VALÈNCIA. (EFE) El convenio entre el Estado y la Comunitat Valenciana para el sistema de dependencia en 2021 recoge una aportación de 23,4 millones de euros a la Generalitat, que debe disminuir la lista de espera un 12 % anual, mejorar las aplicaciones de gestión de expedientes y mejorar la calidad de los servicios y condiciones laborales de los trabajadores.
El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica este lunes el convenio entre la Administración General del Estado y la Comunitat para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2021.
El convenio entre ambas Administraciones establece el cumplimiento de una serie de objetivos por parte de la Generalitat, como la disminución de la lista de espera en torno al 12 % anual, mejorar las aplicaciones de gestión de expedientes de dependencia, así como mejorar la calidad de los servicios y condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema de dependencia, según la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Asimismo, se establece el compromiso de introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas en situación de dependencia, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad.
La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que la protección de la situación de dependencia se prestará de acuerdo con varios niveles.
Estos son el nivel mínimo de protección establecido y garantizado por la Administración General del Estado; el nivel de protección acordado entre la Administración General del Estado y cada una de las comunidades autónomas, y el nivel adicional que pueden establecer, por su parte, las comunidades con cargo a sus presupuestos.
El nivel de protección acordado entre el Estado y las comunidades autónomas fue suspendido por primera vez a través de la Disposición Adicional cuadragésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, y se ha suspendido año tras año hasta 2021. El convenio que se firma ahora supone una financiación para la Comunitat de 23.418.731,32 euros.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobó en enero de 2021 el Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de Choque para el Impulso del SAAD.
Este dispone que, para hacer efectiva la entrega de la financiación asociada al nivel acordado de protección, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 iniciaría los trámites para formalizar el Marco de Cooperación Interadministrativa y los convenios a suscribir entre cada región y el Ministerio
