La juez imputa al gerente de Crespo Gomar por el contrato del Ministerio de Vivienda de 2009

VALÈNCIA. (EFE). La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado como imputado a Alberto Gomar, presidente de la empresa Crespo Gomar, adjudicataria de varios contratos ministeriales de 2008 y 2009 que pudieron servir para financiar irregularmente al PSPV-PSOE.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez Mercedes Pérez acuerda citar al empresario para el próximo 12 de junio en calidad de investigado por un delito de malversación de caudales públicos.

En esta causa, la juez investiga "la existencia de irregularidades" en la adjudicación en 2009 de un contrato de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012 por 126.208 euros a Crespo Gomar, época en la que el Ministerio de Vivienda estaba dirigido por la socialista Beatriz Corredor.

Entre los investigados que figuran en esta causa se encuentran varios altos cargos de Corredor: su antiguo jefe de Gabinete, Nicolás Mateos, y el exsubsecretario de Vivienda Marcos Vaquer, ambos imputados por los delitos de prevaricación y/o malversación.

Ambos estaban citados a declarar el pasado lunes, 21 de mayo, si bien la juez acordó suspender sus declaraciones al atender a su petición de que les defendiera la Abogacía del Estado por su condición de funcionarios públicos.

Ahora la juez les emplaza también para el próximo 12 de junio, junto a Eva Cuesta, la que fuera responsable de Comunicación del gabinete de Corredor.

Ese día también deberá comparecer en calidad de perito el interventor general del Estado que constató en un informe irregularidades en la "práctica totalidad" de expedientes de contratación analizados.

La empresa Crespo Gomar no solo resultó adjudicataria de este contrato con Vivienda, sino que también se le adjudicó por 184.138 euros otro contrato de publicidad con el Ministerio de Sanidad en 2008 -cuando era ministro Bernat Soria-, que también está siendo investigado por otro juzgado de Madrid.

Ambos juzgados investigan si éstas y otras adjudicaciones podrían haber servido para financiar campañas del PSPV en 2007.

Dicha mercantil supuestamente trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.