Eduardo Roca, director general de Tributos. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El IVAT se lleva un tirón de orejas en la primera fiscalización que recibe por parte de la Sindicatura de Comptes. El Instituto Valenciano de Administración Tributaria, creado por el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra y en marcha desde enero de 2016, no está haciendo un buen uso del dinero de la caja fija, cuya finalidad es hacer frente a pagos urgentes.
Así lo subraya el informe del Síndic que advierte que en la revisión de sus seis cuentas justificativas de caja fija (dos por cada provincia valenciana) -que representan el 30,5% del total justificado- han detectado un total de cinco incidencias, principalmente en Castellón y Alicante.
En primer lugar, según el informe, "los gastos por tasación pericial de inmuebles en las delegaciones de Castellón y Alicante no deben tramitarse por caja fija, al tratarse de gastos que no requieren una atención inmediata".
Además, el organismo dependiente de la Dirección General de Tributos -en manos de Eduardo Roca- no estaría justificando correctamente los gastos. "En algunos justificantes de indemnizaciones por comisión de servicios (especialmente Castellón y Alicante) no consta la firma de conformidad y en algunos casos carecen de información imprescindible, como la justificación suficiente del motivo de la comisión, fechas de desplazamientos, número de kilómetros, identificación de medios de transporte, etc", subraya la sindicatura.
El ente fiscalizador también subraya que "en varios justificantes no se asigna correctamente la aplicación presupuestaria", y también afea al instituto que "en diversos justificantes transcurren más de 50 días entre la fecha de factura y el registro de entrada o más de 60 días entre la fecha de registro o factura y la fecha de pago, por lo que frecuentemente se supera el plazo de pago máximo legal previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP". "Todo ello no resulta congruente con la finalidad de este instrumento de gestión", afea al organismo la Sindicatura.
Por último, el Síndic critica que "en algunos justificantes de la delegación territorial de Alicante la fecha de aprobación del gasto es posterior a la factura, a la fecha de entrada en el registro o incluso a la fecha de conformidad".
