La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado. Foto: VICTOR LERENA/EFEMADRID (EP).El Instituto de Estudios Económicos ve "muy optimistas y poco realistas" las previsiones macroeconómicos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, que incluyen un gasto expansivo poco focalizado, al subir salario de funcionarios y pensiones públicas en vez de a personal sanitario y pensiones no contributivas.
También avisa de unos ingresos "hinchados" en entre 1 punto y 2 puntos del PIB (unos 20.000 millones) y de que la subida de impuestos, como la limitación de exenciones de dividendos y plusvalías de filiales que estima que conllevará un alza del 1,25% de Sociedades, se dirige en un 80% a las empresas, lo que lastrará la recuperación y generará deslocalizaciones.
Así lo ha señalado el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, en una rueda de prensa telemática sobre los Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2021, en la que cree que a nivel macroeconómico son "excesivamente optimistas" y "poco realistas", al plantear un crecimiento del 9,8% del PIB en 2021, que duplica casi la estimación de Bruselas (+5,4%), lo que "no genera credibilidad en los socios".
Fernández de Mesa ha indicado que el tercer trimestre ha sido "algo mejor lo esperado", si bien "posiblemente" en el cuarto se verá la incidencia del nuevo confinamiento y la desaceleración se constatará en el inicio de 2021.
Del lado de los ingresos, estima que los previstos en los PGE están "hinchados" en entre 1 y 2 puntos de PIB, alrededor de 20.000 millones de euros, y cree que esta sobreestimación explica la distinta previsión de déficit del Gobierno (7,7% del PIB) en 2021 respecto a la de la UE (9,6% del PIB).
Asimismo, ha rechazado la subida de impuestos al ser "tremendamente dañina" para la recuperación económica, ya que "prácticamente ningún país europeo" ha incrementado los tributos, sino al contrario, países como Alemania, Francia o Italia los han bajado.
Fernández de Mesa ha criticado que la subida de impuestos tendrá un impacto recaudatorio "muy limitado" y ha denunciado que el 80% recaerá sobre las empresas, que ya de por si "tienen una presión fiscal dos puntos superior al promedio de la UE" y están "mucho más penalizadas", por lo que cree que provocará una pérdida de competitividad.
Por impuestos, Fernández de Mesa ha rechazado la subida "muy importante" en Patrimonio, siendo España "el único país de la UE que lo mantiene", lo que supone un incentivo a la deslocalización.
Sobre la subida de los tipos del IRPF a las rentas más altas, ha indicado que provoca una "gran distorsión" y hace que el "talento" se vaya fuera del país, ya que sumando IRPF y Patrimonio la imposición supera el 50%, frente a los límites inferiores fijados constitucionalmente en otros países.
En todo caso, la subida "más preocupante" para CEOE, que ya ha trasladado al Gobierno, es la consistente en limitar la exención por dividendos y plusvalías del Impuesto sobre Sociedades al 95%, al verla "muy perjudicial", ya que equivale a una subida "adicional" del 1,2% en Sociedades, según ha indicado el director general del IEE, Gregorio Izquierdo.
De nuevo, ha señalado que muy pocos países de la UE han limitado la corrección de la doble imposición hasta el 5% en su sistema tributario, lo que provoca que su introducción en España provoque una "desventaja competitiva" a las empresas, por el encarecimiento en su coste de capital, en relación a las de otros países.
"La propuesta perjudica a las empresas porque supone una barrera a la internacionalización de las mismas", alerta el IEE, que señala que la penalización fiscal fuerza a reorganizaciones en la estructura de las empresas cuando sus prioridades debían ser otras, e introduce una motivación fiscal a retrasar en el tiempo la retribución al accionista y la repatriación de capitales. Además, supone "una doble tributación sobre unos mismos rendimientos, puesto que recae sobre rentas que ya han sido sujetas a tributación previamente".
Desde el IEE también ven "muy dañino" y "tremendamente regresivo" el aumento del IVA a bebidas azucaradas al "penalizar" al sector de la hostelería y no estar claro que cambie el comportamiento de consumo, al tiempo que rechazan la subida del gasóleo al "no ser el mejor momento", como tampoco lo ven oportuno para el alza de las primas de seguros, ya que puede derivar en mayor gasto sanitario.
Igualmente, han alertado de que las tasas 'Google' y 'Tobin' de forma unilateral conllevan el riesgo de deslocalizaciones y de que haya menos inversiones.
En cuanto al gasto, ha defendido que tiene que ser "expansivo" para hacer frente al gasto sanitario derivado de la pandemia y para atender a los colectivos más vulnerables, si bien considera que "mucha parte del gasto no está bien focalizado" al ser en buena medida "generalista", cuando a su juicio debería ser focalizado en capítulos concretos y necesidades.
En esta línea, ha indicado que los PGE recogen un aumento "muy sustancial" del 20%, lo que agrava el problema de déficit y deuda pública, y ha cuestionado, en la línea del Banco de España, las subidas generalizadas del 0,9% del sueldo de los funcionarios y de pensiones públicas.
A este respecto, Fernández de Mesa ha recordado que el año pasado se subieron el sueldo de los empleados públicos en torno a un 2% y las pensiones un 1,6% con carácter general, "muy por encima de la evolución de la inflación", a pesar de que la Seguridad Social y el presupuesto estaba en "números rojos", por lo que, frente a una subida de nuevo generalizada que aumentará el gasto estructural y supone una "mala señala para Europa y los mercados", hubiese apostado por focalizar y reconocer salarialmente el trabajo de los sanitarios o revisar las pensiones más bajas, como las no contributivas.
De cualquier forma, desde el IEE han reiterado que, según cálculos de la OCDE, si se mejora la eficiencia del gasto público se podrían provisionar los mismos servicios públicos con un 14% menos de gasto, lo que supondría un ahorro de más de 58.000 millones de euros.
Entre otras, plantea mejoras en gasto en educación, políticas activas de empleo o prestación de servicios por entidades locales; digitalización de administraciones o en la gestión de la sanidad en determinadas CC.AA., ya que "mediante la gestión privada de hospitales se logra un ahorro de costes próximo al 30% frente a los de gestión totalmente pública", entre otros.
El IEE ve un riesgo en el aumento exponencial del gasto por su impacto en el déficit y la deuda pública, con una estimación de un déficit del 11,3% este año y del 7,7% en 2021, que la CE sitúa en el 12,2% y el 9,6%, respectivamente. Y esto con un déficit estructural que "ya es de los mayores de Europa" según la Comisión Europea, rondando el 6% del PIB. El organismo teme que el alza del gasto complique la "necesaria" consolidación fiscal y comprometa el crecimiento. A ello se suma que la deuda pública seguirá en torno al 120% del PIB para el año 2022.
