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VALÈNCIA. (EP) El Gobierno y comunidades autónomas han aprobado este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el primero presencial tras la pandemia, el reparto de 50 millones de euros para hacer las viviendas accesibles en todo el territorio nacional. La Comunitat Valenciana recibirá 4,8 millones de estos fondos.
Como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra muestra su satisfacción por la necesidad de adaptar los espacios privados de personas con diversidad funcional.
"Cada vez hay más usuarios que están cubiertas por el sistema de atención a las personas en situación de dependencia y es muy importante que su medio, su casa, su entorno esté adaptado, porque así podemos cumplir el objetivo de que puedan estar el mayor tiempo posible en su casa", defiende en un comunicado de la Generalitat sobre "una adaptación fundamental para evitar la institucionalización de las personas".
Los fondos para mejorar la accesibilidad de las viviendas de personas mayores, con diversidad funcional o en situación de dependencia forman parte del plan España País Accesible, con el objetivo de garantizar la accesibilidad desde un punto de vista integral, transformando todos los entornos para que sean practicables a todas las personas sin excepciones.
Estos fondos se orientan a sufragar actuaciones de accesibilidad universal y también se destinarán a financiar actuaciones de accesibilidad internas a la vivienda, a través de ayudas a particulares especialmente en zonas rurales en las que residan personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.
Durante la reunión de la Comisión Territorial de Servicios Sociales, presidida por la ministra Ione Belarra, Oltra ha propuesto ha propuesto una revisión de los criterios de la baremación de la dependencia para que también tenga en cuenta los problemas derivados de los trastornos mentales graves.
En la actualidad, el baremo para valorar la dependencia está basado principalmente en las dificultades físicas que tienen las personas, pero a su juicio no se ajusta bien cuando la dependencia deriva de un trastorno mental grave. "Cuando no existe ninguna barrera física, sino que el problema es de otra índole, el baremo no está acertando", advierte, con lo que "hay muchos casos en los que el resultado es un grado cero en personas que realmente sí tienen una dependencia, aunque no tengan problemas físicos".
Según el reparto de fonos, al que ha tenido acceso Europa Press, las comunidades que más fondos reciben son: Andalucía, con 8 millones de euros; Catalunya, con 7,5 millones de euros; la Comunidad de Madrid, con 5,4 millones; la Comunitat Valenciana, con 4,8 millones; y Galicia, con 4,2 millones.
Mientras, las que menos fondos reciben son: Navarra, con 637.548 euros; Cantabria, con 719.227 euros; La Rioja, con 350.553 euros; y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 78.099 y 76.953 euros, respectivamente. El reparto se ha realizado teniendo en cuenta criterios como la población potencialmente dependiente, la superficie, la dispersión, la insularidad y la capacidad económica.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que este 'Fondo para una vivienda accesible' servirá para que todas las comunidades autónomas puedan gestionar las convocatorias de ayudas a propietarios y propietarias y comunidades de vecinos.
"Estoy segura que este reparto supondrá un avance definitivo para la eliminación definitiva de todas las barreras, permitiendo que las personas mayores, con discapacidad y las personas en situación de dependencia puedan vivir donde ellos desean y de la forma que ellos y ellas decidan", ha subrayado.
La accesibilidad, según ha añadido Belarra, ha sido "uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda" que fue aprobada este martes en primera vuelta por el Consejo de Ministros. "En ella, como saben, hemos puesto en un lugar central la accesibilidad dentro de la definición de una vivienda digna y adecuada; y conforme a eso hemos establecido la obligación de todas las administraciones de poner medidas para garantizarla en todo el parque de viviendas", ha explicado.