del espacio actualmente gestionado por el Consorcio Valencia 2007" una vez que el Estado ejercite su "derecho de separación" del mismo.

Los estatutos del Consorcio permiten que cualquiera de los tres socios –Estado, Generalitat o Ayuntamiento– salgan anticipadamente si alguno de ellos incumple alguna de sus obligaciones estatutarias, en particular la de realizar aportaciones al fondo patrimonial. Ello, no obstante, implica la disolución del Consorcio salvo que el resto de sus miembros, en este caso la Generalitat y el Ayuntamiento, decidan seguir adelante con el mismo sin la participación de la Administración General del Estado.

Preguntadas al respecto por este periódico, ninguna de las dos administraciones aclaró si el Consorcio se mantendrá vivo o se optará por una figura jurídica diferente para explotar la Marina de València porque existen diferentes alternativas.

El Puerto puede tomar el relevo del Estado

Fuentes de la Generalitat apuntaron que con la marcha del Estado se configura "una nueva realidad más valenciana del Consorcio" y se clarifican las relaciones entre el Consorcio y el Puerto de València, que podría tomar el relevo a la Administración General del Estado en el ente gestor, donde quienes se sientan ahora son representantes del Ministerio de Hacienda. "Lo lógico sería que para gestionar la Marina en esta etapa se contara con las instituciones implicadas: Generalitat, Ayuntamiento y Puerto de Valencia. Eso es valencianizar", apuntan.

Por su lado, un portavoz municipal aseguró que el Ayuntamiento está "abierto" a formulas distintas de gestión de la Marina, pero siempre esta quede "salvaguardada" como un espacio importante de la ciudad.

Si el Ayuntamiento y la Generalitat optan por continuar con el Consorcio, el Estado tiene derecho a una "cuota de separación" equivalente a lo que le hubiera correspondido en el saldo del patrimonio neto si se hubiera llevado a cabo la liquidación. Según la auditoría de cuentas de 2016, el patrimonio neto seguía deteriorándose de forma sostenida, de manera que sus fondos propios era negativos por valor de 285,3 millones de euros".

El fondo social del Consorcio València al cierre de ese ejercicio ascendía a 90 millones. Ese fondo, alimentado por las sucesivas aportaciones patrimoniales de las tres administraciones consorciadas, ha permitido a la entidad mantenerse al día con los pagos corrientes como nominas, seguros sociales, proveedores o impuestos, ya que los rendimientos propios de su actividad no eran suficientes para atender esas obligaciones.

Obviamente, en estos años tampoco ha podido afrontar los vencimientos de la deuda generada con el crédito del ICO que sirvió para financiar las infraestructuras de la America's Cup ni las deudas con el Puerto de Valencia pendientes desde la celebración de esa competición.

La asunción de la deuda, condicionada a la aprobación de los Presupuestos en el Congreso, nace del compromiso adquirido por parte del Ministerio de Hacienda con el jefe del Consell, Ximo Puig, a cambio de que la Comunitat apoyase en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la senda de déficit propuesta por el Ejecutivo de Sánchez hasta 2021. 

Técnicamente, la solución planteada implica que el Estado se haga cargo de las cuotas del crédito pendientes con el ICO y condone la deuda con el Tesoro Público, que ha ido respondiendo de los impagos del Consorcio porque el préstamo estaba avalado por el Ministerio de Hacienda. También se le perdonan todos los recargos e intereses de demora pendientes.

Al margen de esos 373 millones que se le condonan el Consorcio aún debe aproximadamente 67 millones de euros al fondo oportunista norteamericano TCA ECDF Investments (Taconic). Según acordaron el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento en diciembre la cantidad será satisfecha por las tres administraciones de forma proporcional a su participación en el Consorcio.

No se libra de la deuda con la APV

De la deuda que no se libera el Consorcio es la que tiene contraída con el Puerto de València. El Gobierno ha dejado plasmado en los Presupuestos que el ente sí tiene que saldar esa deuda pendiente con la APV al contrario de lo que pedía el alcalde de València, que también reclamaba que se perdonase esa parte de la deuda.

El Consorcio tiene reconocida una deuda de 18 millones, pero la APV reclama otros 23 millones en concepto de costes de reposición de servicios derivados de la celebración de la America's Cup que el Consorcio no reconoce. Las dos partes acordaron hace casi un año buscar una solución pactada con el arbitraje de la Abogacía General del Estado.

A cierre de 2017, la Marina de València tenía 71 concesiones y autorizaciones por las que recibe ingresos y por primera vez concluyó un ejercicio con beneficios operativos. Sus responsables defienden que el espacio ya tiene capacidad de generar por sí sola recursos suficientes para cubrir sus costes operativos, pero la eliminación de la losa de la deuda suponía un requisito indispensable para garantizar su viabilidad financiera.

La asunción de la deuda del Consorcio era una reivindicación histórica de las instituciones valencianas, que pedían el mismo trato que el ICO tuvo en su momento con otros acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona o las exposiciones universales de Sevilla o Zaragoza.