El diputado Vicente Betoret en la comisión de Industria y Comercio. Foto: CORTSVALÈNCIA. Desde que Isabel Bonig tomara el mando en el PPCV, uno de sus objetivos ha sido que se identificara a los populares con el partido de la clase trabajadora. Tanto en Les Corts como en el pasado congreso regional se ha intentado acercar a las clases medias, y así lo ha tratado de dejar claro en sus discursos e iniciativas. De hecho, antes del cónclave autonómico, la recién reelegida presidenta del PP valenciano pidió al coordinador de la ponencia social, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, referencias explícitas de que el PP es el partido que mejor representa los intereses de los trabajadores.
No obstante, las iniciativas que se están llevando a cabo para que las clases medias o pequeños autónomos se identifiquen con las siglas populares y que Bonig pueda conseguir con éxito el reto marcado desde Génova de llegar a la Generalitat en 2019, están generando cierto grado de malestar entre los partidos del Botànic.
La última era tumbada este miércoles. El PPCV presentó en la pasada comisión de Industria y Comercio en Les Corts una Proposición No de Ley para que a los vendedores ambulantes tan solo se les requiriera estar al corriente del pago de las cotizaciones de la Seguridad Social en el momento de la autorización y transmisión, pero "en sucesivas inspecciones" sólo fuese "exigible el alta".
No era el único beneficio que la PNL de los diputados Vicente Betoret y José Salas -firmantes de la iniciativa- buscaba que obtuvieran. La propuesta también pedía que tan sólo se les exigiera estar al día con el pago del Impuesto de Actividades Económicas en el momento de la concesión de actividad. Un requerimiento que, sin embargo, no sería demandado en "posibles inspecciones" futuras.
Ante el malestar generado, los populares autoenmendaban su propuesta y quitaban la frase final de dos apartados de la PNL. La iniciativa quedaba redactada de la siguiente manera: "Estar dados de alta en el censo de obligados tributarios mediante la declaración censal correspondiente, y en caso de que no estén exentos de Impuesto de Actividades Económicas, estar al corriente de pago en el momento de la concesión de la autorización y su transmisión".
No obstante, y a pesar de que hacían desaparecer que en "sucesivas posibles inspecciones sólo será exigible el alta en estos impuestos", esa elipsis no cambiaba el sentido de la proposición. Como tampoco lo modificaba haber quitado en la propuesta respecto a la Seguridad Social la misma frase final. Esta quedara redactada de la siguiente forma: "Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social en el régimen correspondiente, en el momento de la autorización y su transmisión". Esto es, la obligación de estarlo en futuras inspecciones no venía recogida, pero tampoco eludida. Lo dejaba en un "vacío interpretativo", señalaban fuentes de la comisión a Valencia Plaza.
Los populares justificaban esta propuesta aduciendo a la realidad que atraviesa la economía de determinados sectores. "Exigir la acreditación de tal circunstancia en la coyuntura actual ha colocado a muchos vendedores no sedentarios en tesituras difíciles, debido a que los ingresos derivados de la actividad comercial no siempre han permitido afrontar puntualmente dicha obligación", argumentaron.
PSPV, Podemos y Compromís, conseguían tumbar la iniciativa; Ciudadanos se abstenía tras el receso. Sin embargo, aunque ésta no saliera adelante, la indignación corría en los pasillos del parlamento valenciano. "La PNL suponía respaldar un fraude a la Hacienda pública y a la Seguridad Social, incumpliendo los principios contenidos en el ordenamiento básico estatal, e indirectamente, al eliminar los controles, facilitando también el incumplimiento de disposiciones vigentes en materia de sanidad, consumo, competencia, propiedad industrial o intelectual", subrayaba la diputada socialista Toñi Serna.
Los tres partidos de izquierdas señalaban que exigir que se cumpla el requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social no era "un capricho, sino una obligación legal". Y defendían que todas las actividades económicas debían "estar bien reguladas" para que, tanto los vendedores ambulantes como los comercios locales, pudieran competir en igualdad de condiciones.
Cabe recordar que no es la primera vez que los populares intentan que los vendedores ambulantes obtengan beneficios fiscales. Tal como publicaba el diario El Mundo en 2015, con el cambio de gobierno municipal, Rita Barberá dejaba al Govern de La Nau, y en concreto al concejal de Comercio Carlos Galiana, la obligación de ejecutar el cobro de 400.000 euros de deuda a los mercadillos extraordinarios de la ciudad.
Una cifra significativa, pues el importe de los mercadillos extraordinarios ronda los 50 euros trimestrales, es decir, 200 euros al año. Lo que viene a significar que, durante años del gobierno del PP no habrían obligado a estar al corriente de estos pagos.
