Miquel Real, junto a Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El exjefe de Gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real –en este momento asesor en el equipo de la actual vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas– ha comunicado al juez que no declarará si no tiene acceso a la pieza secreta de la causa. Así lo ha trasladado en un escrito al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que le ha citado en calidad de investigado el próximo jueves.
En él expresa que existe una pieza secreta (la cual el magistrado ha prorrogado un mes más) que puede afectar a su derecho de defensa porque ha de comparecer antes de tener conocimiento de todo lo instruido hasta el momento. Motivo por el que anuncia su intención de acogerse a su derecho a no declarar hasta que tenga acceso a esta parte de la causa y con el tiempo suficiente para estudiarla. Y pide que se suspenda su citación.
La comparecencia de Real se enmarca en las nuevas diligencias dictadas por el juez tras la declaración de Oltra el pasado septiembre por, supuestamente, haber obstaculizado la investigación judicial sobre los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, con sospechas de ocultación y encubrimiento.
En el interrogatorio expuso una cronología de hechos que es llamativa para el magistrado. Dos son las fechas clave. De un lado, el 4 de agosto de 2017. Según afirmó Oltra en diversas ocasiones y volvió a reiterar ante el juez, aquel día la llamó su exmarido, Luis Ramírez Icardi, porque había recibido la citación en su casa por el procedimiento judicial sobre los abusos sexuales. Y ahí fue cuando, de acuerdo con la exvicepresidenta, se enteró de que existía una investigación en marcha sobre el asunto.
La otra jornada señalada es el 8 de agosto, momento en el que se inició el expediente de investigación en la Conselleria de Igualdad. Un dosier clave en la instrucción, cuestionado legalmente por haber sido paralelo al judicial y que incluyó los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima –de ahí que se hable de obstaculización de las indagaciones–.
Oltra ha mantenido contradicciones públicas sobre este documento. En una ocasión dijo que ella lo encargó, para después desdecirse. Versión, esta última, que es la que prevaleció en su comparecencia en el juzgado.
El magistrado señaló en uno de sus autos que la exvicepresidenta, en el ejercicio de su derecho constitucional de defensa, expuso una versión de su participación en los hechos acaecidos entre los días 4 y 8 de agosto de 2017 que se aparta de la literalidad de lo manifestado en Les Corts el 21 de abril de 2021 y ante los medios de comunicación en marzo del pasado año, cuando se citó como investigados a otros cargos de su Conselleria.
"Obviamente, la declaración en sede judicial de la señora Oltra, así como las declaraciones de todos los demás investigados, deberán ser valoradas en su momento procesal, una vez se concluya la fase de instrucción", explicó el juez. Pero en el presente momento, añadió, atendido a lo relatado por ella "y dado el brevísimo periodo de tiempo transcurrido" entre el 4 de agosto y el 8 de agosto de 2017 –cuando se interesa la apertura del expediente de Igualdad–, "resulta preciso proseguir las diligencias para tratar de esclarecer lo ocurrido".
Motivo por el que citó en calidad de imputados a Miquel Real y al actual secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero (el próximo 18 de enero), sobre los cuales quiere determinar "su participación en los hechos" relacionados con el dosier. Oltra mencionó a ambos en su declaración. En relación con el primero, explicó que lo llamó el 4 de agosto, cuando supo de la investigación abierta a su exmarido: "Lo primero que le digo es que recabe información acerca de si de esto en la Conselleria alguien sabe algo, porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera. No podía pasar este asunto sin ponerlo en conocimiento de la Conselleria (...) Sé que en un momento dado mi jefe de Gabinete me dijo: céntrate únicamente en el niño que las actuaciones técnicas se están llevando a cabo y están en manos de quien tienen que estar", destacó.
Estas palabras se referían a que, según narró la exvicepresidenta del Consell, tenía una situación personal grave que afectaba a su hijo y por la que detalló que permaneció varias semanas atendiéndolo y desentendida de las actuaciones que se llevaron a cabo en su departamento sobre este asunto.
En cuanto a Gamero, Oltra señaló dos episodios relacionados con él. El primero, que cuando ella entró en la Conselleria en 2016, asumió un deber de abstención en las decisiones que afectaban al centro de menores en el que trabajada su exmarido. Así lo comunicó verbalmente y por escrito al ahora secretario autonómico de Hacienda debido a las posibles incompatibilidades que se pudieran generar. El segundo, que el 11 de agosto de 2017, después de que ella supiera que existía una investigación judicial sobre los abusos, se dictó una orden firmada por Gamero, entonces subsecretario de la Conselleria Igualdad, en la que se ordenaba la máxima colaboración con la Fiscalía. Esta última actuación es por la que el juez considera que ha de ser escuchado.
